Marea corrupta

La mancha de la corrupción se extiende en el seno del Partido Popular como una marea negra. No son hilillos de plastilina, como Mariano Rajoy definió desgraciadamente en su día la catástrofe del Prestige en las costas gallegas, sino un terremoto político de morrocotudas dimensiones y de imprevisibles consecuencias. La cúpula popular no puede limitarse a echar balones fuera y enrocarse en la teoría de la conspiración. Necesita reconocer que tiene un grave problema para poder empezar a resolverlo. Su reacción airada y hostil contra la administración de justicia y las fuerzas de seguridad del estado confirman que aún no están en el camino de la rehabilitación contra la pandemia que corroe sus cimientos éticos, que tiene en el caso Gurtel su virus más destructivo. El PP sólo es víctima de sus propios errores y de las malas compañías.

La trama Gurtel cada día depara nuevos datos sobre la implicación de las más altas instancias del PP valenciano; ya en Madrid ha dejado un importante reguero de salpicados por comportamientos ilícitos, por actos indeseables en democracia. Datos conocidos por la opinión pública gracias a la pericia de los medios de comunicación. Ahora el PP critica las filtraciones, le molesta este ejercicio de libertad de expresión. No hace mucho tiempo, sin embargo, jaleaban los pormenores de las investigaciones judiciales de los sumarios del GAL o de Filesa publicadas a toda página por algunos periódicos. Cuando las barbas que se rapaban eran otras no tuvieron la prevención de poner las suyas a remojar. Nadie aprende por cabeza ajena. Eran los tiempos en que José María Aznar flameaba el espantajo de que el PP era un partido incompatible con la corrupción, un lema que la realidad ha disuelto como un azucarillo. En el PP han anidado aves (o gaviotas) de muy mal agüero.

El último informe de Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía desvela con pelos y señales una presunta trama de financiación ilegal del PP en Valencia en la que participan y/o están al tanto la plana mayor de esta organización política. Están en el ajo el número dos del Gobierno regional, el vicepresidente Vicente Rambla, y el número dos del partido, Ricardo Costa. Los dos hombres de máxima confianza del presidente, Francisco Camps, se codean con los conseguidores. Por si no fuera suficiente, la farmacia que regenta la esposa de Camps se convierte en una especie de estación intermodal de tráfico de mensajes y recados de ida y vuelta. Item más, las escuchas policiales, autorizadas por el juez, confirman contactos directos entre el presidente valenciano y los cerebros mafiosos de la red. ¿Duda alguien a estas alturas que Camps era ajeno a los tejemanejes de sus colaboradores? ¿Cuestiona alguien que el presidente no fuera consciente del potaje corrupto que se cocía a fuego lento incluso en el establecimiento de su cónyuge?

Mariano Rajoy vinculó su futuro al de su amigo Paco Camps. Lo dijo él a boca llena en el fragor del escándalo de los trajes regalados a cambio de algo que ahora se comienza a ver. Más vale que empiece a soltar lastre y marcar distancias con su compañero. Huele demasiado a putrefacción en el entorno de Camps, las olas de aguas fecales rompen ya en los umbrales de la madrileña calle Génova. No caben ni excusas ni silencios cómplices. Ni esperar a que pase la tormenta, el tiempo no ejerce de antídoto contra este veneno. Es la hora de la rectificación y de las decisiones firmes. De lo contrario, la marea corrupta arrastrará también a Rajoy.

Mascletá en la Gurtel

Mariano Rajoy se mesaba sus barbas y respiraba tranquilo mientras degustaba un puro en su despacho de la calle Génova de Madrid. Todo ha acabado, la tormenta del caso Gurtel ha amainado. En Valencia, Francisco Camps festejaba con voz atiplada que las cuentas del PP están en orden y son claras. Era el momento de la descomprensión después de una extraña maniobra de la sala del Tribunal Superior de Justicia valenciana presidida por el íntimo amigo del presidente de la Generalitat, el magistrado De la Rúa, de archivar la causa por financiación ilegal cuando las pruebas eran más que evidentes. La calma ha durado apenas unas cuantas horas.

El caso Gurtel ha estallado a la grande, con el ruidoso aparato pirotécnico de una mascletá, gracias a un informe demoledor de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía. En un documento de noventa páginas, esta especializada unidad policial desmenuza pormenorizadamente toda una estructura de financiación ilegal del PP en Valencia con conocimiento y participación del vicepresidente del Gobierno regional, Vicente Rambla, del secretario general, Ricardo Costa, el vicesecretario David Serra y de la tesorera del partido, Yolanda García. Esta solvente investigación, que demuestra una conducta delictiva y reprobable de cargos públicos, fue desestimada por el togado amigo de Camps acogiéndose a unas rebuscadas e inexplicables cuestiones de forma.

¿Como un representante del poder judicial puede mirar a otra parte cuando tiene en sus manos un documento que descubre actividades irregulares punibles con la legislación en la mano? Resoluciones de esta naturaleza nos hacen dudar del tercer poder, pensar que la justicia no es confiable. Estamos hablando de presunta financiación ilegal, de tráfico de influencias, de malversación de fondos públicos, de falsedad documental o de delito fiscal con evidencia de cajas B, dinero negro, dobles contabilidades y facturas falsas con la gestión de dos de los conseguidores de la trama mafiosa (El Bigotes y Pablo Crespo) y con la colaboración de cinco potentes constructoras. Todo probado y requeteprobado. (El País lo cuenta con todo lujo de detalles).

Aquí no caben ni gritos ni lamentaciones sobre teorías conspirativas o manías persecutorias. El caso Gurtel adquiere una dimensión extraordinaria. La relevancia de los nuevos datos conocidos trasciende con mucho al inmoral y antiestético asunto de los trajes regalados. El informe de la UDEF supone un salto cualitativo que requiere la acción inmediata de la administración de la justicia  (no se pueden quedar impunes delitos de tanta gravedad) y, además, que el PP se deje de evasivas y proceda a abrir las ventanas de su casa, unas dependencias que huelen a podrido por la cercanía de las cloacas, y aparte a los garbanzos negros cuanto antes.

A expensas de lo que ocurra en Valencia, hay un centenar de imputados por el sumario de Gurtel en toda España, entre ellos un par de decenas de cargos del PP, con un tesorero nacional (Luis Bárcenas) y un diputado (Jesús Merino) en la picota. La gangrena está muy extendida y se necesita profilaxis con urgencia.