Ganan las multinacionales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) lleva varios meses defendiendo la implantación de la subasta de medicamentos en toda España porque supondría un ahorro global de la factura farmacéutica de 1.000 millones en toda España. Este organismo, que tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, entiende que este sistema de eficiencia en el gasto implantado en Andalucía es positivo y debería extenderse a todo el país. Supone reducir la factura en farmacia del Estado sin menoscabo de calidad de los fármacos y la seguridad para los pacientes. No en vano ningún medicamento se puede expender en España sin el aval de la Agencia Española de Medicamentos. La medida, por tanto, es más que interesante: menos gasto para las arcas públicas y cobertura satisfactoria para el usuario.

El Gobierno actual de Andalucía de las derechas, por el contrario, ha decidido derogar este sistema para la selección de medicamentos por razones puramente ideológicas. Una postura que atenta contra la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y con la que se pretende favorecer a los grandes laboratorios farmacéuticos. El Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ya intentó en varias ocasiones hacer descarrilar esta propuesta de la Junta de Andalucía en la etapa socialista pero se encontró con sonoros varapalos jurídicos por parte del Tribunal Constitucional. Ahora, el gabinete andaluz de las derechas lo intenta hacer por la vía de los hechos y no va a renovar la licitación de los lotes. Ahora debería derogar la legislación vigente y volver al sistema anterior. Pierden los beneficiarios (pagarán más por sus medicamentos), se pierden recursos en las arcas públicas, ganan las multinacionales. Un desastre para lo público.

El PP, al servicio de las grandes farmacéuticas

Siempre se acaba la vereda antes… De forma recurrente, el Partido Popular retoma un argumento falaz y engañoso para atacar a la Junta de Andalucía y a la sanidad pública. Hoy su presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha vuelto a la carga criticando la subasta de medicamentos. El Gobierno que preside Susana Díaz usa esta fórmula, avalada por el Tribunal Constitucional, para mejorar la eficiencia del sistema público reduciendo costes y garantizado la calidad de los fármacos. Se reduce la factura farmacéutica reinvirtiendo este ahorro en el sistema y, al mismo tiempo, se aminora el cuantioso margen de beneficios de los grandes laboratorios. Sin embargo, el PP sigue erre que erre con su publicidad engañosa. Y es que PP y rigor son incompatibles. La derecha se erige en portavoces de las multinacionales en lugar de defender la sanidad pública, generando incluso falsa alarma sobre las propiedades de los medicamentos. La derecha confunde con mala fe porque todos los fármacos que se dispensan en este país tienen que ser aprobados por la Agencia del Medicamento, un organismo del Ministerio de Sanidad. Y Moreno Bonilla, que ha sido número dos de dicho Ministerio cuando lo dirigía la fatídica Ana Mato, no se puede hacerse el nuevo. Si no sabe que falta a la verdad, malo: ¿en manos de quién estábamos?. Y si lo sabe y miente, aún peor: su cinismo no tendría parangón. En cualquier caso, le hace el juego a las multinacionales sin importarle un bledo la sanidad pública, que es un patrimonio de todos. No hay duda al servicio de quién está el PP: el Gobierno de Mariano Rajoy negará ayuda financiera a las comunidades autónomas que no firmen un convenio que beneficia a las farmacéuticas. Otra noticia de hoy que deja bien a las claras los intereses del PP.

Segundo revolcón

El Tribunal Constitucional ha dado un segundo tirón de orejas al Gobierno de la nación en apenas un mes. Una nueva sentencia valida las subastas de medicamentos de Andalucía. Los argumentos del alto tribunal son demoledores: la medida no sólo no se contradice con la legislación básica estatal sino que“parte de dicha legislación para procurar la racionalización del gasto sanitario, ahorrando gastos al sistema en Andalucía”, no supone agravio para el resto de españoles y se garantiza que “la seguridad del paciente queda salvaguardada dado que el medicamento ha sido prescrito por el profesional médico y el producto dispensado se encuadra en los listados elaborados por el Ministerio”. Esto último deja en evidencia a la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, que no conocía hasta el primer fallo las competencias que tiene a su cargo. La resolución del TC constituye un nuevo varapalo que deja al descubierto que Gobierno y PP estaban más preocupados por hacerle el juego a las grandes empresas farmacéuticas que en proteger el bolsillo de los ciudadanos. Desde que la comunidad andaluza puso en marcha las subastas de medicamentos en 2012 ha ahorrado 413 millones de euros que ha reinvertido en la mejora de la sanidad pública. O lo que es lo mismo en el beneficio de los usuarios de ésta. Mariano Rajoy prefiere ir de la mano de las multinacionales y sus cuentas de resultados, Susana Díaz gestiona para que ganen los ciudadanos.

