Componenda

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 no deja de ser un mal truco de prestidigitación de la factoría de engaños del Partido Popular. Un texto cuyo contenido conocemos a cuentagotas, sin transparencia y que es una sarta de medias verdades:

  • No son unas cuentas expansivas porque el gasto de los ministerios sólo podrán crecer un 1,3% respecto al de 2017,
  • No son los presupuestos de los pensionistas porque contienen una subida pírrica para unos pocos y no recuperan el IPC como índice de revalorización
  • Tampoco de los empleados públicos: la vuelta a la jornada de 35 horas sigue en el limbo y hay 165.000 funcionarios menos desde la llegada del PP por la tasa de reposición
  • También olvidan a los trabajadores: un 60% no se beneficiarían de una supuesta bajada del IRPF.
  • Se han dejado en tintero el gasto social: crece tres veces menos que la economía.
  • El incremento de las becas no llega ni de lejos a resarcir el mucho recorte impuesto durante seis negros años de gobierno…

Se trata de unos presupuestos que sólo pretenden ser munición electoral ante la pérdida alarmante de votos que pronostican las encuestas al PP, unas cuentas que buscan aplicar sutura para las urgencias políticas de Mariano Rajoy.

Y, por lo que llega, todo apunta a que sean unos presupuestos que volverán a dar la espalda a Andalucía. Ya el año pasado esta comunidad sufrió un tijeretazo drástico en las inversiones del Estado, nada menos que un 36% menos, y se empiezan a conocer infraestructuras en otros territorios y ninguna en Andalucía. Como ha avanzado la presidenta andaluza, Susana Díaz, esta comunidad va a ser beligerante si otro ejercicio más el PP continúa con el castigo y el agravio. Hay muchos proyectos de vital importancia para el desarrollo de Andalucía (la conexión férrea Algeciras-Bobadilla o la AVE a Granada y Almería) que no pueden quedar al arbitrio ni al capricho de los intereses políticos de Rajoy. En esta tierra no se va a tolerar otra nueva discriminación y ya van…

Estas sospechas aumentan cuando el Gobierno de la nación carece de los apoyos suficientes y tienen que buscar aliados para sacarlos adelante. La experiencia de 2017, con el alto precio que pagó al PNV por su apoyo, nos hace temer lo peor.

Presupuestos y bienestar

Estamos, como todos los años por estas fechas, inmersos en el debate de los presupuestos para 2011 en España y en las comunidades autónomas. La oposición de derechas, como siempre ya sea año de bonanza o año de vacas flacas, se tira a degüello con las cuentas públicas. Posiblemente mejorables en muchos casos, aunque las maniobras de acoso y derribo del Partido Popular son tan aparatosas y exageradas que pierden credibilidad y hastían al auditorio.

En Andalucía esa sobreactuación en la crítica se sitúa en el paroxismo y el esperpento. El PP ha lanzado un ataque desaforado y frontal antes incluso de conocer el contenido del texto. Han descalificado con los mismos argumentos de todos los cursos un presupuesto que, pese a las dificultades financieras, apuesta por consolidar y fortalecer el Estado del Bienestar como mecanismo de protección de las familias y como elemento funcional de desarrollo económico y social.  Aunque se cuenta con un 6% menos de fondos respecto a 2010, se mantiene la apuesta por la sanidad, la educación y la protección social y se fija como principal objetivo la recuperación económica y la creación de empleo. Da igual lo que se refleje negro sobre blanco en documento oficial, el guión de Javier Arenas y su cohorte está ya escrito.

El PSOE donde gobierna aplica criterios distintos que el PP, algo lógico porque hay un gran abismo ideológico entre estas dos opciones políticas. Mariano Rajoy ofrece un camino de demolición del estado del bienestar, muy parecido al que aplica con mano de hierro su partido allí donde tiene responsabilidad de gobierno. Ése es un modelo que perjudica claramente al conjunto de la ciudadanía y que beneficia a unos pocos frente a otros. Las recetas del PP hacen que la crisis la paguen los más débiles mediante recortes sociales a la mayoría de los ciudadanos.

