El PP, al servicio de las grandes farmacéuticas

Siempre se acaba la vereda antes… De forma recurrente, el Partido Popular retoma un argumento falaz y engañoso para atacar a la Junta de Andalucía y a la sanidad pública. Hoy su presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha vuelto a la carga criticando la subasta de medicamentos. El Gobierno que preside Susana Díaz usa esta fórmula, avalada por el Tribunal Constitucional, para mejorar la eficiencia del sistema público reduciendo costes y garantizado la calidad de los fármacos. Se reduce la factura farmacéutica reinvirtiendo este ahorro en el sistema y, al mismo tiempo, se aminora el cuantioso margen de beneficios de los grandes laboratorios. Sin embargo, el PP sigue erre que erre con su publicidad engañosa. Y es que PP y rigor son incompatibles. La derecha se erige en portavoces de las multinacionales en lugar de defender la sanidad pública, generando incluso falsa alarma sobre las propiedades de los medicamentos. La derecha confunde con mala fe porque todos los fármacos que se dispensan en este país tienen que ser aprobados por la Agencia del Medicamento, un organismo del Ministerio de Sanidad. Y Moreno Bonilla, que ha sido número dos de dicho Ministerio cuando lo dirigía la fatídica Ana Mato, no se puede hacerse el nuevo. Si no sabe que falta a la verdad, malo: ¿en manos de quién estábamos?. Y si lo sabe y miente, aún peor: su cinismo no tendría parangón. En cualquier caso, le hace el juego a las multinacionales sin importarle un bledo la sanidad pública, que es un patrimonio de todos. No hay duda al servicio de quién está el PP: el Gobierno de Mariano Rajoy negará ayuda financiera a las comunidades autónomas que no firmen un convenio que beneficia a las farmacéuticas. Otra noticia de hoy que deja bien a las claras los intereses del PP.

Segundo revolcón

El Tribunal Constitucional ha dado un segundo tirón de orejas al Gobierno de la nación en apenas un mes. Una nueva sentencia valida las subastas de medicamentos de Andalucía. Los argumentos del alto tribunal son demoledores: la medida no sólo no se contradice con la legislación básica estatal sino que“parte de dicha legislación para procurar la racionalización del gasto sanitario, ahorrando gastos al sistema en Andalucía”, no supone agravio para el resto de españoles y se garantiza que “la seguridad del paciente queda salvaguardada dado que el medicamento ha sido prescrito por el profesional médico y el producto dispensado se encuadra en los listados elaborados por el Ministerio”. Esto último deja en evidencia a la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, que no conocía hasta el primer fallo las competencias que tiene a su cargo. La resolución del TC constituye un nuevo varapalo que deja al descubierto que Gobierno y PP estaban más preocupados por hacerle el juego a las grandes empresas farmacéuticas que en proteger el bolsillo de los ciudadanos. Desde que la comunidad andaluza puso en marcha las subastas de medicamentos en 2012 ha ahorrado 413 millones de euros que ha reinvertido en la mejora de la sanidad pública. O lo que es lo mismo en el beneficio de los usuarios de ésta. Mariano Rajoy prefiere ir de la mano de las multinacionales y sus cuentas de resultados, Susana Díaz gestiona para que ganen los ciudadanos.

Foto.- Te interesa.

Copago vergonzante

El Gobierno de Rajoy nos ha colado un nuevo copago farmacéutico. Y esta vez lo ha hecho de tapadillo, por la puerta de atrás, de forma vergonzante. Ni siquiera lo han anunciado, seguramente para evitar la cascada generalizada de críticas. El Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato lo ha publicado en el BOE sin consultar ni a propios ni a extraños. Esta nueva vuelta de tuerca recae sobre pacientes con enfermedades tan graves como el cáncer, la hepatitis o la esclerosis múltiples. A partir del 1 de octubre estas personas tendrán que abonar el 10% de los medicamentes que reciben en los hospitales. Por si no fuera suficiente el drama que viven estos enfermos, el Ejecutivo de la nación se ceba con ellos: el tratamiento de estos pacientes puede llegar a costar 40.000 euros al año, con lo que el desembolso puede alcanzar para muchos afectados cifras prohibitivas para sus bolsillos y, por tanto, poner en riesgo su salud.

