Falso arrepentimiento vs inhumanidad

La muerte repentina de Rita Barberá ha copado la actualidad política de las últimas horas y los opinadores gráficos han plasmado certeramente lo que ha acontecido. Por un lado, se ha producido el teatral arrepentimiento de los que fueran durante muchos años compañeros de siglas: sus antiguos colegas del Partido Popular han salido en tropel en defensa de memoria de la ex alcaldesa de Valencia cuando la habían apartado e incluso ignorado por estar incursa en una investigación judicial. Por otro, el gesto inhumano e insensible de los miembros de Unidos Podemos de no secundar el minuto de silencio aun con el cuerpo presente a escasos metros de la Cámara.

De camino, se producido un debate en los medios, fundamentalmente conservadores, sobre el respeto a la presunción de inocencia y la crueldad de las penas de telediario y los juicios paralelos. Suscribo sus palabras y espero que esa declaración de intenciones sea extensiva a todos los representantes públicos. Llama la atención este volantazo especialmente de estos medios, que no han tenido piedad ni  recato en declarar la culpabilidad de otros políticos sin esperar siquiera el pronunciamiento de los tribunales. Basta con que se deje funcionar el estado de derecho. No es mucho pedir.

Viñetas.- Miki&Duarte (Grupo Joly), Gallego&Rey (El Mundo), Manel Fontdevila (eldiario.es), Puebla (ABC) y Ortifus (Levante)

Presunción para tod@s

¿Qué habría pasado si a un político la Policía lo hubiera implicado en un caso de presunto abuso de menores y trata de mujeres? Seguramente no habría aguantado ni 24 horas en su cargo. La presión social y mediática alcanzaría cotas insoportables. En el caso de los futbolistas David de Gea e Iker Muniain, supuestamente salpicados en la investigación al empresario del porno Torbe, todo ha sido más ponderado. Hasta el punto de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido que este escándalo sexual no tenga efectos sobre la selección y poco más. De un representante público se espera al menos un pronunciamiento en favor del esclarecimiento de los hechos, caiga quien caiga, y de respaldo a la actuación judicial. No ha querido opinar el ministro en un tema desde luego escabroso porque “está judicializado”. Si se tratara de un adversario político, habría descerrajado todo la munición dialéctica. Se le habría olvidado esta premisa básica en democracia. Quizá éste debería ser el tono en el que se aborden los asuntos hasta que se produzca un pronunciamiento firme del Poder Judicial. En un estado de derecho se debe preservar la presunción de inocencia de cualquiera, sea futbolista o político, famoso o anónimo. Lo que ocurre es que hay distintas varas de medir y se usan según convenga. A ver si aprendemos y se responde siempre dentro de la coherencia.

Foto.eldiario.es.

Una lección para Podemos

La presunción de inocencia es uno de los pilares en lo que se sustenta el estado de derecho. La culpabilidad de las personas tiene que ser demostrada con pruebas y con sentencia emitida por el poder judicial. Sin embargo, una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad política. Hago esta introducción por el cierre de filas del alcalde de Podemos en Puerto Real (Cádiz) en torno a la concejal responsable de la Hacienda sobre la que pesa una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por un caso de presunta estafa a inmigrantes. La edil Mónica González está procesada por un delito grave, y más si se mira desde la óptica de la izquierda, y sin embargo el regidor la mantendrá en el puesto hasta la celebración de una asamblea de la franquicia del partido de Pablo Iglesias. Desde un punto de vista penal, la edil no es culpable, no pesa sobre ella sentencia firme, pero desde el punto de vista político quizá no debería permanecer ni un minuto más en el puesto por decisión propia. Las hemerotecas están repletas de declaraciones de Iglesias, Iñigo Errejón o Teresa Rodríguez anunciando mano dura con los imputados, ya sea por corrupción o por otros delitos incompatibles con la ética exigible a un cargo público. Este partido, que su muestra inflexible con los demás, contemporiza con este caso en Puerto Real. Basta recordar una de las líneas rojas que marcó Podemos para apoyar la investidura de Susana Díaz en Andalucía: la renuncia a los escaños en el Congreso y el Senado de Manuel Chaves y Pepe Griñán por el simple hecho de estar imputados, que no es más que una garantía procesal con la legislación penal en la mano. Ahora ni son tan contundentes ni se ensañan con su compañera. En Puerto Real tienen una oportunidad de aplicar su código ético. Eso sí, esperemos que con este y otros casos aprendan a no juzgar y no sentenciar a la gente tan a la ligera.

