Las reválidas ya son historia

La eficacia del trabajo político se mide por los resultados que se consiguen. En este mes escaso que lleva rodando la legislatura se ha logrado ya, entre otras cuestiones, frenar la dañina LOMCE y hoy suspender las reválidas, que tenían en vilo a más de medio millón de estudiantes españoles. El PSOE ha trabajado de la mano de la comunidad educativa para frenar una injusta reforma impuesta por el Partido Popular sin consenso. Gracias al acuerdo alcanzado entre el Ministerio y comunidades autónomas, se vuelve al modelo anterior, a la selectividad, para el acceso a la Universidad tras cursar 2º de Bachillerato y se dejan definitivamente sin valor académico las pruebas de final de Primaria y ESO. De esta forma, se transmite tranquilidad y certidumbre a los niños y niñas y a sus familias a la hora de encarar el final del curso sin sobresaltos. Esta rectificación del Gobierno de Mariano Rajoy supone una buena noticia para toda la comunidad educativa y permite ser razonablemente optimistas para que en el plazo de seis meses se pueda alcanzar un gran pacto nacional sobre el modelo educativo que supere el fiasco de la LOMCE. Un pacto que consolide una educación de calidad, que garantice la igualdad de oportunidades, que no segregue y favorezca la integración y que proteja la educación pública. Una buena noticia para todos que ha tardado en conseguirse por el empecinamiento del PP en mantener una hoja de ruta equivocada y sin contar con ningún apoyo. Se empiezan a revertir las perniciosas medidas de la época del rodillo de Rajoy y a demostrar que esta legislatura desde la oposición se puede conseguir muchas cosas.

Foto.Huffington Post.

Distrito único

Uno de los cometidos de un gobierno es transmitir seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Y ese es el objetivo del acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía y los rectores en el marco de la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades para mantener el sistema de distrito único para el acceso a la universidad en la comunidad autónoma, a pesar de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se mantiene un único sistema de acceso a todas las universidades públicas andaluzas y no que cada una de ellas fije sus propios criterios, como permite la fatídica norma elaborada por el Gobierno de España de la mano del pernicioso José Ignacio Wert. Así, se garantiza la igualdad de oportunidades y la transparencia en el acceso de los estudiantes a las enseñanzas superiores de grado y máster bajo el prisma del mérito académico.

La apresurada aplicación de la LOMCE ha dejado muchos cabos sueltos y ha generado mucha incertidumbre en la comunidad escolar. De esta forma, en el ejercicio de la autonomía previsto en la propia ley, Junta y rectores han dado un paso para aportar seguridad a los primeros estudiantes y sus familias, disipando todas las dudas que genera la LOMCE. Esta actuación implica que los jóvenes que han empezado este curso el bachillerato con el nuevo sistema educativo tienen la certidumbre del modo de acceso a la Universidad a través de selectividad y que sólo realizarán pruebas relacionadas con las asignaturas que cursan en bachillerato.

Con este acuerdo Andalucía vuelve a marcar el camino tomando decisiones que benefician a los estudiantes. Desde el primer momento, el Ejecutivo que preside Susana Díaz ha mantenido una postura crítica contra LOMCE por el fondo, muy perjudicial para la igualdad de oportunidades y lesivo contra la escuela pública, y también las formas con que se ha puesto en marcha, con prisas, sin consenso, sin financiación suficiente y alterando el sistema educativo, que es clave para la construcción de la sociedad mejor y más justa. Por eso, se Andalucía hemos articulado medidas para paliar esta ley regresiva y dañina, medidas como ésta de mantener el distrito único universitario, el rescate de la asignatura de Educación para la Ciudadanía o el blindaje de las enseñanzas artísticas.

Foto.gelannoticias.blogspot.com. La presidenta andaluza, durante la inauguración del curso universitario 2015/16 en la Pablo Olavide de Sevilla.

Demasiado daño

Dice el refrán que a enemigo que huye, puente de plata. Y José Ignacio Wert ha sido el enemigo número uno de la educación pública y de la igualdad de oportunidades, siguiendo instrucciones del presidente del Gobierno. Se va el brazo ejecutor, y bienvenida esa salida, pero nos queda combatir las políticas perniciosas de un Partido Popular que han perjudicado al sistema público en todos los niveles, desde la educación infantil hasta la Universidad. Han sido tres años de desmontaje de este pilar del estado del bienestar, de liquidación de este ascensor social, de ausencia de diálogo y de imposición de un modelo ideológico que segrega y apuesta por lo privado con una envenenada reforma educativa, la fatídica LOMCE. El daño que ha provocado la gestión de Wert como ariete de Rajoy costará muchos años repararlo. No tengo mucha confianza en cambios porque la autoría intelectual de la gestión del ministro saliente es del presidente y la fundación de Aznar (FAES). Pero hay que exigirle al inquilino de la Moncloa un cambio de política (la que ha seguido no gusta a nadie y se ha impuesto con el rodillo de su mayoría absoluta) y un cambio en la forma de hacer política (más abierta, dialogante, consensuada y participativa). El mejor cambio, sin duda, debe ser en las urnas y se producirá en las elecciones generales dentro de muy pocos meses.

