El grano de la Agencia Tributaria

A Cristóbal Montoro le ha salido un grano por su gestión más que discutible de la Agencia Tributaria. Catarata de dimisiones de inspectores (que el ministro despacha despectivamente como «socialistas») y nuevos cargos seleccionados con el dedo del partidismo. Todo apunta a una caza de brujas con un objetivo poco democrático. Nadie debe sortear las exigencias fiscales por mucho poder económico o de cualquier otra índole que acumule. Estas decisiones dejan en mal lugar aquel viejo lema publicitario de que «Hacienda somos todos». Da la impresión de que no todos por igual. Parece que unos pocos tienen mucha mano y obtienen un trato diferenciado. Mal ejemplo cuando no se deja de pedir esfuerzos a las clases medias y trabajadoras, mientras otros (por supuesto, poderosos) se pueden ir de rositas.

Privilegios

El mundo al revés. Nos enteramos a través de la Cadena SER que la mujer del consejero de Educación del Castilla-La Mancha se ha saltado la lista de espera para una intervención de hernia discal. Y la respuesta del Gobierno de María Dolores de Cospedal no ha sido pedir disculpas o cuando menos dar explicaciones convincentes. Ni mucho menos. Han preferido una huida hacia adelante: abrir una investigación para encontrar al filtrador de esta noticia. La justificación ofrecida ante a la escandalera se antoja más que endeble: era una decisión médica y la «señora de Marcial» tenía mucho dolor. Las más de 300 personas que aguardan una intervención, muchos de ellos más de un año, están en la lista de espera por capricho. Ni un átomo de rubor o pesar por este desafuero, ni un atisbo de contrición, ni una palabra para los pacientes que han visto cómo se ha colado sin más. Lo que ha molestado es que se conozca la verdad y que salgan a relucir los privilegios de los que gozan determinados personajes. Ante la evidencia, quieren matar al mensajero.

Agallas frente al chantaje

El Gobierno de España ya se ha hartado del chantaje sistemático al que vienen sometiendo a la sociedad española esa casta privilegiada de los controladores aéreos. José Blanco, ministro de Fomento, no está dispuesto a tragarse el sapo de la claudicación ante sus demandas astronómicas e insolidarias, máxime en estos momentos de crisis en los que el desempleo espolea la preocupación de muchas familias de este país. Este clan de vampiros de las arcas públicas no se baja del burro y eso que su salario medio se sitúa en los 334.000 euros anuales. Lo consideran calderilla y ambicionan más prerrogativas en la negociación de su convenio colectivo. Para tensar la cuerda, y ablandar a los negociadores gubernamentales (AENA), ya han amenazado con una huelga en Semana Santa, dando donde más duele, como siempre.

Esta estrategia chulesca de los controladores ha provocado una reacción con contundencia del Ministerio. Blanco ha demostrado no arrugarse, tener agallas, abrigar valentía para lidiar este complicado morlaco. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto-ley para garantizar el tráfico aéreo en Semana Santa y evitar que se repitan los problemas generados, año tras año, por este colectivo y que perjudica directamente a la ciudadanía.

Ante la provocación, respuesta firme. Este gremio ventajista se queda así sin buena parte de sus bazas negociadoras. El texto achica además el campo para acabar con las maniobras de los controladores usando a los ciudadanos como rehenes en sus ansias desmedidas de salvaguardar de sus privilegios. Por ejemplo, la huelga encubierta realizada en diciembre y enero ha significado sólo en el aeropuerto de Barajas, según datos de Fomento, pérdidas de 2 millones de euros, la cancelación de 158 vuelos dejando en tierra a 17.000 pasajeros y retrasos intencionados padecidos en sus carnes por más 600.000 personas.

La propuesta de diálogo del Ministerio sigue sobre la mesa y persigue garantizar la seguridad, la eficacia y la sostenibilidad financiera del servicio, reducir el déficit de 300 millones que hoy tiene la navegación aérea (lo
que redundaría en beneficio para el usuario con la consiguiente reducción de tasas y, como consecuencia, bajada de los precios de los billetes) y, por último, posibilitar la formación de 500 nuevos controladores aéreos. Objetivos, además de lógicos, necesarios e incuestionables.

Sin embargo, este gremio, que ha evitado cualquier tipo de acuerdo desde 1999 porque la prórroga del convenio le reporta más satisfacciones, tendría que explicar a la ciudadanía su altivez, la coacción y el pulso que mantienen con el Gobierno en defensa numatina de su fuero. Los controladores defienden a ultranza un régimen sociolaboral con el que trabajan 17 horas semanales (13 en el turno de noche), disfrutan tres quincenas de vacaciones y pueden jubilarse voluntariamente en cualquier momento a partir de los 52 años (desde ese momento, perciben 170.000 euros hasta los 65 años y luego la pensión máxima). Aunque ya gozan de más prebendas que cualquier otro colectivo laboral, ambicionan más. La avaricia rompe el saco… Y las negociaciones. El mango de la sartén ha de cambiar de mano.

La hora del laicismo

Interesante reportaje en El País a cuenta de la inminente reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El texto pone el dedo en la llaga: es la hora del laicismo, de la definitiva e imprescindible transición en materia religiosa. La confusión entre iglesia (sólo la confesión católica tiene esa capacidad de influencia en este país) y Estado es un vestigio decimonónico. Toca soltar amarras, avanzar hacia el modelo aconfesional que preconiza nuestra Constitución.

El Gobierno de España no se puede dejar acogotar por las presiones ni por las amenazas de los adalides del inmovilismo y de los tiempos de la caspa. Es la oportunidad de erradicar de una vez por todas la añoranza del nacionalcatolicismo, y mirar al futuro con valentía acabando con privilegios y prebendas de épocas inmemoriales. Todos iguales ante la ley y el fisco, ya está bien de chupar de la teta del Estado, del chantaje permanente desde los púlpitos, de las maniobras inconfesables de la Conferencia Episcopal… Que cada feligrés sostenga económicamente el entramado institucional de su fe.

La religión se ha de sacar de la escuela y derivarla a las iglesias, a las mezquitas o a las sinagogas. Las cuestiones espirituales no corresponden al dominio público, sino al ámbito privado. La norma ha de saber conjugar el carácter aconfesional del Estado y proteger el derecho de todos los ciudadanos a ejercer su libertad de culto. Simple y llanamente, sin más consideraciones ni deferencias. Ha de ser el punto final a la mal entendida cooperación en clave de trágala que supone, por ejemplo, el Concordato con la Santa Sede.

Aguardo con expectación el proyecto legislativo del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Significa la última pieza para completar el puzle de la modernidad de España, un salto definitivo hacia el futuro rompiendo con viejos clichés de un pasado con muchos más oscuros que claros. Confío en que, al final, no tiemble el pulso.