Empatía, por favor

Hay noticias que por muy curados de espanto que estemos nos sorprenden e incluso nos escandalizan. Esta semana Federico Trillo, infausto ministro de Defensa de la etapa Aznar, ha vuelto a la primera plana por un dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza a su departamento del accidente del Yak-42 en 2003, que costó la vida a 62 militares. El órgano consultivo considera que no se actuó pese a las sospechas de riesgos que suponían los desplazamientos en esos obsoletos aviones ucranianos. Trillo, tras haberse encargado de la coordinación de la defensa de los asuntos turbios del PP, fue premiado con la embajada de España en Reino Unido cuando el PP llegó a la Moncloa en 2011. Ahora que su mandato ha concluido se refugiará como letrado mayor en el Consejo de Estado. No se ve en Trillo ni un ápice de arrepentimiento por la mala gestión con el Yak 42 o de empatía con el dolor de las familias de las víctimas. El Gobierno del PP también se sacude el problema, aunque María Dolores de Cospedal haya cerrado una reunión con los allegados de los fallecidos. Mariano Rajoy sitúa la tragedia en el pasado: no se ha molestado en disimular su pasotismo frente al desconsuelo de las familias. Ni siquiera han tenido los arrestos de anticipar el cese de Trillo como embajador, como gesto aunque sea tardío de asunción de responsabilidad política. Trece años después, hemos comprobado que el sufrimiento de los familiares persiste, que sólo buscan la verdad y cerrar un triste capítulo de su historia con una simbólica victoria moral frente a la indignidad del ex ministro. Este vídeo de la portavoz del plataforma de afectados, Curra Ripollés, resulta conmovedor y refleja el sentimiento de las víctimas.

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Inquisidores

Rajoy, Camps y Trillo

Aquelarre de la derecha en Alicante. Acto de exaltación de dos personajes públicos en el disparadero por acciones u omisiones que exigirían la asunción de responsabilidades políticas y éticas. Mariano Rajoy ha unido su destino al del presidente de Valencia, Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho (la recepción de regalos a cambio de la adjudicación de contratos públicos) en el denominado caso Gurtel, y al del ex ministro de Defensa Federico Trillo, que sigue sin dar una explicación mínimamente solvente tras la sentencia condenatoria a tres de sus colaboradores tras el despropósito monumental de la gestión de la repatriación de los cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak 42.

Rajoy se fue a tierras alicantinas a arropar a sus compañeros descarriados, a ofrecer su apoyo inquebrantable a dos cargos públicos en la picota, a contraponer una respuesta populista (o peronista) a la actuación de los mecanismos del estado de derecho… Nítida exhibición del compañerismo irracional. No ha aprendido nada de los errores ajenos en este campo. Y por si fuera poco, el PP pone en entredicho las reglas del juego, sembrando dudas sobre la actuación de la justicia, y su presidente nacional retuerce su sobreactuación, imposta hasta la exageración el honor supuestamente mancillado, acusando de inquisidores del siglo XXI a aquéllos que demandan simplemente la aplicación del código ético del que se dotaron los populares. 

Éstos que teóricamente eran incompatibles a la corrupción no encajan bien la crítica cuando ellos han quemado, políticamente hablando, a muchos adversarios, cuando han desplegado cruzadas contra dirigentes socialistas sin ningún tipo de misericordia ni fundamentación jurídica. Por poner un ejemplo elocuente: a Felipe González no sólo lo persiguieron como perros de presa, también, como ha reconocido el periodista José María Anson, se urdió un complot mediático para derribar por métodos mafiosos a un presidente democrático. Antes metían fuego a las piras, ahora demuestran tener mandíbula de cristal. Ellos prescribían diatribas, insidias y descalificaciones, pero no admiten la más mínima ración de reprobación pública y control democrático de acciones reprochables desde el punto de vista político y ya veremos si penal (la trama de Gurtel tiene proceso judicial en curso y mucha miga en cuanto a indicios de comisión de delitos). Rajoy compromete su suerte a la de dirigentes infectados de un virus que en política requiere una profilaxis menos pasional y corporativa y sí más moderada, más racional, más prudente.

Foto: El País.

Justicia y honor

El tribunal ha hecho justicia seis años después con las víctimas del Yak-42 y, sobre todo, con la larga lucha de las familias. La sentencia ha dejado claro que fue un despropósito la gestión de la repatriación de los cadáveres de los 62 militares fallecidos en el accidente de un avión militar en un sistema montañoso en Trebisonda (Turquía) en mayo de 2003. Los magistrados han condenado a los jefes responsables a severas penas: tres años de prisión al general Vicente Navarro por falsedad documental en las actas de identificación de los fallecidos y 18 meses para los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez como cómplices.