Foto.elplural.com. El alcalde, Antonio Romero, y la concejal procesada.

Más ruido que nueces

Me ha sorprendido (bueno, no tanto) el ensordecedor ruido mediático ante la noticia de que el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo tomará declaración a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Así de simple lo dice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una nota de prensa. Con la legislación española en la mano, sólo pueden hacerlo en calidad de imputados, una garantía procesal para comparecer acompañados de sus abogados. No hay mucha novedad en este paso procedimental lógico y natural porque tanto Chaves como Griñán habían pedido desde el primer momento acudir voluntariamente para defender su honorabilidad y el magistrado cursa una providencia (no un auto) fijando la fecha de su declaración sin imputarles ningún delito. Sin embargo, los medios (que no muchos periodistas con los que he podido hablar) se han lanzado en tropel a sobredimensionar un hito procesal que no aporta nada novedoso. Ya se sabía de antemano que esta citación se iba a producir, que los ex presidentes habían manifestado su deseo de dar todas las explicaciones sobre el caso sin esperar al suplicatorio y que sólo podían hacerlo bajo la figura de imputados. La consumación de lo evidente se ha traducido en un festín mediático donde, en algunos casos, se orilla el estado de derecho y la presunción de inocencia. El Supremo tendrá que hablar una vez oídas las partes y entonces será el momento de la exigencia de nuevas responsabilidades políticas o de reparar el daño causado a dos personas honestas e íntegras. Estoy convencido de lo segundo. Hoy hemos asistido un espectáculo donde ha habido más ruido que nueces. Cada cual tendrá sus razones.

 

Inocencia según quién

“Justicia, señor juez, pero por mi casa no”. He recordado este dicho popular, muy usado por mi madre para casos de doble rasero, por unas declaraciones de Juan Ignacio Zoido defendiendo la presunción de inocencia de un alto cargo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Joaquín Peña, cesado de forma fulminante tras ser imputado en el caso Madeja, una de las causas que lleva el juzgado de instrucción nº 6. Totalmente de acuerdo, señor juez (en excedencia), pero respetemos este principio básico del estado de derecho para todos los casos y no a conveniencia. Los peperos actúan siempre de forma arbitraria: condescendientes con los propios e implacables con los adversarios políticos. En un repaso a las hemerotecas o a los archivos audiovisuales, encontraríamos una catarata de ataques del aún presidente interino del PP andaluz y sus cuates a sus rivales políticos sin importarles la verdad ni el daño personal que causan. Por eso, escuchar a Zoido invocando la presunción de inocencia de su compañero de partido pone en evidencia su doble discurso, visualiza el cinismo de su praxis política. ¿Aprenderá a respetar el alcalde hispalense el derecho de los demás después de este episodio? Seguro que no. No albergo ninguna esperanza. Ya hace tiempo que dejé de creer en los gnomos.

Foto.- http://www.andalucesdiario.es

Presunción de inocencia

En un estado de derecho como el nuestro todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la Constitución española se consagra la presunción de inocencia en el artículo 24, apartado 2. Esta introducción puede sonar a perogrullada pero como está el patio en este sacrosanto país no pasa nada por recordar lo obvio.

María Dolores de Cospedal, número dos del PP y autoproclamada lideresa de su imaginario Partido de los Trabajadores, nos lanzaba ayer un mensaje cargado de evidencia y de contradicciones. Decía la dirigente pepera en Málaga: “Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia“. ¿Quién va a estar en desacuerdo con esta afirmación si constituye la esencia de nuestra convivencia democrática? Dicho en estos momentos suena a cortafuegos para escapar de la quema. Primero, porque el primer partido de la oposición achicharra a sus adversarios políticos sin esperar el veredicto de los jueces, procurando su desprestigio social y hasta la “muerte civil”, que diría Manuel Chaves. Y, segundo, porque presenta unas listas electorales del PP plagadas de imputados, más de sesenta en toda España y, concretamente, 11 implicados por los casos Gürtel y Brugal en la Comunidad Valenciana, entre los que se encuentran la plana mayor de esta fuerza política en ese territorio, con Camps a la cabeza de los sospechosos y a punto de sentarse en el banquillo.

