De casta…

…le viene a Casado. ¡Y qué casta! De la casta de Esperanza Aguirre y los andaluces se mueven por el ‘pitas, pitas’. De la casta de Ana Mato y los niños andaluces estudian en el suelo. De la casta de Cristóbal Montoro y los andaluces son unos indolentes. De la casta de Rafael Hernando y Andalucía es como Etiopía. Casado se apunta ahora a la fiesta del agravio y del tópico manido y crea la casta de Andalucía es una anomalía democrática. Otro ejemplo más del estrabismo con el que la derecha mira a esta tierra. ¡Demasiado desprecio e insensibilidad! El presidente del PP tendría que dejar sus prejuicios y enterarse de que en Andalucía la gente vota libremente lo que le da la gana y que cada cual decide su sufragio con madurez política, que votamos aquí con la misma libertad y la misma madurez que lo hacen los ciudadanos de Castilla-León, donde su partido gobierna desde hace más de 30 años. Lo que sí es anómalo democráticamente es negarse a sacar de un espacio de homenaje a uno que llegó al poder tras un golpe de estado y una cruenta guerra civil y nos tuvo cuarenta años de represión y sin poder votar. También se tendría que desprender Casado del lastre de sus antepasados políticos. Pero si no lo hace, al menos que no insulte ni a los andaluces y a las andaluces ni a su inteligencia. Ya está bien de tanta ofensa gratuita y tanto estereotipo casposo. Aquí, como en toda España, la gente vota lo que quiere. ¡Entérese, señor Casado!

Foto.– Público. Casado, entre Aguirre y Aznar.

Se creen que es su cortijo

Siempre ha sido fácil y recurrente matar al mensajero. Acabamos de vivir otro de esos episodios kafkianos tan habituales en nuestro suelo patrio. La secretaria de Estado de Comunicación y persona de la más estrecha confianza de Mariano Rajoy, Carmen Martínez Castro, insultó el sábado a unos pensionistas concentrados ante la puerta del Ayuntamiento de Alicante para protestar ante el presidente por su insensible y errática política de pensiones. Para su desgracia, el error, el momento desahogo de la alto cargo, quedó grabado:»Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: Pues os jodéis«. La noticia se viralizó en medios y redes sociales, menos en TVE, que censuró su difusión. La secretaria de Estado, aunque pidió disculpas dos días después, sigue en su cargo pese al exabrupto contra los jubilados mientras que una editora del informativo de la cadena pública en la Comunidad Valenciana ha dimitido en discrepancia con la imposición de la dirección de TVE. Paga una profesional sólo por el hecho de querer hacer su trabajo con honestidad y contar lo acontecido. No es de extrañar que los representantes de los trabajadores del ente público acudan dentro de unos días al Parlamento europeo a informar sobre la manipulación y la desinformación que campan a sus anchas en la televisión pública. Y tampoco sorprende que el PP haya articulado otra maniobra de dilación en el Congreso de los Diputados para que no se tramite la sustitución del actual director general del ente. A los peperos les interesa mantener a un mayoral que cuide su cortijo que pagamos con el dinero de todos. Sólo desde esta concepción sectaria y muy alejada del servicio público se pueden entender estas palabras de ayer del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a un senador del PSOE: “Si no le gusta RTVE, cambie de canal”. Lamentable.

Pensionistas en marcha

En una semana los pensionistas han salido dos veces a la calle en demanda de unas retribuciones justas. Al Gobierno de la nación se le llena la boca de recuperación pero a las pensiones no les ha llegado ea supuesta bonanza económica. (Tampoco a las familias ni a un mercado laboral precario y con salarios de miseria). Siete años del PP tomando decisiones con el BOE en la mano que les han supuesto a nuestros mayores una pérdida de poder adquisitivo que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy pretende tapar con un aluvión de propaganda.