Foto.- Te interesa.

¿Hay una ministra ahí?

Señora ministra de Sanidad:

Me tomo la libertad de dirigirle estas palabras tras escuchar el disparate de intervención que hizo ayer en el Senado criticando alegre y gratuitamente las subastas de medicamentos de Andalucía, avaladas la semana pasada por el Tribunal Constitucional. Usted parece no haber leído ni siquiera la sentencia, mala praxis para una representante pública, y mantiene sin sonrojo que las subastas reducen la calidad de la prestación farmacéutica y generan inequidades en el Sistema Nacional de Salud “convirtiendo a los andaluces en pacientes de segunda”. El alto tribunal falla justo en el sentido contrario de sus desafortunadas palabras: ni se perjudica al usuario ni se quiebra la igualdad de acceso de los españoles.

Salvo que usted sea una suerte de insumisa, parafraseando a su compañero Rafael Hernando “a lo Forcadell”, debería acatar el veredicto del Constitucional aunque la posición de su Gobierno y de su partido hayan quedado en entredicho. No parece sensato que toda una ministra desafíe la doctrina del alto tribunal, sobre todo cuando usan esta instancia, y con toda razón, en otros conflictos del Estado. Le recuerdo que el cargo que ostenta la obliga a actuar en nombre de todos y no a seguir los argumentarios que le llegan desde la sede del PP, ya no está usted ni en mítines ni en tertulias televisivas sino sentada en la mesa del Consejo de Ministros.

Como titular de la cartera de Sanidad debería saber además que cualquier fármaco que se dispensa en una comunidad autónoma ha de ser autorizado por la Agencia Española del Medicamento, un departamento que casualmente es de su competencia. Así, cualquier medicina que se vende en una oficina de farmacia de Andalucía está visada por su Ministerio. Sus palabras, por tanto, chirrían mucho más. ¿O es una indocumentada o pretende generar una falsa alarma? No sé cuál de las dos cosas es peor. Cada una de ellas por separado la inhabilitan para su puesto. Ni que decir tiene la suma de las dos. Esa forma de actuar, si me permite la licencia, refleja una indigerible irresponsabilidad.

No me gustaría pensar tampoco que detrás de este berrinche haya un interés por defender a las multinacionales farmacéuticas, que con este procedimiento de compra de medicamentos dejan de ganar mucho dinero. Andalucía ha ahorrado en los últimos cuatro años 413 millones de euros con las subastas, cantidad nada despreciable que se ha reinvertido en la sanidad pública. Con esta fórmula de eficiencia en el gasto ganan los ciudadanos y pierden las grandes empresas. El modelo andaluz no sólo es legal sino más rentable socialmente porque invierte mejor el dinero que todos pagamos con nuestros impuestos.

A ver si toman nota…

Prioridades

La política se hace con prioridades. Cada responsable público se retrata con sus decisiones. Hemos conocido hoy que la fiscalía ha denunciado a la Xunta de Galicia por no suministrar los fármacos necesarios a enfermos de hepatitis C. El ministerio público responde así al requerimiento de un colectivo médico, Batas Blancas, tras la muerte de tres enfermos que no recibieron la medicación que necesitaban. Esta realidad contrasta con lo que ocurrió en Andalucía, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, abanderó que paciente contara con el tratamiento que le fuera prescrito independientemente de su coste. Andalucía puso en marcha un protocolo de atención en solitario, una realidad reconocida y valorada por las plataformas de enfermos, y pasaron varios meses hasta que se concretó un acuerdo nacional. Desde el 1 de enero de 2015 6.324 afectados por la hepatitis C en esta comunidad autónoma han recibido los fármacos que necesitaban. El Gobierno que preside Díaz supo estar a la altura y responder con sensibilidad y prontitud.

En el fondo de todo subyace un debate siempre actual como la defensa de la igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos y muy especialmente en materia porque hay vidas en juego. No se puede poner la administración de perfil y dejar que sólo pueda acceder a la medicación sólo aquellos que puedan pagarlo. En Andalucía hemos trabajado por garantizar el principio de la igualdad y la justicia social por delante de cualquier consideración. El Partido Popular ha pretendido desmantelar el esatdo del bienestar y los servicios públicos limitando derechos a los que menos tienen. Mientras que el Gobierno del PP y Mariano Rajoy ponía copagos médicos y farmacéuticos (también a los mayores), aquí se hacían subastas de medicamentes que, garantizando la calidad de los productos, supone rebajar el coste para los ciudadanos y que las multinacionales ganen menos. Mientras otros han quebrado el modelo universal de salud y han recortado a mansalva, otros hemos impulsado una ley de sostenibilidad del sistema público sanitario para blindar derechos y prestaciones. Lo dicho: cuestión de prioridades.

