Financiación justa ya

Parafraseando un lema de campaña de Bill Clinton, se podría decir: “Es la financiación, estúpido”. Y reflexiono (quizá sea mucho decir) sobre una noticia que escuchaba esta mañana en la Cadena Ser: Euskadi dedica más de 9.000 euros por alumno, el doble que Madrid, Castilla-La Mancha o Andalucía. Dicho de esta manera, sin ningún filtro, resulta que hay comunidades que tienen unas prioridades y otras dedican sus presupuestos a otras cosas y se desentienden de las cuestiones importantes para la gente. La realidad es bien distinta. Hay autonomías que tienen sobrefinanciación y otras que reciben menos que de lo que les correspondería por justicia. La aplicación del actual sistema de financiación del régimen común por parte del Gobierno del Mariano Rajoy, sin contar a País Vasco y Navarra, que tienen un sistema propio y muy positivo para sus intereses, está ensanchando la brecha entre las CCAA. En 2009 la diferencia por habitante entre la comunidad más financiada y la que menos recibía se situaba en poco de 400 euros y hoy, en 2017, se ha ampliado a más de 800, más del doble. De esta forma, se obstaculiza el crecimiento armónico y la cohesión de los distintos territorios. Andalucía es de los lugares más perjudicados por la gestión que el Gobierno del Partido Popular está haciendo de un instrumento que está caducado desde 2014 y que está provocando desigualdad entre los ciudadanos de este país.

Por este motivo es imprescindible aprobar un nuevo sistema de financiación que ponga coto a esta dinámica perversa. Rajoy no puede dilatar más la aprobación de un nuevo modelo que sea equitativo, que garantice la igualdad y, de camino, cumplir el compromiso contraído en la Conferencia de Presidentes, celebrada a mediados de enero de 2017.

La presidente de la Junta, Susana Díaz, ha convocado hoy a agentes sociales y partidos políticos en Andalucía a consensuar una posición común sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. El objetivo no es otro que fijar una postura compartida que garantice la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan, y no haya ciudadanos de primera y de segunda en España. Se trata, en palabras de la presidenta, de fijar una posición nítida y clara en defensa de los intereses de Andalucía, que no es otra que blindar la igualdad en España, como se conquistó con el 28-F. Y lógicamente se puede considerar una tomadura de pelo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, siga dilatando la aprobación de una nueva financiación cuando el modelo actual lleva tres años caducado y se está incumpliendo una ley orgánica (LOFCA). Esta forma de actual del Ejecutivo del PP nos ha costado a Andalucía más de 5.500 millones. Están en juego los servicios públicos y el estado del bienestar, dicho de otra manera la igualdad de oportunidades, que no se puede poner en subasta en función de las necesidades políticas del PP para sacar unos presupuestos. Ya toca una financiación justa. Citando de nuevo a Clinton, de eso se trata, estúpido.

Foto.Diario Sur.

Autoridad con principios

El Roto, como siempre, lo clava. La ciudadanía echa en falta principios en la toma de decisiones. Sobre todo, cuando las medidas (léase sacrificios) nos vienen impuestas de organismos supranacionales que no elige nadie y que se comportan como demiurgos. La autoridad se acepta cuando está preñada de valores, justicia social y equidad. Cuando no se comporta así, surge la contestación social.