Pena de telediario

Curiosa unanimidad de las principales cabeceras en el quiosco nacional. Salvo El País, El Mundo, ABC, Público, La Razón, La Vanguardia o El Periódico de Catalunya dedican su ilustración de primera página a los detenidos, esposados y/o saliendo del furgón policial para ingresar en prisión, de la operación Pretoria, investigación del juez Baltasar Garzón que ha desarticulado una trama corrupta en la que participaban destacados representantes de CiU (Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, hombres fuertes de la era Pujol) y PSC (Bertomeu Muñoz y Manuel Dobarco, alcalde y edil de Urbanismo de Santa Coloma de Gramanet, y el diputado Luis García). Sin embargo, se da la paradoja que muchos de ellos critican que el Ministerio de Interior no ponga remedio para evitar que se airee esta delicada situación cuando los señalados aún no están condenados en firme. En estos rotativos se concluye que estas imágenes dañan la presunción de inocencia de los afectados, la denominada pena de telediario resultaría excesiva e insoportable.

Dice El Mundo en su editorial que «no era necesario esposarlos y menos exhibirlos«. En sus páginas de opinión, El Periódico de Catalunya coincide en que «las detenciones y el traslado a Madrid de los detenidos en la operación Pretoria se antojan excesivas» y que abunda en que «hay que preguntarse si en la sociedad mediática en que vivimos no deberían revisarse los procedimientos para que a los presuntos culpables no se les aplique además la llamada pena del telediario«. También La Vanguardia, en un texto de Jordi Ricou, sugiere que el uso de las esposas implica una «vejación gratuita»: «Los detenidos en la operación Pretoria han pagado ya su primera condena. Es la ‘pena de telediario’, reservada para aquellos detenidos que sólo unas horas después de ser arrestados y cuando aún no han prestado declaración ante el juez aparecen ya esposados en los medios de comunicación. Y en este caso esa pena mediática se ha dictado con el pack completo. A la conducción con esposas hay que sumar dos noches de calabozo, un traslado de varias horas en furgón policial, una tercera noche en prisión y recogida de pertenencias personales –en una zona al alcance de las cámaras de televisión– metidas en bolsas industriales de basura«.

Choca esta voz en coro de los periódicos demandando respeto de los derechos de los inculpados y al mismo tiempo difundiendo a los cuatro vientos estas instantáneas. Hace unas semanas, a raíz de la difusión de las detenciones por el caso Palma Arena, el ministro del Interior aseguró que se había producido un error y que no se habían seguido las instrucciones del delegado del Gobierno. En realidad, no existe un protocolo sobre el uso de las esposas (la decisión queda al criterio -o al arbitrio- del mando policial del turno) ni se puede censurar la labor de los profesionales que buscan facilitar una información veraz. No habría que pedir para los políticos con problemas con la justicia un trato diferenciado que el que recibe el resto de los mortales. Estas imágenes están al cabo de la calle cuando los afectados son personas anónimas y no acabo de entender este exceso de celo que reclaman los medios cuando los protagonistas tienen cargo institucional o relevancia pública.

Otra derivada del caso. El PP, hace unas semanas, puso el grito en el cielo cuando sus cualificados militantes detenidos por la corrupción en el caso Palma Arena fueron grabados o fotografiados esposados a la salida de las dependencias judiciales. Ahora tienen una oportunidad de pedir para los demás lo que no querían para ellos. Además, como recordaba ayer Javier Pérez Royo, se les acabó la coartada. La operación judicial, además de las imágenes de los implicados en el affaire Pretoria, demuestran que no hay persecución ni trato discriminatorio al principal partido de la oposición en España. Ya ocurrió antes en Estepona, Alcaucín o El Ejido. En unos de sus editoriales de hoy, bajo el título Justicia a discreción, El País sostiene: «La contundente actuación del juez también da pie a otros contrastes. Basta recordar que el PP recusó a Garzón por ‘socialista’ cuando desató la operación Gürtel, y que luego Mariano Rajoy denunció que se dispensaba mejor trato a los ediles socialistas acusados de corrupción que a los cargos de su partido. Las imágenes del alcalde socialista de Santa Coloma, que con esposas llegó al juzgado y con ellas regresó a la cárcel de Soto del Real, desmienten el victimismo del PP«.

Simplemente se persigue al que delinque y los medios de comunicación tienen el deber de dar cuenta a la ciudadanía de lo que acontece. Lo que debería preocuparle al partido de Mariano Rajoy es tener tanta manzana podrida en su canasto y la sombra alargada de la Gürtel.