Daño irreparable

Resultaría chocante culpar a un fabricante de coches del accidente de tráfico de un conductor negligente. Nadie entendería que el productor de un vehículo fuera el responsable de un siniestro porque el que fuera al volante no hubiera respetado el código de circulación o condujera con índices no permitidos de alcohol en la sangre. Ésa es la sensación que me queda después de haber leído y releído el último de la juez Mercedes Alaya que imputa a una veintena de ex y altos cargos de la Junta de Andalucía, casualmente los que no están aforados para no perder la causa, dentro de la investigación de un posible fraude en los expedientes de regulación de empleo. Ante todo, quiero dejar claro que me repugna este caso, donde un alto cargo, no éstos que señala la instructora, en connivencia con una trama externa de aseguradoras y comisionistas han defraudado dinero público. La magistrada señala ahora a unos servidores públicos honestos y responsables por el mero hecho de cumplir una ley, la ley de Presupuestos aprobada todos los años en el Parlamento, y se les somete a la pena del telediario sin atribuirle ningún delito. Entonces, ¿por qué se les apunta con el dedo acusador? Reputados penalistas y catedráticos de Derecho entienden que en la actuación política y administrativas de estos antiguos cargos no es constitutiva de delito. Dicho de otra forma, que se les imputa al margen del Código Penal. Las palabras de José Antonio Martín Pallín hoy en la Cadena Ser no pueden ser más elocuentes. En cambio, la jueza los sitúa al borde de la indefensión y del escarnio público gratuitamente. Quizá esta imputación no llegue a ningún sitio pero el daño político y personal que están padeciendo ya estas personas será irreparable.