Otro sablazo

A nadie sorprende ya el maltrato y la hostilidad que el Partido Popular dispensa a Andalucía. Es una dinámica más vieja que el hilo negro. Tenemos ya un callo de tanto castigo pero no nos cansamos de alzar la voz, es nuestra forma de defender lo que es nuestro. Hace un par de días, por la vía de los hechos consumados, el Gobierno de Mariano Rajoy nos ha quitado 265 millones de euros que nos correspondían por derecho. Ni han avisado: han metido directamente la mano en la caja y se lo han quedado. Son 265 millones que no podremos dedicar en esta tierra para atender las necesidades de la sanidad y de la educación públicas, para dar cobertura a más personas en situación de dependencia o en riesgo de exclusión social, para recuperar los derechos que arrebató la crisis a los empleados públicos, para generar posibilidades de empleo… Andalucía deja de percibir todos los años unos mil millones respecto a la media de las autonomías. Y no sólo sufrimos este agravio, sino que además nos dan un sablazo adicional de 265 millones. La derecha no entiende lo que significa justicia social y redistribución de riqueza. Eso sí, en su diccionario aparece con letras muy grandes discriminación y desprecio a Andalucía.

Esta nueva agresión procede de una aplicación sectaria por parte del Ministerio de Hacienda de la liquidación del ejercicio de 2013 y de un reparto arbitrario del llamado de fondo de convergencia. Este fondo se ha de emplear para ir recortando las distancias entre las distintas comunidades autónomas y favorecer la cohesión social de todos los españoles. Sin embargo, Cristóbal Montoro, que en su DNI reza como andaluz, tergiversa este concepto y la obligación de un ejecutivo de que todos los territorios tiendan a parecerse, a contar con las mismas oportunidades. El Ministerio ha preferido dar una riada de millones a Cataluña y a la Comunidad Valencia en perjuicio de Andalucía. No cumplieron con el objetivo del déficit en ese año por la pésima gestión de Artur Mas (Convergencia) y de Alberto Fabra (PP) y encima se les premia.

La palabra de Rajoy es papel mojado, no vale nada. Hace justamente un año, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lo alertó de este auténtico dislate en el Palacio de la Moncloa. Le hizo saber la injusticia de castigar a Andalucía por una interpretación sesgada del reparto de la financiación autonómica y le planteó, si se consumaba esta distribución trampeada, que al menos se permitiera una devolución en varias anualidades. Pues ni una cosa ni la otra. Han mantenido el desequilibrio entre CCAA y nos han metido la mano en la cartera sin previo aviso. Así se las gasta el PP con Andalucía. A algunos sólo les interesa esta tierra para ver los debates de los que se ausenta desde las instalaciones públicas de Doñana.

Foto.EFE.

Una ministra poco leal con Andalucía

Una ministra andaluza como Fátima Báñez está replicando unos años después la estrategia que desplegó Javier Arenas desde el Gobierno de la nación en la etapa negra de Aznar para Andalucía: discriminación, castigo y asfixia financiera por razones políticas. La peor valorada del gabinete de Rajoy (superar a Wert en este capítulo es una gesta), la autora de una reforma laboral regresiva para la clase trabajadora, se dedica a lanzar cortinas de humo para negar un plan especial de empleo a Andalucía que sí otorga a otras autonomías. Una ministra no puede gobernar desde una postura partidista maltratando a los hombres y mujeres de esta tierra a través del recorte de los presupuestos. Y mucho menos en un tema tan sensible en estos momentos como es el empleo, simplemente porque no le guste el color del gobierno que los ciudadanos han colocado en la Junta de Andalucía. Es una agresión por puro sectarismo.

A un servidor público hay que exigirle que respete unas mínimas reglas de lealtad institucional y un compromiso con la ciudadanía. Su actitud está provocando un daño irreparable a los desempleados de esta tierra. Que la señora Báñez no busque excusas ni manipule la realidad para camuflar su maltrato a Andalucía en el reparto de fondos para el empleo. Y es que lamentablemente esta ministra andaluza representa la cara de la resignación del Gobierno de la nación ante el problema más importante para los españoles y los andaluces:

  • Recorte de un 57% en los fondos para Políticas Activas de Empleo. Casi 400 millones de euros menos para Andalucía en 2012. Y aplica además criterios discriminatorios de reparto con la comunidad que le restan otros 34,9 millones más. Y para el año próximo otro tijeretazo más del 34,6%.
  • Suspensión de la financiación para mantener a los más de 1.400 técnicos, entre ‘alpes’ y promotores de empleo, con lo que deteriora los servicios de atención a los desempleados en Andalucía.
  • Y niega a la comunidad autónoma, de forma reiterada, un plan especial de empleo. Un plan que sí le concede a Extremadura y Canarias.

El Gobierno aún está a tiempo de rectificar e incorporar a los Presupuestos Generales del Estado, en trámite parlamentario, una apuesta nítida por el fomento de empleo para el conjunto del país y, además, un plan especial para Andalucía. Es una cuestión de justicia. Con los indicadores de paro que hay en esta comunidad, el Gobierno de la nación no puede desentenderse y tiene arrimar el hombro para, de manera compartida con la Junta de Andalucía, dar respuesta a la principal preocupación de los andaluces.

Escándalo en Irlanda

A nadie habrá cogido por sorpresa el escándalo que se ha desatado en Irlanda a cuenta de los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la Archidiócesis de Dublín. Lo novedoso es que los clérigos campaban a sus anchas porque la Iglesia católica irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar estas depravadas prácticas. Un informe elaborado por una comisión presidida por la juez Yvonne Murphy revela la connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado. Quizá para redimir la vista gorda de sus predecesores ha sido el actual ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern, el encargado de presentar las conclusiones de tres años de investigación basada en las acusaciones de 450 personas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004.

El documento de 700 folios recoge que instancias oficiales, entre ellas la Policía y la Fiscalía, colaboraron con cuatro obispos por mantener en secreto la gravedad del caso y no dañar “el prestigio de la iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos”. El informe sostiene que la política y tácticas ocultistas de la cúpula eclesial se pueden resumir bajo la frase de tintes mafiosos “no preguntes, no hables”. “La Comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia. Las estructuras y reglas de la Iglesia Católica facilitaron ese encubrimiento”. También se acusa a las autoridades del Estado de “no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual, lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal”.

Todos estos datos producen repugnancia y vergüenza. No sólo cabe aguardar las disculpas de la cúpula eclesiástica de Irlanda o de la Santa Sede y pasar página. Es exigible la acción implacable de la justicia para depurar las responsabilidades penales que se desprendan de esa investigación contra ejecutores y cómplices por omisión. Y es que ese país europeo llueve sobre mojado. Además de abusos sexuales, otro informe oficial desveló hace unos meses métodos inadmisibles y execrables en órdenes católicas: el maltrato físico y psicológico era moneda de uso corriente en centros de asistencia social desde la década de 1930. Cientos de niños, tratados casi como esclavos, han sufrido durante demasiado tiempo el desafuero y el desenfreno de sotanas calenturientas. Una razón más que explica la pérdida de clientela por parte de la Iglesia católica.