Después del susto de las elecciones europeas, el Gobierno de Rajoy ha entrado en modo electoral. El Consejo de Ministros vendió ayer a bombo y platillo un proyecto de reforma fiscal con una teórica reducción generalizada de impuestos. Se nos ofreció una teórica cuadratura del círculo, una arcadia tributaria feliz y armoniosa, un espejismo que se desvanece cuando se desmenuzan los primeros detalles. El sindicato de inspectores de Hacienda rompió de inmediato el supuesto encanto que rodeada a la propuesta que presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los profesionales de la Agencia Tributaria han dejado claro que con esta reforma las grandes fortunas pagarán menos y serán las clases medias y trabajadoras las que tengan que sufragar esta rebaja fiscal a las rentas más altas.
Una reforma fiscal que sacrifica la progresividad al reducir de siete a cinco los tramos del IRPF, que beneficia a los más acaudalados y que no tiene ninguna incidencia sobre trabajadores y pensionistas que menos ganan (quienes tributen por 12.000 euros recibirán una «limosna» de 15 euros al mes frente a los 270 euros menos que pagarán los que ganan 150.000 euros al año) y que olvida a las pequeñas y medianas empresas. Y después de esta caída de ingresos que patrocina el Ejecutivo del PP no nos deja claro cómo se van a poder mantener los servicios públicos, lo que nos hace pensar en nuevos copagos o más privatizaciones de joyas de la corona como AENA.
Por tanto, y a falta de conocer la letra pequeña para que nos alarmemos más, estamos ante una reforma regresiva, injusta y que aumenta la desigualdad, que no profundiza en la lucha contra el fraude fiscal, que genera incertidumbre respecto a los ingresos y que se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas.