Compromiso firme

Andalucía da un paso más en la protección de las personas vulnerables en materia de desahucios. Los presidentes de la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) han firmado hoy un convenio que supone un importante avance para frenar los desahucios. Este convenio de colaboración, el más amplio de los que existen en nuestro país, permitirá que los jueces puedan comunicar a los desalojos de familias en riesgo de exclusión social e incluso podrán suspender el lanzamiento. De esta forma, los servicios sociales de la Junta y los municipales tendrán acceso a información sobre familias vulnerables frente a los desahucios y podrán actuar con tiempo para buscar una solución.

El texto contempla un protocolo de actuación para las ejecuciones hipotecarias. Se inicia con la información del Código de Buenas Prácticas para que los afectados puedan dirigirse a la entidad crediticia y proponer medidas. En los desahucios, la primera de ella es facilitar el acceso a los programas de los servicios sociales. Se adoptarán medidas para la pronta detección por parte del órgano judicial de los casos de riesgos, de los que darán traslado a los servicios sociales y a la Consejería de Fomento, para su inclusión en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda.

Con este convenio, impulsado por la presidenta Susana Díaz, Andalucía refuerza su posición de liderazgo en la lucha contra los desahucios. Contamos con una ley de referencia como la de Función Social de la Vivienda. Una ley pionera y comprometida que no podemos desarrollar en su totalidad por el recurso presentado por el Gobierno del PP ante el TC.

Pese a todo, desde 2012 el Gobierno andaluz ha atendido a 7.877 personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y es la única CCAA que ha paralizado los desahucios en el parque público de vivienda. Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos querido seguir avanzando y hemos seguido legislando para dar más protección a los ciudadanos:

  • La ley de protección de los derechos de los usuarios ante el mercado hipotecario ya está en el Parlamento.
  • Estamos ultimando el proyecto de ley de tanteo y retracto de viviendas afectadas por desahucios y dentro de poco llegará a la Cámara para su debate.
  • El nuevo plan de vivienda y rehabilitación 2016-2020 tiene un alto componente social y facilitará el acceso a viviendas en alquiler a familias en riesgo de exclusión social.
  • Y aún un paso más: trabajamos ya en un plan de acción integral contra los desahucios. Contendrá un conjunto de medidas estructuradas en torno a seis áreas de actuación: Información y Asesoramiento, Asistencial, Mediación, Sanitaria, Legislativa y Cooperativa.

Los hechos son tozudos y demuestran el compromiso firme de la Junta por combatir este drama social de los desahucios.

Foto.- Díaz, Lesmes (CGPJ) y Rodríguez Villalobos (FAMP), durante la firma del convenio.

Dos caras de la misma moneda

La Consejería de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Andalucía ha organizado entre ayer y hoy unas jornadas preparatorias de la futura ley autonómica de transparencia con el lema ‘En Andalucía más transparencia, más democracia’. No han podido ser más fecundas y oportunas: la claridad debe impregnar a todo el quehacer público para recuperar la confianza ciudadana y como antídoto de la corrupción, que de acuerdo con la última encuesta del CIS se ha convertido en el segundo problema para la sociedad española (ha pasado del 17% en enero hasta el 40% en febrero a raíz del caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP) tras el desempleo.

Me ha tocado moderar la última mesa redonda: ‘Transparencia y medios de comunicación. ¿Qué espera la sociedad?’, a la que han asistido como ponentes los periodistas Román Orozco, María Esperanza Sánchez, Ignacio Escolar, Mabel Mata y Lalia González Santiago. De acuerdo con el programa, nos tocaba hablar y debatir sobre las relaciones entre los representantes públicos y los medios de comunicación, el acceso de éstos a la información y su traslado a la ciudadanía, que demanda una información veraz y transparente.

Cuando hablamos de transparencia, de participación ciudadana, de gobierno abierto, todos pensamos en una relación directa entre las distintas administraciones y la ciudadanía. Una interacción sin intermediarios gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. Estas nuevas formas comunicacionales (redes sociales, web 2.0…) han roto el monopolio de los medios como enlace entre los representantes y los representados. Cualquier ciudadano puede conversar hoy con un cargo electo que tenga una cuenta en Twitter o Facebook. No obstante, los medios siguen siendo actores fundamentales en el espacio público y continúan construyendo la realidad social.

Los medios son agentes socialmente legitimados para conectar a los poderes públicos y la ciudadanía. Y para ejercer ese rol se les asigna una serie de responsabilidades y el mandato constitucional de ofrecer una información veraz. Si las administraciones tienen una obligación de transparencia, a los medios les corresponde actuar con independencia y desde el cumplimiento de la función social que tiene encomendado el periodismo en las sociedades democráticas. Transparencia pública e independencia mediática son dos caras de la misma moneda. (Por eso, entiendo el rechazo a las ruedas de prensa sin preguntas, aunque quizá lo más efectivo sería un plante de todos los periodistas, con sus directores, y todos los medios a ese tipo de convocatoria. Esta misma semana una iniciativa de este tipo ha obligado a una ministra, Ana Mato, a dar marcha atrás ante la negativa de los periodistas de asistir a un simulacro de comparecencia. Por favor, no más ruedas de prensa a través de un plasma). Las instituciones tienen un deber de transparencia y por esa razón me ha molestado la decisión de la Santa Sede de impedir más ruedas de prensa de sus cardenales. Seamos o no católicos, es un asunto de interés la elección del jefe de Estado del Vaticano y no se puede implantar el oscurantismo en los tiempos que corren, ni en Roma ni en Pekín.

Si se pide una administración de cristal, accesible y abierta, también la sociedad exige unos medios que actúen con deontología a la hora de contar las cosas. Los medios no pueden construir la realidad a través de un cristal traslucido, cuando no opaco y ajeno a la verdad. Los medios han de ser notarios de la realidad y no agentes activos de estrategias políticas, desvirtuando los valores en los que se asienta el periodismo. En España existe un partidismo inasumible en las empresas informativas que atenta contra los más elementales principios periodísticos.

Y una última idea que he planteado en mi intervención inicial: la transparencia no puede ser una desventaja para la administración que la practique frente aquellas que permanezcan cerradas a cal y canto, que no operen con luz y taquígrafos. El hecho de que una institución se abra a la sociedad no ha de implicar una mayor presión mediática y que se olvide la más necesaria fiscalización de aquellas que se aferren a la opacidad. Porque noticia, en palabras del periodista norteamericano Jack Robbins, es precisamente “la información que alguien quiere ocultar”.

Condena mediática

La imputación, desde un punto de vista procesal, se justifica como una garantía en la defensa para las personas inmersas en una causa judicial. Desde la perspectiva de los medios de comunicación se interpreta como una condena, un fallo adverso por la vía rápida. Muchas cabeceras se olvidan del derecho constitucional de la presunción de inocencia y dictan la tan en boga pena de telediario o de primera página de periódico. Por esta razón, más que una salvaguarda para los implicados, la imputación se convierte en un calvario. El nombre de la víctima de este linchamiento público y publicado queda manchado sin importar que más adelante la diligencia judicial dictamine su inocencia.

Lo que en el comienzo de la instrucción del caso eran grandes titulares y derroche de tiempo o espacio informativos, posteriormente cuando la causa se sobresee o la vista oral concluye sin culpables, todo se reduce a una noticia sin relevancia que se da casi de soslayo y que incluso, en ocasiones, se llega a omitir. Total, una absolución ya no tiene interés para los fedatarios de la actualidad. Con esta forma de actuar, los medios hacen un flaco favor a su credibilidad y ponen en entredicho su deber de ofrecer a la ciudanía una información veraz, ecuánime y completa.

No se trata de amordazar a los periodistas ni de imponer ningún tipo de censura a su quehacer profesional. Tan sólo apelar a la responsabilidad y a la función social de mediación que cumplen en una sociedad democrática. Hay que confeccionar el relato de actualidad sin estridencias y en su justa medida sin renunciar a la libertad de expresión. El sensacionalismo y los apresurados juicios paralelos son antitéticos con el buen periodismo. Las hemerotecas y los archivos audiovisuales están repletos de injusticias por la precipitación mediática en divulgar premonitorios veredictos sin aguardar el final del procedimiento. Los errores periodísticos no matan, pero tiran por tierra el honor y el prestigio de unos ciudadanos que, sin entender por qué, sufren un tormento indescriptible.

Por ejemplo, todos los medios sin excepción dieron la semana pasada como información que el alcalde de Estepona, David Valadez, sería llamado a testificar como imputado. Al día de hoy, no se ha producido esa supuesta imputación y parece que la jueza no tiene previsto dictar una providencia en ese sentido. Se ha dado cancha a una mercancía sin comprobar, es de suponer porque la fuente manipuladora gozaba de cierto crédito. En términos académicos nos encontramos ante un no-acontecimiento: se ha construido un relato periodístico sobre algo que no ha ocurrido, una pura ficción elevada a categoría de noticia, esparcida a los cuatro vientos por la acción amplificadora de las empresas informativas. Ninguno de los propagadores de esa falsa historia ha corregido su error. ¿Será por exceso de soberbia? Es hora de abrir una serena reflexión por parte de los medios sobre sus actuaciones desafortunadas y sus nefastas consecuencias.

Silencios

He visitado sitios web que son referencia corporativa del mundo del periodismo (FAPE, asociaciones de la prensa, sindicatos de periodistas…) y no he visto ni una muestra de apoyo a los profesionales del Grupo Prisa que cumplen con su función social y su derecho constitucional de informar verazmente sobre el caso Gurtel después de la agresión descarnada y patética del Partido Popular a su trabajo y a ese bien sagrado en democracia que es la libertad de expresión.

He buscado y rebuscado, y no he encontrado nada. Quizá se me haya podido escapar algo por mi impericia o mi inconstancia en el rastreo. No quiero hacer una generalización, pero me extraña sobremanera ese silencio sepulcral que se observa en espacios obvios para una defensa razonada y razonable del quehacer periodístico, ese sigiloso mutis por el foro, esa ausencia total de una palabra de ánimo para esos jornaleros de la comunicación, más allá de las que han encontrado en los foros de opinión de su propio grupo empresarial.

Es un testimonio más del desarme y la desunión que anida en el sector, una evidencia fehaciente de que cada periodista se suma o, en el mejor de los casos, elude desmarcarse expresamente de las banderías de sus respectivas cabeceras en este despropósito de las trincheras mediáticas. Como no hay una unidad de acción en este gremio de unos pocos divos y un enorme ejército de obreros, ninguna ventanilla corporativa alza la voz contra la arremetida intolerante y grosera del PP hacia teóricos compañeros (¿?) para no levantar ampollas o herir hipócritas susceptibilidades.

Hay silencios que duelen o resultan estruendosos. Éste es uno de esos tristes gestos que minan el periodismo y dejan al gremio con las vergüenzas al aire. Siempre espero algo, no pierdo la esperanza, y la realidad me devuelve con cierta decepción a mi posición descreída. Esta profesión no tiene remedio.

Hemeroteca

Comunicado del PP (19/7/2009)

El PP acusa a los medios de trabajar al margen de la libertad de expresión (Cadena Ser, 19/7/2009)

El PP acusa al Gobierno y a “un determinado grupo de comunicación” de tratar de aniquilarle (El País, 20/7/2009)

El mundo al revés (El País, 21/7/2009)