Foto.La Vanguardia. Enfermos de hepatitis C protestando ante el Parlamento de Galicia.

Otro varapalo más

La Junta de Andalucía lleva varios años sorteando las zancadillas que le pone el Gobierno de Mariano Rajoy para que no prospere una medida de justicia social como la subasta de medicamentos. Con esta iniciativa, el Ejecutivo que preside Susana Díaz pretende reducir el beneficio de las multinacionales farmacéuticas y abaratar el coste de los fármacos para la sanidad pública. Constituye, por tanto, una fórmula de eficiencia que garantiza las mismas condiciones de calidad, seguridad, accesibilidad y equidad para toda la población andaluza. En estos últimos años se ha conseguido un ahorro de 120 millones de euros, una cantidad nada desdeñable en tiempos que escasea el dinero público y que revierte en el propio sistema sanitario. Así en Andalucía se mantiene la universalidad y la cartera de servicios más amplia de España y todo ello sin privatizaciones, sin recorte de servicios o derechos y sin copago. El ahorro sería aún mayor si el Gobierno de la nación dejará de obstruir y de intentar de favorecer a los laboratorios en perjuicio de los ciudadanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha vuelto a dar un varapalo al Ministerio de Sanidad. La más alta instancia judicial andaluza ha desestimado el recurso de apelación presentado por el departamento que ahora dirige Alfonso Alonso contra el auto de la sala de lo contencioso-administrativo número 3 de Sevilla, en el que se denegó la solicitud de suspensión cautelar de la cuarta subasta de medicamentos convocada por el Servicio Andaluz de Salud. El TSJA considera es competencia de la CCAA “adoptar medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios”. Incluso en la resolución se desliza una crítica velada al Gobierno de Rajoy y justifica esta decisión de Andalucía por “la falta de medidas de homogenización adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”. A ver si de una vez por todas dejan de entorpecer una medida que redunda en beneficio del servicio público y, por extensión, de los ciudadanos.

 

Boicotear para luego copiar

El tiempo pone las cosas en su sitio. El Gobierno de la nación ha tenido que rectificar y, finalmente, va a poner en marcha un sistema de subasta de medicamentos similar al que se desarrolla en Andalucía y que ha venido boicoteando y recurriendo ante el Tribunal Constitucional durante los últimos cuatro años. Como andaluz, celebro que el gabinete de Mariano Rajoy haya entrado en razón y copie un sistema que beneficia a los ciudadanos. De esta forma, y con total garantía de los fármacos, se abarata el coste para los usuarios y se reduce el margen de beneficio de las grandes multinacionales. Es una marcha atrás en toda regla. Se han puesto todas las trabas posibles desde la Moncloa para que esta medida de selección del medicamento prospere en Andalucía… Y supone un ahorro de entre 150 y 200 millones anuales que revierte en el sistema público sanitario.

Al Gobierno del PP no le ha quedado más remedio que claudicar y aceptar la bonanza de este modelo. Sólo se podía entender su actitud de bloqueo a esta iniciativa desde una perspectiva ideológica: el beneficio a las farmacéuticas en detrimento de los ciudadanos. En este caso, como en otros muchos en lo que va de legislatura, cuando rectifica, acierta. Más vale tarde que nunca… Y que mal queda el PP de Andalucía, que esta misma semana iniciaba una ofensiva contra las subastas de la Junta desde la irresponsabilidad e intentando generar alarma entre los enfermos. Sus propios compañeros de Madrid los han situado ante el espejo de sus mentiras.

El uso racional del medicamente es una de las estrategias que despliega Andalucía para ahondar en la eficiencia del sistema público, junto a la cirugía mayor ambulatoria y las centrales logísticas de compra. Una buena manera de defender lo público es garantizar su excelencia y demostrar su eficacia, como hace el Gobierno de Susana Díaz.

Foto.eldiario.es.

