Otro varapalo más

noviembre 11, 2015

La Junta de Andalucía lleva varios años sorteando las zancadillas que le pone el Gobierno de Mariano Rajoy para que no prospere una medida de justicia social como la subasta de medicamentos. Con esta iniciativa, el Ejecutivo que preside Susana Díaz pretende reducir el beneficio de las multinacionales farmacéuticas y abaratar el coste de los fármacos para la sanidad pública. Constituye, por tanto, una fórmula de eficiencia que garantiza las mismas condiciones de calidad, seguridad, accesibilidad y equidad para toda la población andaluza. En estos últimos años se ha conseguido un ahorro de 120 millones de euros, una cantidad nada desdeñable en tiempos que escasea el dinero público y que revierte en el propio sistema sanitario. Así en Andalucía se mantiene la universalidad y la cartera de servicios más amplia de España y todo ello sin privatizaciones, sin recorte de servicios o derechos y sin copago. El ahorro sería aún mayor si el Gobierno de la nación dejará de obstruir y de intentar de favorecer a los laboratorios en perjuicio de los ciudadanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha vuelto a dar un varapalo al Ministerio de Sanidad. La más alta instancia judicial andaluza ha desestimado el recurso de apelación presentado por el departamento que ahora dirige Alfonso Alonso contra el auto de la sala de lo contencioso-administrativo número 3 de Sevilla, en el que se denegó la solicitud de suspensión cautelar de la cuarta subasta de medicamentos convocada por el Servicio Andaluz de Salud. El TSJA considera es competencia de la CCAA “adoptar medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios”. Incluso en la resolución se desliza una crítica velada al Gobierno de Rajoy y justifica esta decisión de Andalucía por “la falta de medidas de homogenización adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”. A ver si de una vez por todas dejan de entorpecer una medida que redunda en beneficio del servicio público y, por extensión, de los ciudadanos.

 

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