No se bajan del burro

La ministra de Sanidad dejó claro que el Gobierno del Partido Popular mantendrá el copago para los pensionistas. Si alguien de buena fe creía que con la fanfarria gubernamental de la recuperación económica Mariano Rajoy iba a devolver derechos arrebatados, se equivocaba de medio a medio. El copago y otras muchas conquistas sociales pertenecen a lo que el viento se llevó y mientras que esté la derecha en la Moncloa no volverá. Dolors Montserrat, sin complejo alguno, le zampa la negativa al ciudadano interpelante. Un día de éstos dejaremos la crisis atrás, aún quedan muchas familias sufriendo sus graves secuelas, pero cuánto habremos perdido en el camino por la obstinación del pensamiento único neoliberal de arrasar con los grandes avances conseguidos en las cuatro décadas de democracia en bienestar y libertades públicas.

Una ministra sin criterio

Un paso adelante, un paso hacia atrás. Por la mañana, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunciaba la subida del copago farmacéutico para los pensionistas. Por la noche, tras el revuelo causado por esta medida, se desmentía a través de su cuenta de Twitter. No es la primera vez que lo hace. También se tuvo que autoenmendar cuando anunció una posible modificación de la ley del aborto para las menores de 16 y 17 años víctimas de la violencia machista en el seno de la familia pudieran interrumpir el embarazo sin autorización de sus progenitores. La presión dentro del Partido Popular le hizo comerse sus palabras. Dos rectificaciones en dos meses. Esta ministra se está caracterizando por corregirse a sí misma.

Es inadmisible que una de las primeras medidas de la nueva ministra sea aumentar el copago de los medicamentos a las personas mayores. Sería muy fuerte penalizar de nuevo a los pensionistas, cuando muchos de ellos con su reducida nómina mantienen a sus familias. No es el tiempo de más sacrificios, sino de revertir derechos. Lo que tiene que hacer el Gobierno y el PP es derogar el decreto de copagos de 2012. No supone ni ahorro (la factura farmacéutica es ya la misma que cuando se aprobó el decreto) y se está grabando la economía de muchas familias trabajadoras. Andalucía tomó medidas para paliar los efectos del nocivo decreto. Así, más de 1,5 millones de pensionistas en esta comunidad no han tenido que adelantar el dinero del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno. Estamos hablando de una cantidad importante: 152,2 millones.

Además, el Gobierno que preside Susana Díaz ha demostrado que existen otras alternativas para hacer sostenible y eficiente el sistema sanitario público. Andalucía ha optado por aminorar los beneficios de la industria farmacéutica, a través de la selección pública de medicamentos en oficinas de farmacia mediante subastas. Esto ha permitido a la Administración andaluza ahorrar más de 413 millones de euros desde su implantación. Una medida que, a pesar del Rajoy y el PP, tiene el aval del Tribunal Constitucional. De aplicarse las subastas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, el ahorro supondría 1.500 millones y se podría reinvertir en la sanidad pública. La derecha debería abandonar sus crueles de éxito y copiar las experiencias de éxito.

¿Hay una ministra ahí?

Señora ministra de Sanidad:

Me tomo la libertad de dirigirle estas palabras tras escuchar el disparate de intervención que hizo ayer en el Senado criticando alegre y gratuitamente las subastas de medicamentos de Andalucía, avaladas la semana pasada por el Tribunal Constitucional. Usted parece no haber leído ni siquiera la sentencia, mala praxis para una representante pública, y mantiene sin sonrojo que las subastas reducen la calidad de la prestación farmacéutica y generan inequidades en el Sistema Nacional de Salud “convirtiendo a los andaluces en pacientes de segunda”. El alto tribunal falla justo en el sentido contrario de sus desafortunadas palabras: ni se perjudica al usuario ni se quiebra la igualdad de acceso de los españoles.

Salvo que usted sea una suerte de insumisa, parafraseando a su compañero Rafael Hernando “a lo Forcadell”, debería acatar el veredicto del Constitucional aunque la posición de su Gobierno y de su partido hayan quedado en entredicho. No parece sensato que toda una ministra desafíe la doctrina del alto tribunal, sobre todo cuando usan esta instancia, y con toda razón, en otros conflictos del Estado. Le recuerdo que el cargo que ostenta la obliga a actuar en nombre de todos y no a seguir los argumentarios que le llegan desde la sede del PP, ya no está usted ni en mítines ni en tertulias televisivas sino sentada en la mesa del Consejo de Ministros.

Como titular de la cartera de Sanidad debería saber además que cualquier fármaco que se dispensa en una comunidad autónoma ha de ser autorizado por la Agencia Española del Medicamento, un departamento que casualmente es de su competencia. Así, cualquier medicina que se vende en una oficina de farmacia de Andalucía está visada por su Ministerio. Sus palabras, por tanto, chirrían mucho más. ¿O es una indocumentada o pretende generar una falsa alarma? No sé cuál de las dos cosas es peor. Cada una de ellas por separado la inhabilitan para su puesto. Ni que decir tiene la suma de las dos. Esa forma de actuar, si me permite la licencia, refleja una indigerible irresponsabilidad.

No me gustaría pensar tampoco que detrás de este berrinche haya un interés por defender a las multinacionales farmacéuticas, que con este procedimiento de compra de medicamentos dejan de ganar mucho dinero. Andalucía ha ahorrado en los últimos cuatro años 413 millones de euros con las subastas, cantidad nada despreciable que se ha reinvertido en la sanidad pública. Con esta fórmula de eficiencia en el gasto ganan los ciudadanos y pierden las grandes empresas. El modelo andaluz no sólo es legal sino más rentable socialmente porque invierte mejor el dinero que todos pagamos con nuestros impuestos.

A ver si toman nota…