Dos caras de la misma moneda

La Consejería de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Andalucía ha organizado entre ayer y hoy unas jornadas preparatorias de la futura ley autonómica de transparencia con el lema ‘En Andalucía más transparencia, más democracia’. No han podido ser más fecundas y oportunas: la claridad debe impregnar a todo el quehacer público para recuperar la confianza ciudadana y como antídoto de la corrupción, que de acuerdo con la última encuesta del CIS se ha convertido en el segundo problema para la sociedad española (ha pasado del 17% en enero hasta el 40% en febrero a raíz del caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP) tras el desempleo.

Me ha tocado moderar la última mesa redonda: ‘Transparencia y medios de comunicación. ¿Qué espera la sociedad?’, a la que han asistido como ponentes los periodistas Román Orozco, María Esperanza Sánchez, Ignacio Escolar, Mabel Mata y Lalia González Santiago. De acuerdo con el programa, nos tocaba hablar y debatir sobre las relaciones entre los representantes públicos y los medios de comunicación, el acceso de éstos a la información y su traslado a la ciudadanía, que demanda una información veraz y transparente.

Cuando hablamos de transparencia, de participación ciudadana, de gobierno abierto, todos pensamos en una relación directa entre las distintas administraciones y la ciudadanía. Una interacción sin intermediarios gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. Estas nuevas formas comunicacionales (redes sociales, web 2.0…) han roto el monopolio de los medios como enlace entre los representantes y los representados. Cualquier ciudadano puede conversar hoy con un cargo electo que tenga una cuenta en Twitter o Facebook. No obstante, los medios siguen siendo actores fundamentales en el espacio público y continúan construyendo la realidad social.

Los medios son agentes socialmente legitimados para conectar a los poderes públicos y la ciudadanía. Y para ejercer ese rol se les asigna una serie de responsabilidades y el mandato constitucional de ofrecer una información veraz. Si las administraciones tienen una obligación de transparencia, a los medios les corresponde actuar con independencia y desde el cumplimiento de la función social que tiene encomendado el periodismo en las sociedades democráticas. Transparencia pública e independencia mediática son dos caras de la misma moneda. (Por eso, entiendo el rechazo a las ruedas de prensa sin preguntas, aunque quizá lo más efectivo sería un plante de todos los periodistas, con sus directores, y todos los medios a ese tipo de convocatoria. Esta misma semana una iniciativa de este tipo ha obligado a una ministra, Ana Mato, a dar marcha atrás ante la negativa de los periodistas de asistir a un simulacro de comparecencia. Por favor, no más ruedas de prensa a través de un plasma). Las instituciones tienen un deber de transparencia y por esa razón me ha molestado la decisión de la Santa Sede de impedir más ruedas de prensa de sus cardenales. Seamos o no católicos, es un asunto de interés la elección del jefe de Estado del Vaticano y no se puede implantar el oscurantismo en los tiempos que corren, ni en Roma ni en Pekín.

Si se pide una administración de cristal, accesible y abierta, también la sociedad exige unos medios que actúen con deontología a la hora de contar las cosas. Los medios no pueden construir la realidad a través de un cristal traslucido, cuando no opaco y ajeno a la verdad. Los medios han de ser notarios de la realidad y no agentes activos de estrategias políticas, desvirtuando los valores en los que se asienta el periodismo. En España existe un partidismo inasumible en las empresas informativas que atenta contra los más elementales principios periodísticos.

Y una última idea que he planteado en mi intervención inicial: la transparencia no puede ser una desventaja para la administración que la practique frente aquellas que permanezcan cerradas a cal y canto, que no operen con luz y taquígrafos. El hecho de que una institución se abra a la sociedad no ha de implicar una mayor presión mediática y que se olvide la más necesaria fiscalización de aquellas que se aferren a la opacidad. Porque noticia, en palabras del periodista norteamericano Jack Robbins, es precisamente “la información que alguien quiere ocultar”.

Libertad de información

Los medios de comunicación juegan un papel esencial en las sociedades democráticas. Cuando se recorta o se limita el ejercicio del periodismo, se achica la democracia. Hago estas consideraciones al hilo de la detención de una reportera gráfica de La Sexta, Ana García, mientras grababa en Sevilla una protesta contra los desahucios. Lo que nunca puede quedar en tela de juicio es la libertad de información. Los periodistas tienen que estar donde pasa la noticia y poder contarlo. Le guste o no a los poderes públicos. Los medios ejercer la función social de mediar entre las instituciones y los ciudadanos. Limitar esa posibilidad supone un retroceso democrático intolerable. Cuando se impone la censura, se coarta la transparencia y la verdad.

PD.- La Sexta me ha ofrecido la posibilidad de valorar este desagradable episodio y me he manifestado en estos términos: ver vídeo.