Es preocupante la tónica del Gobierno del PP: duro con los débiles, con los sectores más vulnerables, y condescendientes con los poderosos, por ejemplo a los bancos. A estos enfermos se les impone el copago, mientras que a los bancos rescatados se les condona el dinero que todos les hemos prestado o se recurre la subasta de medicamentos en Andalucía para que las multinacionales sigan ganando dinero a espuertas. Esta medida, además de injusta e insoportable, no soluciona nada. Según los expertos, es más costoso el sistema para el cobro que los propios ingresos que se esperan. Andalucía ya ha dicho que no, ya está bien de cargar siempre los costes de la crisis sobre las espaldas de los ciudadanos. Incluso comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León y Extremadura, se oponen a este nuevo tijeretazo a las menguadas economías domésticas. Al gabinete de Rajoy sólo le queda dar marcha atrás. Este nuevo recorte no lo entiende nadie.

La cesta o la vida

Una paciente en la consulta de su médico de familia:

¿Cuánto me costarán estas recetas?
– Unos 12 euros, le responde la facultativa.
– Pues no me las prescriba. Con ese dinero compro dos pollos.

Es una situación real. A la que no añado ninguna coma. Me la comentaron hace unas horas tras conocerse los datos oficiales sobre la caída de consumo y la subida de precios de los fármacos para patologías leves (mucolíticos, antitusivos, antiinflamatorios, antivirales, etc.) excluidos de la financiación pública. Uno de cada cuatro medicamentos ha incrementado su precio hasta un 40% y, en algún caso, como el Romilar, el alza ha alcanzado el 100%. Como consecuencia del aumento de los precios, las farmacias han vendido un 1,3 millones de envases menos. Decía la ministra de Sanidad, Ana Mato, que las ventas no se resentirían por el hecho de que los usuarios tengan que abonar íntegramente su coste. Los datos la desmienten de forma rotunda. Su previsión ha hecho agua.

Las dificultades económicas que atraviesan muchas familias obligan a priorizar el gasto y, en muchas ocasiones, a optar por la medicación que se prescribe por receta ante la falta de ingresos para llegar a final de mes. Detesto la filosofía que subyace sobre esta fórmula de supuesto ahorro del gasto público. La salud de los ciudadanos debe estar por encima de la contabilidad. O dicho de otro modo: con la salud no se juega. Donde no se puede poner en riesgo el principio de igualdad es en materia sanitaria. Están en liza vidas humanas. Parafraseando libremente la leyenda antigua de las cajetillas de tabaco, el mercantilismo perjudica seriamente la salud.

Boicot a la subasta de medicamentos

Por tercera vez, el Gobierno de la nación intenta con una argucia jurídica frenar la subasta de medicamentos de Andalucía. Con esta medida el Gobierno de Pepe Griñán pretende ahorrar 200 millones al año a costa de las ganancias de las grandes empresas farmacéuticas y en beneficio de los ciudadanos. ¿Si tiene esos efectos positivos, qué razón lleva al Ministerio de Sanidad a recurrir de nuevo esta pionera iniciativa ante el Tribunal Constitucional? En las dos ocasiones, esta instancia judicial levantó la suspensión cautelar que acarrea de forma automática la impugnación por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En sus autos, el TC considera que “la paralización ocasiona un grave quebranto económico en la hacienda pública autonómica” y que “los intereses particulares de laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico“. Con estos antecedentes, esta tercera tentativa obstaculizadora genera una serie de interrogantes:

  • ¿Por qué se antepone los intereses de un único colectivo al interés colectivo de toda la sociedad?
  • ¿Por qué se confabula contra unos ciudadanos hasta arriba de recortes y no se exigen sacrificios a los poderosos laboratorios, con beneficios abultados incluso en este largo periodo de crisis económica?
  • ¿Existe connivencia entre el Gobierno y la industria farmacéutica?
  • ¿Se puede considerar “abuso de derecho” o incluso “desviación de poder” acudir por tercera vez a los tribunales para conseguir bloquear esta medida?
  • ¿Se hace un uso torticero de los tribunales con intenciones que van más allá de dilucidar un conflicto jurídico? (Llama la atención que esto ocurra justo el mismo día en que el Consejo de Ministros anuncia que a aquellas personas que acudan más de tres veces al año a los tribunales serán investigadas por abuso de derecho).

Todas estas preguntas tienen una respuesta tan clara que no es necesario explicitarla… Pura lógica.