La sentencia considera un hecho probado que el equipo médico turco advirtió a los acusados de la conveniencia de realizar pruebas de ADN y que el general Navarro, movido por la urgencia de un funeral de Estado fijado al día siguiente con presencia anunciada del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, elaboró la lista en la que “aparentaba que todos los cuerpos habían sido identificados, cuando lo cierto es que las identidades habían sido identificadas de forma aleatoria en 30 casos”. En definitiva, que se jugó con prisas y con desconsideración hacia la memoria de las víctimas y el dolor de las familias. Los pitos y las protestas durante el sepelio fueron constantes ante las sospechas más que fundadas de la deficiente gestión.

La Audiencia no se pronuncia sobre los responsables políticos del Ministerio de Defensa por no estar inmersos en la causa. Si bien después de este fallo, algunas de aquellas autoridades, en especial el titular del Ministerio, Federico Trillo, deberían de tener la altura ética de asumir responsabilidades políticas por el garrafal error cometido. Y no sólo se quedó ahí, sino que Trillo maniobró, con nocturnidad y alevosía, para desde los resortes del Estado lograr la anulación del caso. Intento frustrado  de evitar que los tribunales juzgaran este descomunal desatino.

Hablando en jerga castrense, si al ex ministro y hoy diputado del PP le quedará una pizca de honor, tendría que renunciar a su escaño en solidaridad con sus subordinados y por ser responsable último del desacierto. Sin más demora ni excusas, Trillo ha de coger la puerta por el profundo sufrimiento causado a las familias. De no actuar de forma voluntaria, el PP y su líder, Mariano Rajoy, tienen la pelota en su tejado y han de actuar con diligencia si no quieren que la sociedad española los considere copartícipes de esta indecencia política.

¿Dónde está Trillo?

Ha comenzado la vista oral por el accidente del Yak-42 con un guión previsto: la indignación de las familias de los 62 fallecidos por un error de tanto bulto y las excusas insolventes de los mandos militares que se sientan en el banquillo. La primera sesión del juicio confirma la voluntad del Gobierno de entonces de dar carpetazo a una desgracia mayúscula que se cebó con las fuerzas armadas españolas.

Todo ocurrió un 26 de mayo de 2003 cuando un avión alquilado por el Ministerio de Defensa para trasladar tropas desde Afganistán a España se estrelló en el monte Piav, en Trabzon (Turquía). La gestión de este desastre se puede calificar de calamitosa, posiblemente, por la urgencia del Ejecutivo de José María Aznar por eliminar este asunto de la agenda pública cuanto antes. El resultado de esta premura fue el error en la identificación de 30 de las 62 víctimas. ¿Por qué tanta prisa cuando los técnicos sobre el terreno informaron de la dificultad para reconocer cuerpos tan quemados por la violencia del siniestro? Documentos oficiales de los que hoy da cuenta El País certifican esta impresión de los mandos militares y apuntan a que fue el titular de Defensa, Federico Trillo, el que instó a continuar con la tarea para repatriar los cadáveres al día siguiente pese a las dudas existentes.

¿Por qué no está este ex ministro entre los encausados? Seis años después, tres mandos militares están procesados por un presunto delito de continuado de falsificación de documento oficial por la errónea identificación. Trillo, en cambio, ni siquiera ha asumido sus responsabilidades políticas por un incidente de tanta magnitud. El hoy ex ministro sigue ocupando un escaño de diputado e intentando sin conseguirlo dar lecciones de moralina, asumiendo la portavocía de su partido en materia de justicia. El dirigente del PP ha demostrado que su dignidad política cotiza muy a la baja. Está escondido, sin dar la cara, agazapado esperando a que escampe sin arropar a sus colaboradores. Por muchísimo menos que esto, la presencia en una cacería sin licencia, Mariano Fernández Bermejo tuvo que dimitir hace unas semanas como ministro de Justicia. Diferentes formas de entender la ética y la decencia pública.

Además de la causa de las identificaciones, el juez Fernando Grande-Marlaska instruyó otro sumario sobre la contratación del avión, un proceso administrativo plagado de errores y con resoluciones  escandalosas que deja en evidencia el poco aprecio y respeto que sentían los responsables de Defensa durante los años de gobierno del PP hacia las tropas españolas que eran destacadas en misiones de paz. Importaba más la tarifa de alquiler de las aeronaves que las condiciones de las mismas y la seguridad de los transportados. Por eso, el Yak-42, un avión de bandera ucrania y sin las garantías básicas para volar, se estrelló en el corazón de Turquía. Aquí empieza la verdadera historia de una catástrofe que se podría haber evitado.

Cronología de los hechos.