Componenda

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 no deja de ser un mal truco de prestidigitación de la factoría de engaños del Partido Popular. Un texto cuyo contenido conocemos a cuentagotas, sin transparencia y que es una sarta de medias verdades:

• No son unas cuentas expansivas porque el gasto de los ministerios sólo podrán crecer un 1,3% respecto al de 2017,
• No son los presupuestos de los pensionistas porque contienen una subida pírrica para unos pocos y no recuperan el IPC como índice de revalorización
• Tampoco de los empleados públicos: la vuelta a la jornada de 35 horas sigue en el limbo y hay 165.000 funcionarios menos desde la llegada del PP por la tasa de reposición
• También olvidan a los trabajadores: un 60% no se beneficiarían de una supuesta bajada del IRPF.
• Se han dejado en tintero el gasto social: crece tres veces menos que la economía.
• El incremento de las becas no llega ni de lejos a resarcir el mucho recorte impuesto durante seis negros años de gobierno…

Se trata de unos presupuestos que sólo pretenden ser munición electoral ante la pérdida alarmante de votos que pronostican las encuestas al PP, unas cuentas que buscan aplicar sutura para las urgencias políticas de Mariano Rajoy.

Y, por lo que llega, todo apunta a que sean unos presupuestos que volverán a dar la espalda a Andalucía. Ya el año pasado esta comunidad sufrió un tijeretazo drástico en las inversiones del Estado, nada menos que un 36% menos, y se empiezan a conocer infraestructuras en otros territorios y ninguna en Andalucía. Como ha avanzado la presidenta andaluza, Susana Díaz, esta comunidad va a ser beligerante si otro ejercicio más el PP continúa con el castigo y el agravio. Hay muchos proyectos de vital importancia para el desarrollo de Andalucía (la conexión férrea Algeciras-Bobadilla o la AVE a Granada y Almería) que no pueden quedar al arbitrio ni al capricho de los intereses políticos de Rajoy. En esta tierra no se va a tolerar otra nueva discriminación y ya van…

Estas sospechas aumentan cuando el Gobierno de la nación carece de los apoyos suficientes y tienen que buscar aliados para sacarlos adelante. La experiencia de 2017, con el alto precio que pagó al PNV por su apoyo, nos hace temer lo peor.

Defendiendo derechos

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía mantendrán una jornada laboral de 35 horas semanales presenciales a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy para arrebatarles esta conquista. Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tras conocerse hoy que el Tribunal Constitucional ha anulado la reducción de jornada como consecuencia del recurso interpuesto por el Ejecutivo de la nación. Las 2,5 horas a ampliar, de acuerdo con el fallo, se computarán con tareas y actividades a desarrollar en el ámbito doméstico. De esta forma, unos 260.000 trabajadores autonómicos no se verán tan perjudicados por la falta de sensibilidad del Partido Popular.

En ningún momento estaban dispuestos en el Ministerio de Hacienda a aceptar que los funcionarios recuperaran en esta comunidad los derechos que les quitó el PP con la excusa de la crisis. Si ya estamos en una etapa de recuperación, como se repite machaconamente desde los terminales de propaganda del Palacio de la Moncloa, por qué no se permite que los empleados públicos de Andalucía vuelvan a tener las 35 horas. Es una medida que no sólo restituye derechos, sino que ha posibilitado varios miles de contratos para reforzar los servicios públicos. El Gobierno central tenía en su mano retirar su recurso ante el Constitucional, pero ha jugado a la confusión y a alargar plazos sin vocación alguna de rectificar. Siguen teniendo como modus operandi los recortes y seguir castigando a los trabajadores en general y a los públicos en particular.

El ‘comercial’ de la franquicia pepera en Andalucía ha quedado desautorizado y en mal lugar con el curso de los acontecimientos. Moreno Bonilla se ofreció como mediador ante  el Gobierno para que sus compañeros de filas desistieran del recurso. Enorme fracaso el suyo. En virtud de lo ocurrido se puede deducir que en su partido pinta menos que un cero a la izquierda. Ni siquiera en el PP se lo toman en serio. Su indolencia y su falta de valentía política se la tendrán en cuenta los empleados públicos de esta tierra.

