Trucos electorales

Se le ha visto demasiado el truco, el as en la bocamanga se percibía desde lejos. Mariano Rajoy ha entrado en frenesí preelectoral tras el varapalo recibido por el Partido Popular en los comicios municipales y autonómicos de mayo. Se ha pasado el presidente cuatro años castigando y recortando sin piedad y en las vísperas de su reválida en las urnas ha comenzado a lanzar señuelos. Que si unos euritos a final de mes por una reforma fiscal que beneficia especialmente a las rentas altas, que si una subida del 1% del sueldo de los funcionarios, que si un incremento del 0,25% de las pensiones (en muchos casos los jubilados verán incrementada sus nóminas sólo uno o dos euros al mes)… Bienvenidas la recuperación de derechos y las mejoras salariales después de una legislatura de sufrimiento con Rajoy dirigiendo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la motosierra. No consiste en hacer guiños con tufo electoralista (como han captado Miki&Duarte el engaño en su viñeta en el Grupo Joly), sino en acometer iniciativas que garanticen una recuperación justa, la creación de empleo de calidad y con salarios dignos y una apuesta inequívoca por los servicios públicos (sanidad, educación y dependencia), que es la mejor forma de asegurar la igualdad de oportunidades.

Ecuación diabólica

El Gobierno de Mariano Rajoy nos ha vendido una reforma fiscal con más trampas que las películas de kung-fu. La propaganda pepera nos lanzó el señuelo de una hipotética rebaja de los impuestos, insignificante para las clases medias y trabajadoras y muy sustanciosa para los más ricos. En lugar de revisar el sistema tributario pensando en el sostenimiento de los servicios públicos, las mentes neoliberales de la derecha hacen una reforma fiscal para beneficiar a los poderosos y que contempla una caída de ingresos que piensan enjugar en parte con una reducción del gasto público. Lo que traducido supone más recortes, copagos y medidas lesivas para los empleados públicos. La ecuación es sencilla pero diabólica. Menos ingresos y la obligación de cumplir los objetivos de déficit es igual a menos gasto público. La incógnita estaba despejada desde abril: el plan de equilibrio que presentó el Ejecutivo central en Bruselas en esas fechas ya contemplaba un tijeretazo a la inversión pública en política social (educación, sanidad y protección social) y en pensiones.

El ruido de mercadotecnia de la engañosa reforma fiscal no consigue disimular las ansias de demoler el estado del bienestar que tiene la derecha. El Ministerio de Hacienda ha preparado un documento para dar otra vuelta de tuerca más de recortes a los servicios públicos, establecer nuevos copagos sanitarios, aumentar la ratio de alumnos por aula en la escuela pública o para restar más derechos a los funcionarios, entre otras agresiones a los de siempre. Es un documento del Gobierno y de las comunidades gobernadas por el PP y ahora nadie reconoce la autoría de las dentelladas con motosierra que nos quieren dar. Los gobiernos regionales de Galicia, Madrid, Valencia o Murcia se desentienden de su contenido. Lo cierto es que el ministro Montoro lo pretende poner sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio y esperemos que no venga otra remesa de recortes por decreto-ley aprovechando el mes de agosto.

Andalucía se ha plantado ante este movimiento del Gobierno. No aplicará ningún recorte más en salud, en educación o sobre los empleados públicos. El mensaje se le ha trasladado nítido y rotundo al Ministerio de Hacienda. Por los cauces institucionales y también a través de los medios de comunicación. Menuda paradoja que se filtre esta operación de ajuste el mismo día que conocemos que la operación de reflotamiento de Catalunya Bank a los ciudadanos 12.000 millones. Está más interesado el PP en rescatar a los bancos (unos 100.000 millones en total) que en rescatar a las personas. En esta tierra apostamos por los ciudadanos. Cada cual tiene sus prioridades políticas.

Regalo y recortes

El economista José Carlos Díez detalla una entrevista en ‘El Intermedio’ las nefastas consecuencias de una injusta reforma fiscal por el Gobierno de Mariano Rajoy, que no es más que una rebaja o un regalo a los que ganan más, que baja el gravamen de los beneficios empresariales y que prima las rentas del capital sobre las del trabajo. Una comparecencia de un experto que desnuda un proyecto que sólo creará una ilusión óptica pero que no producirá mejora alguna para las clases medias y trabajadoras, que abre la puerta a nuevos recortes de servicios públicos fundamentales por la caída de ingresos y que no contribuirá a la recuperación económica y a la creación de empleo.

El espejismo de la reforma fiscal

Después del susto de las elecciones europeas, el Gobierno de Rajoy ha entrado en modo electoral. El Consejo de Ministros vendió ayer a bombo y platillo un proyecto de reforma fiscal con una teórica reducción generalizada de impuestos. Se nos ofreció una teórica cuadratura del círculo, una arcadia tributaria feliz y armoniosa, un espejismo que se desvanece cuando se desmenuzan los primeros detalles. El sindicato de inspectores de Hacienda rompió de inmediato el supuesto encanto que rodeada a la propuesta que presentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Los profesionales de la Agencia Tributaria han dejado claro que con esta reforma las grandes fortunas pagarán menos y serán las clases medias y trabajadoras las que tengan que sufragar esta rebaja fiscal a las rentas más altas.

Una reforma fiscal que sacrifica la progresividad al reducir de siete a cinco los tramos del IRPF, que beneficia a los más acaudalados y que no tiene ninguna incidencia sobre trabajadores y pensionistas que menos ganan (quienes tributen por 12.000 euros recibirán una «limosna» de 15 euros al mes frente a los 270 euros menos que pagarán los que ganan 150.000 euros al año) y que olvida a las pequeñas y medianas empresas. Y después de esta caída de ingresos que patrocina el Ejecutivo del PP no nos deja claro cómo se van a poder mantener los servicios públicos, lo que nos hace pensar en nuevos copagos o más privatizaciones de joyas de la corona como AENA.

Por tanto, y a falta de conocer la letra pequeña para que nos alarmemos más, estamos ante una reforma regresiva, injusta y que aumenta la desigualdad, que no profundiza en la lucha contra el fraude fiscal, que genera incertidumbre respecto a los ingresos y que se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas.