¡Qué espanto!

Cómo duele ver Galicia ardiendo por los cuatro costados, cómo duele la pérdida de vidas humanas por un desastre que con casi toda seguridad ha sido provocado, cómo duele la destrucción de la naturaleza. La inmensa mayoría de los fuegos se produce por la acción del ser humano, bien por negligencia o bien con intencionalidad malsana. Que se hayan declarado 132 fuegos en el transcurso de unas pocas horas sólo se explica desde la acción de desalmados que atentan contra nuestro patrimonio natural. No tiene otra explicación por mucho que las condiciones climatológicas no acompañaran y la regla devastadora de los tres treinta se cumpliera: más de 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora (Galicia sufrió los coletazos del huracán Ophelia) y un humedad por debajo del 30%. Ahora toca apagar el fuego, luego perseguir sin descanso a los responsables materiales de esta tragedia natural y a continuación vendrá la exigencia de explicaciones a las autoridades políticas. Este desastre lo tienen que pagar quienes lo han causado, estos terroristas ambientales no se pueden ir de rositas, les debe caer todo el peso de la ley. Se pone en riesgo vidas humanas, las expectativas de muchas familias y el futuro de este país. Por eso, ha salido el pueblo gallego a las calles gritando un enérgico ¡Basta ya! Un clamor al que nos tenemos que sumar solidariamente todos y todas.

Fotos.Faro de Vigo.

Misterios de Bruselas

Han pasado las elecciones del 26 de junio y han salido a relucir asuntos procedentes de Bruselas que comprometen al Gobierno de Mariano Rajoy. Las autoridades comunitarias se han cuidado mucho de perturbar las aspiraciones electorales del Partido Popular. Ahora, que ya se han contado los votos, la Comisión Europea ha iniciado el procedimiento para multar a España por el incumplimiento del déficit en los dos últimos años y exige nuevos recortes para conseguir el equilibrio de las cuentas públicas ya en 2016. En la capital europea han sentado especialmente mal los regalos fiscales realizados por Rajoy al calor de los comicios del pasado diciembre pese a los reiterados avisos para que no lo hiciera. Las consecuencias de las malas notas obtenidas por el Ejecutivo español se pueden resumir en una multa de hasta 2.000 millones de euros, la paralización inmediata de los fondos estructurales y un ajuste de entre 8.000 y 16.000 millones. Felicitemos a Rajoy por este gran servicio a nuestro país. Sus óbolos electorales lo pagaremos entre todos.

Y el segundo enigma que nos llega desde Bruselas es un informe fechado en enero que censura la investigación desarrollada por el Ministerio de Fomento sobre el accidente del Alvia en Galicia en julio de 2013, que se saldó con 80 muertes. Sostiene la Unión Europea que no se investigó de forma independiente y adecuada conforme a la Directiva de Seguridad Ferroviaria. El documento sobre este trágico siniestro ha visto la luz casi seis meses después de estar redactado. Una mano negra y mucha burocracia han retrasado su difusión. Quizá para evitar que este asunto molestara la campaña del PP se dejó el informe guardado en un cajón. Los familiares de la víctima ya han pedido la dimisión de titular de Fomento, Ana Pastor. El PP no quería ruido en la cercanía de la cita con las urnas.

Son los misterios que pasan en la corte de Bruselas: ahora como por arte de ensalmo se activan procedimientos y aparecen papeles que interesaban conocer de antemano a la opinión pública para decidir su voto con toda la información disponible. Un ardid de las altas esferas comunitarias que le ha venido muy bien al PP… Y Rajoy fumándose un puro tranquilamente.

Foto.- EFE. Rajoy, Pastor y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el accidente del Alvia, en los aledaños de Santiago de Compostela.

