La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lleva varios meses defendiendo la implantación de la subasta de medicamentos en toda España porque supondría un ahorro global de la factura farmacéutica de 1.000 millones en toda España. Este organismo, que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, entiende que este sistema de eficiencia en el gasto implantado en Andalucía es positivo y debería extenderse a todo el país. Supone reducir la factura en farmacia del Estado sin menoscabo de calidad de los fármacos y la seguridad para los pacientes. No en vano ningún medicamento se puede expender en España sin el aval de la Agencia Española de Medicamentos. La medida, por tanto, es más que interesante: menos gasto para las arcas públicas y cobertura satisfactoria para el usuario.
El Gobierno actual de Andalucía de las derechas, por el contrario, ha decidido derogar este sistema para la selección de medicamentos por razones puramente ideológicas. Una postura que atenta contra la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y con la que se pretende favorecer a los grandes laboratorios farmacéuticos. El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ya intentó en varias ocasiones hacer descarrilar esta propuesta de la Junta de Andalucía en la etapa socialista pero se encontró con sonoros varapalos jurídicos por parte del Tribunal Constitucional. Ahora, el gabinete andaluz de las derechas lo intenta hacer por la vía de los hechos y no va a renovar la licitación de los lotes. Ahora debería derogar la legislación vigente y volver al sistema anterior. Pierden los beneficiarios (pagarán más por sus medicamentos), se pierden recursos en las arcas públicas, ganan las multinacionales. Un desastre para lo público.