Más por menos

La sanidad pública de Andalucía ofrece más que las del resto de autonomías y cuesta menos por habitante. Es ésta una ecuación que refleja una eficaz gestión de lo público y que, por tanto, permite no restar ni derechos ni prestaciones a los ciudadanos. En esta comunidad, a diferencia de las gobernadas por el PP, ni se cierran centros de salud, ni se privatizan hospitales, ni se priva a los usuarios de atenciones. Al contrario, los andaluces cuentan con la cartera más amplia de servicios del Estado y una sanidad gratuita, universal y de calidad. Es consencuencia de un sistema que funciona y está basado en la eficiencia. Desde hace tiempo se han ido tomando medidas que han contribuido a reducir gastos y no sólo a mantener sino a ampliar la cobertura a los ciudadanos. Entre otras destacan:

  • La subasta de fármacos, con un ahorro anual de más de 100 millones de euros.
  • El fomento de la cirugía mayor ambulatoria, que ahorra más de 300 millones al año.
  • El uso racional del medicamento –y medidas como la prescripción por principio activo o la receta electrónica- que han permitido ahorrar unos 100 millones anuales. Más de 1.000 en la última década.
  • Uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, con reducción de trámites burocráticos en la actividad asistencial valorados en 128 millones de euros.
  • Contratación a través de las Centrales Logísticas de Compra desde hace más de 15 años a razón de 100 millones de ahorro anual.

Todo este catálogo de iniciativas pioneras sitúa a la sanidad pública andaluza en referencia nacional e internacional. Y esa realidad molesta mucho a la derecha política y económica de nuestro país.

Foto.SUR.

Copago vergonzante

El Gobierno de Rajoy nos ha colado un nuevo copago farmacéutico. Y esta vez lo ha hecho de tapadillo, por la puerta de atrás, de forma vergonzante. Ni siquiera lo han anunciado, seguramente para evitar la cascada generalizada de críticas. El Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato lo ha publicado en el BOE sin consultar ni a propios ni a extraños. Esta nueva vuelta de tuerca recae sobre pacientes con enfermedades tan graves como el cáncer, la hepatitis o la esclerosis múltiples. A partir del 1 de octubre estas personas tendrán que abonar el 10% de los medicamentes que reciben en los hospitales. Por si no fuera suficiente el drama que viven estos enfermos, el Ejecutivo de la nación se ceba con ellos: el tratamiento de estos pacientes puede llegar a costar 40.000 euros al año, con lo que el desembolso puede alcanzar para muchos afectados cifras prohibitivas para sus bolsillos y, por tanto, poner en riesgo su salud.

Es preocupante la tónica del Gobierno del PP: duro con los débiles, con los sectores más vulnerables, y condescendientes con los poderosos, por ejemplo a los bancos. A estos enfermos se les impone el copago, mientras que a los bancos rescatados se les condona el dinero que todos les hemos prestado o se recurre la subasta de medicamentos en Andalucía para que las multinacionales sigan ganando dinero a espuertas. Esta medida, además de injusta e insoportable, no soluciona nada. Según los expertos, es más costoso el sistema para el cobro que los propios ingresos que se esperan. Andalucía ya ha dicho que no, ya está bien de cargar siempre los costes de la crisis sobre las espaldas de los ciudadanos. Incluso comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León y Extremadura, se oponen a este nuevo tijeretazo a las menguadas economías domésticas. Al gabinete de Rajoy sólo le queda dar marcha atrás. Este nuevo recorte no lo entiende nadie.

PPoderosos

Nos vendió Cospedal la milonga del PP como el partido de los trabajadores. Nadie le compró el gato por liebre. Y los hechos están desmotando su gran mentira y mostrando su verdadero ideario de derechas, muy derechas. Sus siglas se han de traducir sin más como Partido de los Poderosos. Desde la Moncloa están aplicando a rajatabla el catecismo neoliberal: recortes, quiebra de la igualdad de oportunidades, desmantelamiento del estado del bienestar y la imposición de su moral reaccionaria. No se refrenan a la hora de atajar cualquier política diferente actuando como lacayos de unos mercados financieros que dirigen unas democracias cada vez más disminuidas. Tienen a Andalucía en el centro de su diana porque en esta comunidad se está demostrando que existe otra salida a esta crisis. Ante cada medida que toma la Junta, que preside Pepe Griñán, en beneficio de los ciudadanos, sale el Ejecutivo de Rajoy al socorro de los del taco. Han recurrido la subasta de medicamentos para evitar que las multinacionales farmacéuticas pierdan margen de beneficio y paguen los ciudadanos, han neutralizado el impuesto sobre los depósitos bancarios para que las entidades financieras no aporten más a la bolsa de lo público y ahora llevarán al Tribunal Constitucional el decreto andaluz sobre la función social de la vivienda que pretendía evitar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Y suma y sigue. Por sus hechos los conoceréis. Siempre al servicio de los poderosos mercados y de espaldas a la ciudadanía. Con este expediente, ¿podrán los dirigentes del PP  mirar a los ojos a los que están pasando mal con esta maldita y prolongada crisis? Va a ser que no.