Periodismo de partido

La tendenciosidad es la carcoma que corroe al periodismo actual. Los medios de comunicación juegan un papel esencial en las sociedades democráticas: el rol de notario de la actualidad entre gobernantes y ciudadanos con la verdad como eje ineluctable de su actividad, lo que el profesor Lorenzo Gomis conceptuó como el papel de mediación. Sin embargo, la neutralidad, el equilibrio y la deontología brillan por su ausencia en más ocasiones de las debidas en el quehacer periodístico actual. Las cabeceras (no todas, por suerte) declinan en ese deber sagrado de informar y comentar lo que acontece, actuando como juez y parte, no como mero observador. Así, el medio se convierte en un actor político activo en el espacio público. Hace unos años ya escribí un artículo en la revista universitaria Ámbitos (Los medios toman partido) sobre la parcialidad que predomina en los productos informativos.

Esta mañana me he topado con unos de esos ejemplos que me apenan por la deriva sectaria que se percibe en la profesión. ABC de Sevilla arremete con dureza contra el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, por asistir a una cooperativa de Lora del Río (Sevilla) con motivo del comienzo de la temporada de cítricos. En portada y en páginas interiores el enfoque no puede ser más ácido: “Queda inaugurada esta naranja”. Me reconforta un periodismo de denuncia, exigente y severo contra todos y contra todo, sin importar el signo político o ideológico de la institución, la organización y el colectivo del que se trate. Cuando se aplica la doble vara de medir, la contundencia contra el adversario y la benevolencia contra el afín, el periodismo se convierte en una suerte de actividad panfletaria. Esta misma semana, el jefe de la oposición andaluza, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta manchega y número dos nacional del PP, María Dolores de Cospedal, visitaban una fábrica cárnica en Málaga y no se le hacía desde este medio la misma lectura.

Otro ejemplo significativo de cómo se reparten cañas y lanzas en el diario de Vocento: la virulenta reacción de este periódico a las críticas irónicas del PSOE a una visita de Mariano Rajoy y Javier Arenas a una fábrica de quesos en Grazalema (Cádiz) en 2009. Las palabras de un dirigente socialista tirando de sarcasmo recibieron una dura reprimenda por los editorialistas de ABC. Si lo que hizo González Cabaña entonces era demagogia, lo que nos ofrece hoy este medio se podrían catalogar de la misma forma… aplicando idéntico rasero.

Condena mediática

La imputación, desde un punto de vista procesal, se justifica como una garantía en la defensa para las personas inmersas en una causa judicial. Desde la perspectiva de los medios de comunicación se interpreta como una condena, un fallo adverso por la vía rápida. Muchas cabeceras se olvidan del derecho constitucional de la presunción de inocencia y dictan la tan en boga pena de telediario o de primera página de periódico. Por esta razón, más que una salvaguarda para los implicados, la imputación se convierte en un calvario. El nombre de la víctima de este linchamiento público y publicado queda manchado sin importar que más adelante la diligencia judicial dictamine su inocencia.

Lo que en el comienzo de la instrucción del caso eran grandes titulares y derroche de tiempo o espacio informativos, posteriormente cuando la causa se sobresee o la vista oral concluye sin culpables, todo se reduce a una noticia sin relevancia que se da casi de soslayo y que incluso, en ocasiones, se llega a omitir. Total, una absolución ya no tiene interés para los fedatarios de la actualidad. Con esta forma de actuar, los medios hacen un flaco favor a su credibilidad y ponen en entredicho su deber de ofrecer a la ciudanía una información veraz, ecuánime y completa.

No se trata de amordazar a los periodistas ni de imponer ningún tipo de censura a su quehacer profesional. Tan sólo apelar a la responsabilidad y a la función social de mediación que cumplen en una sociedad democrática. Hay que confeccionar el relato de actualidad sin estridencias y en su justa medida sin renunciar a la libertad de expresión. El sensacionalismo y los apresurados juicios paralelos son antitéticos con el buen periodismo. Las hemerotecas y los archivos audiovisuales están repletos de injusticias por la precipitación mediática en divulgar premonitorios veredictos sin aguardar el final del procedimiento. Los errores periodísticos no matan, pero tiran por tierra el honor y el prestigio de unos ciudadanos que, sin entender por qué, sufren un tormento indescriptible.

Por ejemplo, todos los medios sin excepción dieron la semana pasada como información que el alcalde de Estepona, David Valadez, sería llamado a testificar como imputado. Al día de hoy, no se ha producido esa supuesta imputación y parece que la jueza no tiene previsto dictar una providencia en ese sentido. Se ha dado cancha a una mercancía sin comprobar, es de suponer porque la fuente manipuladora gozaba de cierto crédito. En términos académicos nos encontramos ante un no-acontecimiento: se ha construido un relato periodístico sobre algo que no ha ocurrido, una pura ficción elevada a categoría de noticia, esparcida a los cuatro vientos por la acción amplificadora de las empresas informativas. Ninguno de los propagadores de esa falsa historia ha corregido su error. ¿Será por exceso de soberbia? Es hora de abrir una serena reflexión por parte de los medios sobre sus actuaciones desafortunadas y sus nefastas consecuencias.