Austeridad letal

Un juez ha abierto una investigación contra dos altos cargos de la Xunta de Galicia, que preside Alberto Núñez Feijóo, por negar los medicamentos necesarios a enfermos de hepatitis C, que acabaron perdiendo la vida. El magistrado los imputa por prevaricación (actuar injustamente a sabiendas) y la Fiscalía ve indicios de homicidio por imprudencia profesional grave. La austeridad a ultranza tiene consecuencias perniciosas para los ciudadanos. E incluso letales en casos como éste.  Será la justicia la que dirima la responsabilidad penal de estos dos representantes públicos. Pero esta noticia, además de volver a demostrar la falta de sensibilidad política del Partido Popular con los más vulnerables, tiene mucho que ver con el debate que se abierto en las últimas horas con la petición del Gobierno de Mariano Rajoy de nuevos recortes a las comunidades autónomas para cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea sobre déficit público. Una parte de este déficit que les han endosado a las CCAA está relacionada con la cobertura pública de los nuevos tratamientos para combatir la hepatitis C y que, según compromiso del propio Ministerio de Hacienda, no iba a ser computado como tal. En el caso de Andalucía, la inversión en 2015 ascendió en 2015 a casi 200 millones, bien gastados están porque a los pacientes hay que atenderlos con todos los medios al alcance del sistema público. Cuando se antepone la contabilidad al bienestar de las personas se producen daños irreparables y la justicia (y con toda la razón) debe tomar cartas en el asunto. Lo que pretende el Ejecutivo del PP es que se vuelva a recortar en sanidad, educación, dependencia y protección social porque en su ideología está el debilitamiento de los servicios públicos fundamentales para abrir la puerta al negocio privado. Tanto Rajoy como su brazo ejecutor, Cristóbal Montoro, harían bien en recapacitar sobre los nuevos y aún más injustos sacrificios que quieren imponer siguiendo directrices ya fracasadas. ¿No habíamos quedado que ya estábamos en fase de recuperación económica? Pues que la noten las familias.

Foto.El País. Protesta de afectados gallegos de hepatitis C.

Prioridades

La política se hace con prioridades. Cada responsable público se retrata con sus decisiones. Hemos conocido hoy que la fiscalía ha denunciado a la Xunta de Galicia por no suministrar los fármacos necesarios a enfermos de hepatitis C. El ministerio público responde así al requerimiento de un colectivo médico, Batas Blancas, tras la muerte de tres enfermos que no recibieron la medicación que necesitaban. Esta realidad contrasta con lo que ocurrió en Andalucía, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, abanderó que paciente contara con el tratamiento que le fuera prescrito independientemente de su coste. Andalucía puso en marcha un protocolo de atención en solitario, una realidad reconocida y valorada por las plataformas de enfermos, y pasaron varios meses hasta que se concretó un acuerdo nacional. Desde el 1 de enero de 2015 6.324 afectados por la hepatitis C en esta comunidad autónoma han recibido los fármacos que necesitaban. El Gobierno que preside Díaz supo estar a la altura y responder con sensibilidad y prontitud.

En el fondo de todo subyace un debate siempre actual como la defensa de la igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos y muy especialmente en materia porque hay vidas en juego. No se puede poner la administración de perfil y dejar que sólo pueda acceder a la medicación sólo aquellos que puedan pagarlo. En Andalucía hemos trabajado por garantizar el principio de la igualdad y la justicia social por delante de cualquier consideración. El Partido Popular ha pretendido desmantelar el esatdo del bienestar y los servicios públicos limitando derechos a los que menos tienen. Mientras que el Gobierno del PP y Mariano Rajoy ponía copagos médicos y farmacéuticos (también a los mayores), aquí se hacían subastas de medicamentes que, garantizando la calidad de los productos, supone rebajar el coste para los ciudadanos y que las multinacionales ganen menos. Mientras otros han quebrado el modelo universal de salud y han recortado a mansalva, otros hemos impulsado una ley de sostenibilidad del sistema público sanitario para blindar derechos y prestaciones. Lo dicho: cuestión de prioridades.

Foto.La Vanguardia. Enfermos de hepatitis C protestando ante el Parlamento de Galicia.

¿Quiere Podemos pactar?