Foto.- ABC. La presidenta Susana Díaz, en la firma con los sindicatos de la función pública para recuperación de derechos.

Netamente sociales

Los datos que contiene el vídeo son elocuentes. Los presupuestos de Andalucía para 2018 son netamente sociales, que pretenden que la recuperación económica llegue a las familias en términos de mayor renta disponible y con mejores servicios públicos. Para ellos, se dispondrá de 34.759,5 millones, 1.520 más (un 4,6%) que en el presente ejercicio. Todas las áreas de gobierno crecen en las cuentas andaluzas, pero muy especialmente en términos absolutos salud (505 millones), educación (225 millones) y políticas sociales e igualdad (141 millones). Es un proyecto que, además, piensa en el empleo y el desarrollo económico, para lo que se dedicará 2.183 millones. Son presupuestos sociales porque incorporan nuevos derechos (198 millones para la renta mínima de inserción) y porque no habrá ningún trabajador público que gane menos de 1.000 euros. Y son unas cuentas sociales porque también apuestan por la cultura: el presupuesto global (Consejería, Patronato de la Alhambra y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que suma al C3A) aumenta un 5,1%, pasando de 192 a 202 millones. En definitiva, un texto que apuesta por el crecimiento, fortalece el estados del bienestar y lucha contra la desigualdad. Todo esto en un clima de estabilidad política que hace que Andalucía sea la primera autonomía con presupuesto para 2018, un escenario que también contrasta con la falta de apoyos del gobierno del PP para sacar los suyos adelante y abocado a prorrogar los de este año.

En el tejado del PP

El Gobierno de la nación tiene cinco días para desistir de su recurso contra la jornadas de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. El Tribunal Constitucional le ha dado a Mariano Rajoy ese plazo para que confirme o se retracte de su agresión a los más de 250.000 trabajadores y a los servicios públicos. Estamos ante una oportunidad para que el presidente del PP andaluz pase de las palabras a los hechos y convenza a sus correligionarios de la Moncloa que den marcha atrás. Hasta la fecha Moreno Bonilla ha demostrado nula de capacidad para frenar o, al menos, moderar el castigo sistemático de Gobierno a esta comunidad. Es como un cero a la izquierda.

1.500 profesionales más

La apuesta de Gobierno de Andalucía por la sanidad pública se produce a todos los niveles. Para seguir fortaleciendo este servicio público, bien valorado por los usuarios de esta comunidad, esta semana hemos conocido dos buenas noticias: otra nueva subida de su presupuesto para 2018, un 5% más, 465 millones más para situarnos en la frontera de los 10.000 millones, y la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria para el trienio 2017-2019. Este último programa supondrá 1.500 contrataciones para los centros de salud, ese año se cubrirán ya 386 nuevas plazas. Este aumento de plantilla responde a un estudio exhaustivo de necesidades realizado en los dos últimos meses. Esta estrategia busca reforzar la respuesta en este primer nivel de la atención y mejorar en la vertebración para garantizar la igualdad de oportunidades. La atención primaria en Andalucía, que cuenta con profesionales de primer nivel y más de 1.500 centros, constituye un modelo de referencia y tiene prestigio y reconocimiento social. Pero el Gobierno de Andalucía siempre aspira a más y quiere seguir avanzando en excelencia del servicio público y ofreciendo mejores prestaciones. Otro programa que piensa en el ciudadano y blinda un patrimonio público tan codiciado por el negocio privado, al que el Partido Popular le hace el juego.