Y es que cuando el Partido Popular gobierna, disminuye el gasto social en educación, sanidad y bienestar social, se deterioran lo servicios públicos, se recorta en las áreas más sensibles para el desarrollo de la sociedad, se incrementan las desigualdades, se atacan brutalmente los derechos de los ciudadanos y el Estado del Bienestar sufre un retroceso. Unos ejemplos lo explican mejor que mil palabras:

POLÍTICA SANITARIA

  • En Madrid, durante 2010, los recursos financieros destinados a esta política retrocedieron a niveles de 2008 reduciéndose en un –0,6%. Lo mismo que ocurrió en la Comunidad Valenciana (-3,05%) y en Galicia (-1,58%).
  • El Presupuesto destinado a la atención primaria se redujo en Madrid en un –4%. En Galicia la reducción fue del –5%, lo que hizo que no se crearan ninguna de las 485 unidades previstas.
  • Durante 2010, las inversiones previstas en materia de Salud se redujeron en un –26%.
  • En Galicia, los presupuestos de los centros de gestión asistencial se redujeron en más de 6 millones € durante 2010.

POLÍTICA EDUCATIVA

  • Mientras que en Andalucía se incrementó la dotación financiera para la Educación en 2010 en un 1,77%, en la Comunidad de Madrid se redujo en un –1,16%, especialmente en lo que se refiere a Universidad, en Galicia en un –0,83% y en Castilla y León en más de 20 millones  de euros.
  • En Madrid, la inversión en materia educativa se ha visto recortada en un –22% y la partida de formación del profesorado en más de dos tercios.
  • La dotación específica para la Universidad en Madrid se ha visto reducida en 2010 en un –4%, lo que ha hecho que se incumple al Plan de Financiación Universitaria y el Plan Plurianual de inversiones. De hecho, la inversión universitaria se ha recortado en un –71%.

POLÍTICA DE SERVICIOS SOCIALES

  • Mientras que Andalucía reforzó esta política en 2010 incrementando su presupuesto en un 12%, los incrementos en Madrid y Galicia son mucho más modestos (5% y 1,2%).
  • En Galicia se reducen los fondos destinados a los Ayuntamientos en Servicios Sociales en un –10,5% y a las asociaciones de atención a las drogodependencias en un –11%.
  • En la Comunidad Valenciana también se han reducido las aportaciones a los servicios sociales municipales en un –16,7%.

POLÍTICA DE EMPLEO

  • Andalucía incrementó  el gasto en esta política durante 2010 en un 9,25%. Por el contrario, Madrid redujo el presupuesto un –4%; Valencia, un –3,05%; Galicia, un –8,08%, y Murcia, un –9,71%.

Gasto social

En Andalucía se blindará el gasto social, pese a la caída de ingresos tributarios por mor de la menor actividad económica. En los Presupuestos de 2011, el Gobierno de Pepe Griñán mantendrá intactas las partidas destinadas a políticas de bienestar y de atención social, incluso aumentará la dotación para la política educativa, entendida ésta como la mejor estrategia para fortalecer nuestra economía para el futuro. Es una grata noticia en estos momentos de dificultades y que evidencia cuál es la prioridad para un gobierno socialista.

La recesión ha tocado fondo, aunque la recuperación será más lenta que el frenazo vertiginoso de 2008, motivado por la contaminación del sistema financiero estadounidense que precipitó la mayor crisis económica la historia. En este contexto, con la garantía de que no se perderá ni un euro en protección social, sólo habrá que retrasar la aplicación de nuevas medidas por la menor liquidez de las arcas públicas. Una hoja de ruta lógica y comprensible. Cuando una familia pasa por apuros pospone la compra de un coche nuevo o la reforma del cuarto de baño, es decir, no se embarca en nuevos gastos a los que no sabe si podrá dar cobertura con los ingresos previstos.

Esta cautela de la Junta para incurrir en gastos para los que no tiene asegurada consignación presupuestaria tiene todo el sentido por mucho que grite y cacaree la oposición de derechas. No se puede sorber y soplar a la vez, no se puede pedir la reducción del gasto público y el aumento de la inversión o la puesta en marcha de nuevos servicios, como hace el PP de manera irresponsable y demagógica. Es mejor que los nuevos programas o las nuevas infraestructuras vean la luz con otro ritmo, aunque se tarde un año más en su desarrollo, antes que lanzarse sin previsión y frustrar las expectativas de la ciudadanía o de las empresas por la insuficiencia de recursos económicos. El sentido común y la previsión son las mejores herramientas para desactivar los efectos negativos de una crisis que esperemos que ya empiece a ser historia.