Podemos y, sobre todo, sus allegados no parecen querer acuerdo de izquierdas. El programa del partido de Pablo Iglesias se supedita a las reivindicaciones de otros grupos de raíz independentista que iban en la misma lista de confluencia. Basta escuchar las posiciones de En comú en Cataluña, de las mareas gallegas y en menor medida de los valencianos de Compromís para desvirtuar el rescate de las personas como primer objetivo y situar por delante de todo el derecho de autodeterminación de los pueblos. Con esa línea roja que trazan están dando un portazo previo a cualquier posibilidad de diálogo. Ahí están sus contumaces declaraciones:

Xabier Doménech (En comú): “El compromiso con la celebración de un referéndum se mantiene. Esa condición no es menos importante que el diálogo sobre medidas sociales, la lucha contra la corrupción o la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución“.

Alexandra Fernández (En Marea): “Reconocer a Galicia como sujeto político propio y como nación periférica del Estado con una especificidad propia y, como tal, con derecho a decidir“.

Mónica Oltra (Compromís): “El referéndum de Cataluña es una cuestión de estado, importante, tiene que abordarse. Si queremos preservar la unidad del estado español, tenemos que dar pasos. No podemos seguir enrocados cada uno en una posición extrema… Defendemos un modelo de estado donde los territorios estén por voluntad y no porque se les dobla el brazo detrás de la espalda… Si preguntamos, tal vez el problema se resuelve en cuestión de meses“.

Con estos mimbres el acuerdo resulta más que complejo. Además  de la reclamación identitaria y rupturista, se pone en riesgo la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan.

Foto.Diario crítico. Mónica Oltra, Ada Colau y Pablo Iglesias.

Catástrofe impune

El poder judicial ha decretado que nadie es responsable de la mayor catástrofe natural conocida en España. No queda más remedio que acatar su sentencia, aunque cueste admitir que nadie tenga la culpa de la mala gestión de este desastre. La crisis del Prestige se tramitó de forma calamitosa. Pensaban que sólo eran unos hilitos de plastilina si parafraseamos a Rajoy. Una actuación funesta y dañina que se queda impune.

El papel equilibrador de Andalucía

El contexto político al que nos enfrentamos tras las elecciones autonómicas en Euskadi y Galicia nos ha de llenar de una razonable preocupación a los que creemos en el Estado de las Autonomías que se ha desarrollado durante estas más de tres décadas de democracia. El auge de las fuerzas nacionalistas constatado en estos comicios, la eclosión soberanista en Cataluña (ya veremos qué pasa en sus comicios de noviembre) y las posibles consecuencias sobre el Estado de las Autonomías nos obligan a estar muy atentos para que Andalucía no se quede atrás ante los movimientos que buscan cambiar el modelo actual basado en la igualdad y en la nivelación de servicios públicos fundamentales.

Andalucía, como sostiene el presidente Griñán, va estar muy involucrada en el debate nacional desde una perspectiva institucional y de defensa de su peso político, histórico y demográfico. Tiene que implicarse de lleno para garantizar soluciones de corte progresista y solidario, soluciones que refuercen el modelo social y el estado del bienestar. Los tirones de los nacionalistas pueden romper el equilibrio que supuso el 28-F en la configuración del Estado de las Autonomías. Las pretensiones soberanistas que predominan en Cataluña y País Vasco no pueden ser la coartada para conceder privilegios de financiación a estos territorios en detrimento de los demás. Ya hemos censurado manifestaciones de dirigentes del centralismo conservador y de los nacionalismos periféricos que plantean avanzar hacia un modelo de dos velocidades, con tres autonomías de primera (Cataluña, Euskadi y también Galicia) y el resto con menos capacidad de autogobierno, es decir, comunidades de segunda categoría.

En esta comunidad no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Como hicimos en 1980, nos opondremos con todas nuestras fuerzas a cualquier intento de modificación del modelo autonómico que conduzca hacia la desigualdad y la discriminación de ciudadanos en función del territorio donde vivan. La apuesta del Gobierno andaluz es avanzar hacia un estado federal basado en la cooperación, la igualdad y la lealtad institucional. En ese proyecto cabemos todos y se refuerza el valor de España.