Si ya es rídiculo que te suban la pensión un 0,25% cuando los precios han crecido en 2017 un 1,1% según la estadística oficial, resulta insultante que la ministra de Empleo te envíe una carta para glosar las maravillas que hace este gobierno del PP y lo preocupado que está por los jubilados. Una actitud que no deja de ser un chiste de mal gusto. Como también lo es que al ministro de Hacienda, el inefable Montoro, le resulte anticuado que el PSOE pida equiparar la subida de las pensiones al IPC… Lo que sí es antiguo, a la par que inmoral y cruel, es que los pensionistas lleguen con dificultad a final de mes por la cicatería de la derecha.

A este PP en descomposición interna, acosado en los tribunales y en caída libre electoral se le amontonan los problemas. Y este de los pensionistas reivindicando nóminas dignas es de los que atacan directamente a su médula electoral. En la estructura de voto del PP, los mayores de 65 años representan más de de la tercera parte de sus apoyos (un 36%). Así que aunque sea por egoísmo, por su interés político, esperemos que Rajoy atienda esta justa reivindicación.

De momento, los pensionistas lo han sacado de su habitual letargo y ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados para abordar este asunto candente. Le está llegando el agua al cuello y nuestro impasible presidente habrá pensado que con las cosas de comer no se juega. Pero, ojo, no caben más paños calientes y sí soluciones que den respuesta a las demandas del presente y que garanticen la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el futuro. El PP ha dilapidado el fondo de reserva, la famosa hucha que les dejó Zapatero con más de 66.000 millones de euros, y ha llevado a la Seguridad Social a una situación de déficit anual de 18.000 millones. La derecha económica ha movido todos los hilos a su alcance para favorecer los planes de pensiones privados y el PP ha sido su brazo ejecutor. Se les ha visto (y mucho) el plumero.

Papel mojado (II)

La maniobra del Gobierno de Rajoy con las entregas a cuenta de la financiación autonómica para 2018 le supondrá a las comunidades autónomas dejar de recibir más de 4.200 millones de euros en 2018. Andalucía es con mucho el territorio más perjudicado por el chantaje del Ministerio de Hacienda (ver gráfico). Vincular los recursos pactados con las CCAA a los nuevos presupuestos supone una auténtica jugarreta para los servicios públicos y los ciudadanos.

Ver post de ayer: clica aquí

.

Papel mojado

Confiar en la palabra del Partido Popular es tanto como pedir peras a un olmo. Los compromisos contraídos por Mariano Rajoy y cía valen tanto como el papel mojado. La lista de incumplimientos resulta interminable pero el caso más sangrante es el de la financiación autonómica porque acumula varios años de agravios e injusticias. Esta desidia del Gobierno tiene incidencia negativa en los servicios públicos de las comunidades infrafinanciadas y también supone no atender el mandato de una ley orgánica, la LOFCA, que obliga a renovar el sistema cada cinco años y ya acumulamos un retraso de más de tres. En el PP ni acatan la legislación vigente (todas las leyes hay que cumplirlas, no sólo las que interesan a la derecha) y les resbala también lo acordado en la última Conferencia de Presidentes (enero de 2017) sobre aprobar durante el año pasado la nueva financiación. Ahora, con el mayor de los desahogos, no sólo no se sienten concernidos por lo que suscriben, sino que se permiten la licencia de chantajear a las CCAA que reclaman lo que en derecho les corresponde. El Ministerio de Hacienda, que dirige el inefable Cristóbal Montoro, amenaza a las autonomías con no enviarles las entregas a cuenta de la financiación hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales para 2018. Quieren tapar su incapacidad para conseguir los apoyos para sacar adelante las cuentas con una extorsión política a las autonomías para intentar condicionar el voto del PSOE en el Congreso de los Diputados. Ni cumplen la ley ni sus compromisos y además usan malas artes buscando difuminar su aislamiento político. Menuda tropa.

Foto.- Montoro, con la consejera de Hacienda de Andalucía.

