Falso purismo

Cazado. Y esta vez no por Venezuela o Irán, sino en asuntos domésticos. Estaba Pablo Iglesias soltando una soflama sobre la no cooperación con determinados países, en concreto con Arabia Saudí, cuando Jordi Évole lo saca de carril y lo lleva a la vía de la realidad. Lo pone delante del espejo de las contradicciones de Podemos: no se entiende ese discurso cuando el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, apoya un contrato para construir cinco corbetas en Navantia para este país árabe. Al líder de Podemos se le nota que encaja mal el golpe. Defiende al mismo tiempo el principio ideológico y el pragmatismo de los alcaldes para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Un ejercicio de contorsionismo político que no queda vistoso y demuestra lo maleable del ideario de la formación morada. Más allá del debate de fondo, que chirría y que nos recuerda a Groucho Marx (“Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”), la pregunta a responder por Iglesias es la siguiente: si fuera presidente del Gobierno, algo que no sucederá, ¿rompería el contrato de Arabia Saudí que dará mucha carga de trabajo a los astilleros gaditanos? Sería bueno que se moje antes de las elecciones del 26 de junio. Todos, y muy especialmente en la Bahía de Cádiz, queremos conocer su respuesta.

Si no puedes ver el vídeo, clica este enlace: Pablo Iglesias en Salvados.

Insensibilidad

Habla por sí mismo este fragmento del programa Salvados, que dirige y presenta Jordi Évole, redifundido anoche por El Intermedio. Pone de manifiesto la profunda insensibilidad de Jorge Moragas, mano derecha de Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Un síntoma elocuente del desapego del Partido Popular por el desarrollo de este cuarto pilar del estado del bienestar que impuso el anterior Gobierno socialista. El caso de este joven valenciano ejemplifica los recortes que ha impuesto el PP en la atención a las personas en situación de dependencia en toda España. Por ejemplo, Andalucía ha dejado de recibir 314 millones de euros desde 2012. La ley establece que la financiación de este servicio público va a partes iguales entre la administración central y las autonomías. Sin embargo, en el caso andaluz, debido a la merma de recursos por parte del Gobierno de Rajoy, la Junta aporta un 72% del total. Uno de los brazos ejecutores de este tijeretazo a este colectivo ha sido el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, como secretario de Estado de Políticas Sociales hasta hace apenas unas semanas. Una realidad que queda también patente en el reportaje.