Del túnel a la caverma

Forges ha sintetizado genialmente hacia dónde nos conduce el Gobierno de Rajoy con su perjudicial gestión de la salida de esta maldita crisis. Une dos metáforas: del túnel de este tenebroso periodo de turbulencias económicas, sociales y políticas a la caverna del pasado. El Ejecutivo del PP protagoniza una enorme involución con leyes como la del aborto o la de seguridad ciudadana, con la reforma educativa, laboral o de la administración local, con la privatización de servicios públicos o el copago, con una justicia sólo para quienes tienen recursos y pueden pagar las tasas… Suma y sigue. En definitiva, recortes en derechos y en libertades que nos hacen retroceder a tiempos de infausto recuerdo y dibujan un país menos atractivo y más gris.

Mal año para lo público

Despedimos 2013 en unas horas. Un año que en lo colectivo ha sido un disparate. La austeridad a ultranza aplicada por el Gobierno de Rajoy por indicación de Merkel y la fatídica troika se ha cebado sobre la inmensa mayoría de la población española. Hoy somos más pobres que hace 365 días, nuestros salarios son más bajos, nos han arrebatado derechos y libertades y se ha agudizado la brecha de la desigualdad. Con la excusa de la crisis se han desmantelado o privatizado servicios públicos y se han impuesto recortes insoportables. Con la pírrica satisfacción de unos cuantos indicadores macroeconómicos que despuntan (aumento de las exportaciones y reducción de la prima de riesgo), se nos anuncia una inminente recuperación económica gracias a estos severos ajustes que nos han hecho retroceder varios lustros en derechos y en poder adquisitivo.

Con coartadas falsas y con ideología de derechas, se ha procedido a una demolición calculada del estado del bienestar y se está empezando a dinamitar el estado de derecho con proyectos y anuncios que jibarizan nuestra democracia. Ya están sobre la mesa leyes reaccionarias y de otras épocas de tinieblas como la de seguridad ciudadana para desincentivas con grandes multas las protestas ciudadanas (cabría mejor llamarla ley de orden público como la de tiempos preconstitucionales), le ley de seguridad privada, las contrarreformas educativa o del aborto… Estamos caminando hacia atrás como los cangrejos bajo la batuta de un Gobierno corrosivo y antisocial que se entrega a los poderosos y castiga a amplias capas de la población, un Gobierno que perdona 40.000 millones a los bancos y cruje a los más perjudicados por esta prolongada crisis ya sean dependientes, estudiantes con becas, trabajadores o parados, personas en riesgo de exclusión o desahucios, un Gobierno que sólo piensa en la contabilidad y abandona a su suerte a las personas.

En lo personal todo fluye razonablemente. (Lo digo bajito, casi susurrando, para que no se deshaga el encanto). En el ámbito familiar también se notan las consecuencias del mal momento económico que vivimos, hay que ajustarse el cinturón como en casi todos los hogares y apretar los dientes.  El resto, quizá lo más importante, marcha: amor, salud y armonía en este clan diverso y geográficamente disperso. En lo político sigo en el mismo sitio con ilusiones renovadas y nuevas metas colectivas de la mano de la presidenta de la Junta de Andalucía. 2014 se antoja apasionante pero eso será materia de otro post.

Viñeta.- Erlich en El País.

Otra nueva reforma ideológica

Acción, reacción. La respuesta de Mariano Rajoy a la huelga de basura de Madrid es anunciar una reforma legal para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos. En su opinión, el Gobierno pretende conciliar este derecho fundamental recogido en la Constitución con el respeto a los ciudadanos. Por cierto, la movilización de este colectivo ha recibido mucha comprensión de los madrileños pese a las incomodidades porque han entendido y empatizado con las razones de su protesta.

Una reforma de esta enjundia no puede ser fruto de un calentón tras la calamitosa gestión de la protesta de los empleados del servicio de limpieza en Madrid ante la intención de las empresas concesionarias de despedir a más de 1.000 trabajadores. No ha habido en el presidente ni una sola palabra de crítica a la pasividad en el conflicto del Ayuntamiento, con su alcaldesa, Ana Botella, a la cabeza. Ni un solo reproche al ERE salvaje que pretendía poner en marcha la patronal. Ni una mínima reflexión sobre si este tipo de servicios se han de mantener bajo el paraguas de lo público o hay que externalizarlos. Rajoy ha tomado un atajo ideológico para cumplir con una vieja aspiración de los sectores más conservadores de este país. Primero, una reforma laboral que otorga todo el poder al empresario y ahora un paso más para limitar el derecho de huelga.

Un asunto de estas características requiere muchos diálogo y consenso político y social.  Las reglas del juego democrático y las cuestiones de estado no pueden estar al albur ni de episodios concretos ni de decisiones ideológicas. El derecho a la huelga es un derecho fundamental que no puede ser mutilado de forma unilateral, como he hecho el PP con la reforma de las pensiones, de la administración o  de la educación. Habrá que temerse lo peor con este encargo del presidente al Ministerio de Empleo: que nos impongan un precepto más de su catecismo neoliberal.