Enredando

El Ministerio de Hacienda tiene la mala costumbre de generar confusión y de buscar titulares efectistas sin argumentos sólidos que los sustenten. Es una treta con la que intentan desviar la atención de otros asuntos que les afectan y cargar injustamente las tintas contra otras administraciones. Se ha descolgado en las últimas horas el departamento que dirige Cristóbal Montoro con el aviso a diez comunidades autónomas por el riesgo de incumplir la regla de gasto y planteando que ajusten sus cuentas. Entre las señaladas se encuentra Andalucía, una autonomía que ha hecho sus deberes, que en los últimos cuatro ejercicios ha cumplido con el techo de déficit y de enero a octubre de 2017 sólo presenta un déficit del 0,07%, según datos del propio Ministerio conocidos hoy, cuando el máximo es 0,4%. Además, Andalucía tiene un nivel de deuda casi tres puntos por debajo de la media del resto de CCAA. En definitiva, una comunidad cumplidora y que gestiona bien el dinero público. El Gobierno, en cambio, no hace lo propio con sus obligaciones y tiene fuera de control, por ejemplo, la Seguridad Social. Más que reñir a los que dan la de cal y sacan buena nota, en Moncloa tendrían que aplicarse para no seguir dando la de arena año tras año. Mucho predicar pero dan muy poco trigo. Todo un sinsentido.

Foto.- Público. Rajoy y Montoro, en el Congreso de los Diputados.

Otra patada hacia delante

Excusas y más excusas. Nueva maniobra dilatoria del Gobierno de Mariano Rajoy para no abordar una nueva financiación para las comunidades autónomas. El ministro de Hacienda pospone la negociación del nuevo modelo hasta que haya nuevo ejecutivo en Cataluńa. Una nueva patada hacia adelante cuando el actual sistema está caducado desde 2014. Así, verbigracia Cristóbal Montoro, suman un nuevo incumplimiento a la larga lista. No solo se saltan a la torera una ley orgánica, la LOFCA, también el compromiso contraído por Rajoy en la Conferencia de Presidentes de enero de aprobar la nueva financiación este año. Para el cupo muchas prisas, para el resto (más de 43 millones de españoles) otro jarro de agua fría. Está claro que no quieren desde el Partido Popular dotar a las autonomías con los recursos suficientes para atender los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos. Impresentable.

Foto.- eldiario.es.

Financiación justa ya

Parafraseando un lema de campaña de Bill Clinton, se podría decir: «Es la financiación, estúpido». Y reflexiono (quizá sea mucho decir) sobre una noticia que escuchaba esta mañana en la Cadena Ser: Euskadi dedica más de 9.000 euros por alumno, el doble que Madrid, Castilla-La Mancha o Andalucía. Dicho de esta manera, sin ningún filtro, resulta que hay comunidades que tienen unas prioridades y otras dedican sus presupuestos a otras cosas y se desentienden de las cuestiones importantes para la gente. La realidad es bien distinta. Hay autonomías que tienen sobrefinanciación y otras que reciben menos que de lo que les correspondería por justicia. La aplicación del actual sistema de financiación del régimen común por parte del Gobierno del Mariano Rajoy, sin contar a País Vasco y Navarra, que tienen un sistema propio y muy positivo para sus intereses, está ensanchando la brecha entre las CCAA. En 2009 la diferencia por habitante entre la comunidad más financiada y la que menos recibía se situaba en poco de 400 euros y hoy, en 2017, se ha ampliado a más de 800, más del doble. De esta forma, se obstaculiza el crecimiento armónico y la cohesión de los distintos territorios. Andalucía es de los lugares más perjudicados por la gestión que el Gobierno del Partido Popular está haciendo de un instrumento que está caducado desde 2014 y que está provocando desigualdad entre los ciudadanos de este país.