Triste honor de Rajoy

Se consuma el hachazo. El Tribunal Constitucional ha decretado la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta de Andalucía tras el recurso presentado por el Gobierno de la nación. Mariano Rajoy acumula en su casillero el triste honor de haber arrebatado por segunda vez este derecho de los trabajadores de la Administración autonómica. Es una agresión a los más de 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía, a los más de 7.000 nuevos empleos que se habían generado con las horas excedentarias y un desgaste innecesario al que se somete a los servicios públicos. Un ataque gratuito y autoritario cuando, al calor de esta polémica, el propio Ejecutivo ha planteado la posibilidad de volver a la jornada de 35 horas con los presupuestos generales de 2018. Sin duda, una reacción a remolque y que evidencia la mala conciencia que existe en Moncloa con una decisión que no cuadra con el discurso de la recuperación económica. El PP andaluz se dio cuenta que el recurso ante el TC le hacía pupa electoral y pidió con la boca pequeña, sin convición y de cara a la galería que no se aplicara la suspensión cautelar. Pero el presidente de la franquicia pepera andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, no tiene fuerza en el seno de su partido, le echan tanta cuenta como al pito de un sereno. Como siempre, no es novedad, ha carecido del arresto para plantar cara con firmeza ante una decisión injusta que agrede a los empleados públicos. Ya estamos acostumbrados a una derecha que no tiene sensibilidad ni compromiso con Andalucía ni con su gente.

Foto.– ABC de Sevilla. Firma entre la presidenta andaluza, Susana Díaz, y los sindicatos de las 35 horas y la recuperación de otros derechos arrebatos por el Gobierno de Rajoy.

Avanzar en estabilidad laboral

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado una medida para dar mayor estabilidad a la plantilla del Servicio Andaluz Salud (SAS). Esta propuesta beneficia a más de 15.000 eventuales estructurales sanitarios y también a los usuarios del sistema público de salud. Se pondrá en marcha un plan para hacer interinos a los eventuales negociado con los sindicatos (de hecho, mañana se abordará ya esta medida dentro de la reunión de la mesa sectorial), su aplicación se hará de forma gradual y garantizando la atención sin distorsiones, preservando la calidad de la prestación en todo momento. Con este paso, se da seguridad a los profesionales para que puedan desarrollar su labor y más confianza al usuario de la sanidad pública. Lo más importante del sistema público de salud, sin duda, son sus profesionales. Gracias a ellos, los andaluces tienen una alta valoración de su sanidad pública. Durante los años duros de la crisis, los empleados públicos han preservado con su trabajo y su compromiso el buen funcionamiento de los servicios públicos. Y ahora que se percibe cierta recuperación económica es de justicia que se tomen decisiones que mejoren la situación laboral de estos trabajadores y, al mismo tiempo, se refuerzan la calidad de la atención sanitaria y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos ante la enfermedad.

Hechos, no palabras

Al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se le llena ahora la boca de diálogo. Como por ensalmo. Los dirigentes del PP se han caído del caballo no por convicción, sino por la fuerza de los votos. Bienvenidos a esta orilla de la política después de casi cinco años de rodillo y desplante a la oposición y a las comunidades autónomas. Pero el consenso no puede ser de boquilla, necesita hechos. La verborrea obligada por la nueva aritmética parlamentaria se la lleva el viento. El Ejecutivo tendrá que arremangarse, hacer un cursillo acelerado de negociación y acuerdo y olvidar su prepotencia pasada. Tendrá que escuchar y ceder, no imponer y despreciar las opiniones de los demás.

Y como el camino se hace andando, la primera oportunidad de demostrar que hay voluntad de diálogo y mano tendida la tiene Rajoy respetando la ley que devuelve a los empleados públicos de la Junta de Andalucía la jornada laboral de 35 horas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio ayer a entender que la oferta de negociar esta medida de justicia con los funcionarios andaluces no es más que una pose: que se sentarían a hablar pero que el recurso ante el Tribunal Constitucional está cantado y, como consecuencia, no se podría aplicar esta decisión convalidada por el Parlamento andaluz. La abstención del PP en la Cámara resulta muy indicativa de las verdaderas intenciones del Gobierno.

