La imputación, desde un punto de vista procesal, se justifica como una garantía en la defensa para las personas inmersas en una causa judicial. Desde la perspectiva de los medios de comunicación se interpreta como una condena, un fallo adverso por la vía rápida. Muchas cabeceras se olvidan del derecho constitucional de la presunción de inocencia y dictan la tan en boga pena de telediario o de primera página de periódico. Por esta razón, más que una salvaguarda para los implicados, la imputación se convierte en un calvario. El nombre de la víctima de este linchamiento público y publicado queda manchado sin importar que más adelante la diligencia judicial dictamine su inocencia.
Lo que en el comienzo de la instrucción del caso eran grandes titulares y derroche de tiempo o espacio informativos, posteriormente cuando la causa se sobresee o la vista oral concluye sin culpables, todo se reduce a una noticia sin relevancia que se da casi de soslayo y que incluso, en ocasiones, se llega a omitir. Total, una absolución ya no tiene interés para los fedatarios de la actualidad. Con esta forma de actuar, los medios hacen un flaco favor a su credibilidad y ponen en entredicho su deber de ofrecer a la ciudanía una información veraz, ecuánime y completa.
No se trata de amordazar a los periodistas ni de imponer ningún tipo de censura a su quehacer profesional. Tan sólo apelar a la responsabilidad y a la función social de mediación que cumplen en una sociedad democrática. Hay que confeccionar el relato de actualidad sin estridencias y en su justa medida sin renunciar a la libertad de expresión. El sensacionalismo y los apresurados juicios paralelos son antitéticos con el buen periodismo. Las hemerotecas y los archivos audiovisuales están repletos de injusticias por la precipitación mediática en divulgar premonitorios veredictos sin aguardar el final del procedimiento. Los errores periodísticos no matan, pero tiran por tierra el honor y el prestigio de unos ciudadanos que, sin entender por qué, sufren un tormento indescriptible.
Por ejemplo, todos los medios sin excepción dieron la semana pasada como información que el alcalde de Estepona, David Valadez, sería llamado a testificar como imputado. Al día de hoy, no se ha producido esa supuesta imputación y parece que la jueza no tiene previsto dictar una providencia en ese sentido. Se ha dado cancha a una mercancía sin comprobar, es de suponer porque la fuente manipuladora gozaba de cierto crédito. En términos académicos nos encontramos ante un no-acontecimiento: se ha construido un relato periodístico sobre algo que no ha ocurrido, una pura ficción elevada a categoría de noticia, esparcida a los cuatro vientos por la acción amplificadora de las empresas informativas. Ninguno de los propagadores de esa falsa historia ha corregido su error. ¿Será por exceso de soberbia? Es hora de abrir una serena reflexión por parte de los medios sobre sus actuaciones desafortunadas y sus nefastas consecuencias.