Por este motivo es imprescindible aprobar un nuevo sistema de financiación que ponga coto a esta dinámica perversa. Rajoy no puede dilatar más la aprobación de un nuevo modelo que sea equitativo, que garantice la igualdad y, de camino, cumplir el compromiso contraído en la Conferencia de Presidentes, celebrada a mediados de enero de 2017.

La presidente de la Junta, Susana Díaz, ha convocado hoy a agentes sociales y partidos políticos en Andalucía a consensuar una posición común sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. El objetivo no es otro que fijar una postura compartida que garantice la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan, y no haya ciudadanos de primera y de segunda en España. Se trata, en palabras de la presidenta, de fijar una posición nítida y clara en defensa de los intereses de Andalucía, que no es otra que blindar la igualdad en España, como se conquistó con el 28-F. Y lógicamente se puede considerar una tomadura de pelo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, siga dilatando la aprobación de una nueva financiación cuando el modelo actual lleva tres años caducado y se está incumpliendo una ley orgánica (LOFCA). Esta forma de actual del Ejecutivo del PP nos ha costado a Andalucía más de 5.500 millones. Están en juego los servicios públicos y el estado del bienestar, dicho de otra manera la igualdad de oportunidades, que no se puede poner en subasta en función de las necesidades políticas del PP para sacar unos presupuestos. Ya toca una financiación justa. Citando de nuevo a Clinton, de eso se trata, estúpido.

Foto.– Diario Sur.

No tienen arreglo

El Partido Popular sabe que la decisión del Gobierno de la nación, de su jefe Rajoy sin ir más lejos, de recurrir la jornada de 35 horas de los empleados públicos les hace mella electoral y casa mal con su discurso grandilocuente de la recuperación económica. Por esta razón, han intentado a amortiguar este ataque a los derechos devueltos a los trabajadores públicos de la Junta, al empleo público creado y a los servicios públicos con argumentos peregrinos y retorcidos. Todo una cortina de humo de palabrería buscando tapar la fechoría del Consejo de Ministros. Han salido casi todos con el argumentario ortopédico y previsible de la manida «confrontación» y los que no lo han seguido han metido la pata hasta el corvejón. Es el caso del ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha sostenido con la suficiencia del teórico erudito que «en ningún país europeo los funcionarios trabajan 35 horas». A través de Twitter, mi compañero Máximo Díaz-Cano le ha respondido con sarcasmo: «Francia, Portugal o Irlanda deben ser asiáticos». Sonoro zasca. Y después de esta agresión a esta tierra y sus empleados públicos nos dicen que dejan las 35 horas en el sector público para 2018. ¿Por unos meses montan este disparate? Es que en el PP están desarbolados, van como pollos sin cabeza. Y siempre con la misma consigna: Contra Andalucía. No tienen arreglo.

Foto.– EFE. Guindos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Reparto desigual

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a imponer una distribución de los objetivos de déficit desigual e injusta entre las distintas administraciones. Siguiendo el dicho de quien parte y reparte se lleva la mejor parte, obliga a las comunidades autónomas a hacer un mayor esfuerzo que a sí mismo, un esfuerzo seis veces mayor a pesar de tener que hacer frente a los servicios públicos fundamentales. Las CCAA sólo podrán tener un desfase entre ingresos y gastos del 0,3% en 2018, mientras que la administración general del Estado, incluida la Seguridad Social, se pone un listón más cómodo del 1,9%. Pura arbitrariedad del reprobado ministro Montoro. Esta nueva exigencia obligará, por ejemplo, a Andalucía a contar con 450 millones menos para salud, sanidad, dependencia o cultura. Dicen los prebostes peperos que la recuperación económica es una realidad. No se nota. Visto lo visto hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ejecutivo de la nación sigue apretando a los mismos y limita la posibilidad de elaborar presupuestos más expansivos. Al final castiga a los de siempre, trabajadores y clases medias. Todo un clásico.

Foto.– lainformacion.com. Montoro y el vicepresidente económico catalán, Oriol Junqueras, en la reunión de hoy.