Este repentino frenazo sugerido por la cúpula del PP, unido a la petición de Arenas para alcanzar un pacto en el arco parlamentario en torno a la figura del imputado, se antoja una tregua trampa, un alto al fuego dialéctico trufado de hipocresía en vísperas electorales para que su podredumbre no contamine las urnas. ¿Quién se va a creer a esta tropa si 24 horas después estaba ya despellejando a Chaves en el Congreso al calor de unas actividades empresariales de su hijo que, al día de hoy, no ofrece ni el más mínimo atisbo delictivo?

¿Dónde ha dejado la bancada del PP el grito desesperado de su número dos? Estamos ante la demostración más miserable del doble rasero, comportamiento típico hasta la náusea de la derecha española. Da la sensación de que Cospedal sólo quiere salvaguardar la presunción de inocencia de los suyos. Al resto se le invierte la carga de la prueba: demuestre usted que no es culpable. ¡Qué vergüenza!

Condena mediática

La imputación, desde un punto de vista procesal, se justifica como una garantía en la defensa para las personas inmersas en una causa judicial. Desde la perspectiva de los medios de comunicación se interpreta como una condena, un fallo adverso por la vía rápida. Muchas cabeceras se olvidan del derecho constitucional de la presunción de inocencia y dictan la tan en boga pena de telediario o de primera página de periódico. Por esta razón, más que una salvaguarda para los implicados, la imputación se convierte en un calvario. El nombre de la víctima de este linchamiento público y publicado queda manchado sin importar que más adelante la diligencia judicial dictamine su inocencia.

Lo que en el comienzo de la instrucción del caso eran grandes titulares y derroche de tiempo o espacio informativos, posteriormente cuando la causa se sobresee o la vista oral concluye sin culpables, todo se reduce a una noticia sin relevancia que se da casi de soslayo y que incluso, en ocasiones, se llega a omitir. Total, una absolución ya no tiene interés para los fedatarios de la actualidad. Con esta forma de actuar, los medios hacen un flaco favor a su credibilidad y ponen en entredicho su deber de ofrecer a la ciudanía una información veraz, ecuánime y completa.

No se trata de amordazar a los periodistas ni de imponer ningún tipo de censura a su quehacer profesional. Tan sólo apelar a la responsabilidad y a la función social de mediación que cumplen en una sociedad democrática. Hay que confeccionar el relato de actualidad sin estridencias y en su justa medida sin renunciar a la libertad de expresión. El sensacionalismo y los apresurados juicios paralelos son antitéticos con el buen periodismo. Las hemerotecas y los archivos audiovisuales están repletos de injusticias por la precipitación mediática en divulgar premonitorios veredictos sin aguardar el final del procedimiento. Los errores periodísticos no matan, pero tiran por tierra el honor y el prestigio de unos ciudadanos que, sin entender por qué, sufren un tormento indescriptible.

Por ejemplo, todos los medios sin excepción dieron la semana pasada como información que el alcalde de Estepona, David Valadez, sería llamado a testificar como imputado. Al día de hoy, no se ha producido esa supuesta imputación y parece que la jueza no tiene previsto dictar una providencia en ese sentido. Se ha dado cancha a una mercancía sin comprobar, es de suponer porque la fuente manipuladora gozaba de cierto crédito. En términos académicos nos encontramos ante un no-acontecimiento: se ha construido un relato periodístico sobre algo que no ha ocurrido, una pura ficción elevada a categoría de noticia, esparcida a los cuatro vientos por la acción amplificadora de las empresas informativas. Ninguno de los propagadores de esa falsa historia ha corregido su error. ¿Será por exceso de soberbia? Es hora de abrir una serena reflexión por parte de los medios sobre sus actuaciones desafortunadas y sus nefastas consecuencias.