Foto.- http://www.elconfidencial.com.

Éxito del #24O

Masivo seguimiento de la huelga general de la comunidad educativa. Éxito de movilización que debería hacer reflexionar al Gobierno de Mariano Rajoy. Salvo al Partido Popular, a nadie le gusta una norma que quiebra la igualdad de oportunidades y que apuesta por un modelo mercantilista y con un sesgo ideológico netamente conservador. La reforma Wert es una vuelta al pasado, a una escuela elitista y reaccionaria, al abandono de lo público en beneficio del negocio privado. Este grito colectivo de padres, alumnos y profesorado debería llevar al Ejecutivo del PP a aparcar el proyecto y buscar de nuevo un amplio consenso en una materia que exige acuerdos de estado y que no puede estar sujeta a los vaivenes de los cambios de gobierno.

Menos publicidad y más becas

En Moncloa andan preocupados con la pésima imagen que se han construido José Ignacio Wert en año y medio de gestión. El ministro de Educación no ha dejado de pisar callos desde que aterrizó en el cargo. Ha generado mareas de indignación por allí donde pasaba, desde la educación obligatoria a la universidad, desde la cultura a la investigación. Es como un Midas que todo lo que toca lo convierte en malestar social. Ha llegado a tanto su descrédito, incluso produce ampollas entre los barones del PP, y el enfado de la gente que los responsables de comunicación del Gobierno han decidido lanzar una campaña para mejorar la percepción que la ciudadanía tiene de este ministro arrogante y autoritario.

Nos ponen muy fácil la crítica: no ha dinero para becas, reducen las aportaciones para la gratuidad de libro de texto, eliminan las partidas para el transporte escolar, suben el IVA a la cultura, empujan a los investigadores al exilio y un larguísimo etcétera sólo en su departamento. En las mentes de los prebostes del PP sólo hay espacio para los recortes y para la destrucción de la igualdad de oportunidades. No hay presupuesto para casi nada y, sin embargo, pondrán en marcha una campaña, con publicidad en medios de comunicación y actos por todo el país, para lavar la cara a Wert, su polémica reforma educativa y todos sus tijeretazos inspirados en su ideología ultraliberal.

Cada cual tiene sus prioridades, pero a esta derecha le da igual el sufrimiento de la gente y sólo se preocupa por restañar la reputación de uno de los suyos. Se me antojan fórmulas menos costosas y de efecto inmediato para recuperar el crédito perdido, empezando por rectificar sus injustas e injustificadas medidas o hacer cambios en el gabinete para que entre aire fresco.

Contrarreforma educativa

José Ignacio Wert ha consumado su amenaza y el Consejo de Ministros aprobó ayer a las bravas la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Ya tenemos sobre la mesa una contrarreforma educativa en toda regla. La lleva adelante contra viento y marea, con el rechazo total de la comunidad educativa y el único aval de la Conferencia Episcopal. La futura ley nos devuelve a los tiempos de la dictadura, con la religión evaluable, computando para la nota media y para la consecución de becas, y recupera las tres reválidas, que buscan la segregación temprana de escolares. Con este proyecto, el Gobierno de Mariano Rajoy quiebra la igualdad de oportunidades y establece un modelo educativo que supondrá una carrera obstáculos para los alumnos de las familias con menos recursos económicos. Los que pertenezcan a linajes con posibles tendrán la oportunidad de seguir en el ámbito privado aunque sus capacidades sean limitadas. Por cierto, la reforma contempla la desamortización de la escuela pública para dar cuotas de mercado al negocio privado y da cobertura a la escuela diferenciada (los niños con los niños y las niñas con las niñas) pese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que este tipo de centros es contrario a la igualdad que propugna la Constitución española.

Para desviar la atención sobre lo mollar de esta ley, que es la agresión a la igualdad de oportunidades, nos deja dos polémicos señuelos: la religión evaluable y el debate del catalán en los centros de aquella comunidad (el Gobierno adelantará fondos a la escuela privada que ofrezca castellano y lo detraerá de los fondos para el mantenimiento de la pública y concertada). Sabedores que ambos asuntos, con profunda raíz ideológica, monopolizarán el debate y dejarán en un segundo plano el certificado de defunción expedido por el PP a lo público y a las garantías de que nadie con capacidad se quede fuera del sistema por carecer posibilidades económicas. La comunidad educativa anuncia movilizaciones contra este profundo retroceso. Sin embargo, los medios de comunicación ya han caído en la trampa de lo secundario, desenfocando la profunda injusticia que introduce la nueva norma.

Esta reforma educativa discrimina, consagra un modelo no equitativo y de dudosa constitucionalidad, nos aleja de Europa y nos retrotrae al nacionalcatolicismo sin tener en cuenta el carácter aconfesional del Estado. Es una demostración del autoritarismo y del rostro más radical de la derecha.