La primera visita de Sáenz de Santamaría presagia que la conversión al diálogo no es real. Que estamos ante una estrategia de marketing forzada por las circunstancias. Es un cambio en las formas (antes destempladas y arrogantes y ahora más amables) pero el fondo es el mismo. No habrá no una mala palabra pero tampoco ninguna buena acción.

Foto.– La presidenta andaluza, Susana Díaz, acompañada por la consejera de Hacienda, con los representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF

Devolver derechos

El Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes la norma para aplicar las 35 horas semanales para los empleados públicos de la administración andaluza. El texto legislativo es fruto del pacto entre el Ejecutivo de Susana Díaz y los sindicatos para recuperar los derechos perdidos por los empleados públicos durante la crisis, entre los que se encuentra las 2,5 horas que incrementó Mariano Rajoy. El Partido Popular hizo suyo el perverso axioma de Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la patronal hoy en la cárcel: los asalariados tienen que trabajar más y ganar menos. Pues la Junta de Andalucía está restituyendo a sus empleados las conquistas arrebatadas al calor de la crisis: la paga extra de 2012, el 100% de jornada y salario de los eventuales de la sanidad, los días de asuntos propios… Y el siguiente paso es regular la jornada de 35 horas para que entre en vigor en enero de 2017.

Esta medida será, sin duda, bien recibida por los 260.000 trabajadores de la administración andaluza y también permitirá crear más empleo público, lo que redundará en el buen funcionamiento de los servicios públicos. Si el Gobierno de Rajoy tiene la tentación de hacer descarrilar esta iniciativa de justicia y, como en otras comunidades autónomas, recurrir ante el Tribunal Constitucional, habrá que interpretarlo como un ataque frontal a los empleados públicos. La presidenta de la Junta emplazó al PP andaluz a que se comprometa de verdad en la defensa de los empleados públicos y que ayude a evitar que el Ministerio de Hacienda. Pero Juan Manuel Moreno Bonilla, el político de piel muy fina y puño de hierro para los adversarios, no ha contestado hasta el momento, con lo locuaz que suele ser. Y quien calla, suele otorgar. No moverá ni un músculo y aceptará sumisamente lo que manden sus superiores. Hasta hace muy poco defendía la recuperación de derechos. Menos soflamas y más valentía.

35 horas

Los empleados públicos de la Junta de Andalucía van a recuperar la jornada laboral de 35 horas en 2017. Recobran este y otros derechos tras la firma de un acuerdo entre la presidenta Susana Díaz y los sindicatos de la función pública (UGT, CCOO y CSIF). Susana Díaz se comprometió a ir devolviendo derechos a lo largo de la legislatura y están cumpliendo con sendos acuerdos, el suscrito hoy y el de julio del año pasado, porque la recuperación económica no se puede quedar en las grandes cifras de las multinacionales o en los indicadores macroeconómicos, sino que tiene que llegar a las personas y a las familias. Y los empleados públicos han soportado sobre sus espaldas muchos sacrificios durante esta crisis y es de justicia que se les devuelvan sus derechos.

Era un clamor de los trabajadores públicos volver a la jornada de 35 horas. El Gobierno de la nación, con la llegada del Partido Popular, impuso 2,5 horas más de trabajo en 2012, las que en los centros públicos se conocen como horas de Rajoy. Una decisión que supuso masivos despidos en toda España. En Andalucía se apostó por repartir el trabajo para salvar 25.000 empleos reduciendo jornada y trabajo al 75%. Ya todos los sanitarios y docentes han recuperado el 100% y a partir de 2017, con la derogación de las horas de Rajoy, tendrán de nuevo 35 horas semanales. Este acuerdo representa una gran noticia para los 260.000 trabajadores de la Junta, que recuperan derechos, también permitirá crear más empleo público en nuestra tierra (unos 12.000 según los sindicatos) y mejorará el funcionamientos de los servicios públicos beneficiando al conjunto de la ciudadanía.