Otro varapalo más

La Junta de Andalucía lleva varios años sorteando las zancadillas que le pone el Gobierno de Mariano Rajoy para que no prospere una medida de justicia social como la subasta de medicamentos. Con esta iniciativa, el Ejecutivo que preside Susana Díaz pretende reducir el beneficio de las multinacionales farmacéuticas y abaratar el coste de los fármacos para la sanidad pública. Constituye, por tanto, una fórmula de eficiencia que garantiza las mismas condiciones de calidad, seguridad, accesibilidad y equidad para toda la población andaluza. En estos últimos años se ha conseguido un ahorro de 120 millones de euros, una cantidad nada desdeñable en tiempos que escasea el dinero público y que revierte en el propio sistema sanitario. Así en Andalucía se mantiene la universalidad y la cartera de servicios más amplia de España y todo ello sin privatizaciones, sin recorte de servicios o derechos y sin copago. El ahorro sería aún mayor si el Gobierno de la nación dejará de obstruir y de intentar de favorecer a los laboratorios en perjuicio de los ciudadanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha vuelto a dar un varapalo al Ministerio de Sanidad. La más alta instancia judicial andaluza ha desestimado el recurso de apelación presentado por el departamento que ahora dirige Alfonso Alonso contra el auto de la sala de lo contencioso-administrativo número 3 de Sevilla, en el que se denegó la solicitud de suspensión cautelar de la cuarta subasta de medicamentos convocada por el Servicio Andaluz de Salud. El TSJA considera es competencia de la CCAA “adoptar medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios”. Incluso en la resolución se desliza una crítica velada al Gobierno de Rajoy y justifica esta decisión de Andalucía por “la falta de medidas de homogenización adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”. A ver si de una vez por todas dejan de entorpecer una medida que redunda en beneficio del servicio público y, por extensión, de los ciudadanos.

 

Exceso de celo del TSJA

El Tribunal Constitucional, a veces tan denostado, ha puesto hoy las cosas en su sitio. Una sentencia corrige al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y avala determinadas manifestaciones ciudadanas en el día de reflexión de un proceso electoral. El fallo arroja luz sobre la prohibición de una manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 marzo, en vísperas de las últimas elecciones generales y autonómicas de 2008. Ahora, a sus promotoras, aunque sea a toro pasado, les queda la satisfacción de que les asistía la razón.

El ponente del Constitucional considera que llevando la prohibición al absurdo no habría lugar para ningún tipo de manifestación o reunión en el día previo a la cita con las urnas. En cambio, el TSJA entendía que “había que garantizar la tranquilidad y el sosiego deseable en una jornada de reflexión“. De ahora en adelante no habrá impedimento. De acuerdo con la sentencia, la influencia sobre el electorado de este tipo de actividades es remota o indirecta y, por consiguiente, no se justifica la vulneración de un derecho fundamental como el de reunión.

Lo mejor de todo eran los argumentos del abogado del Estado desestimados por el Constitucional. Este lumbrera con toga defendía que “el Día Internacional de la Mujer tiene desde sus orígenes un componente socialista y comunista y por lo tanto está ligado a las fuerzas políticas de la izquierda“. A la derecha siempre se le acaba notando el pelo de la dehesa. Si la derecha creyera de verdad en la igualdad, no tendría ningún tipo de reparos y sentiría como propia una reivindicación de sentido común y tan constitucional como ésta. Este exceso de celo judicial demostrado en su día por sus señorías del TSJA evidencia que quedan aún muchos prejuicios en la sociedad española.