Decir la verdad

octubre 19, 2017

Los llamados a comparecer ante una comisión parlamentaria de investigación están obligados a decir la verdad. Hoy hemos podido leer en eldiario.es que el entonces alcalde de Sevilla y hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mintió cuando fue interrogado en 2012 en la comisión que investigaba los expedientes de regulación de empleo de Andalucía. Una noticia que ha saltado porque una de las dos altas representantes del Gobierno de José María Aznar que han declarado en calidad de imputadas ante la jueza por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, una documentación que el Ejecutivo del PP se negó a remitir al Parlamento de Andalucía, ha dejado en evidencia al ministro. Además, hoy ya es de dominio público algo que se intentó ocultar: que la administración general del Estado usó en el mismo sistema de ayudas directas que la Junta para auxiliar a las empresas en crisis. Yendo a la información de Zoido, en cualquier país democrático de nuestro entorno europeo si un político es acusado de mentir, ese mismo día da explicaciones para corregir al medio o, de lo contrario, estaría en la picota y empujado a asumir responsabilidades políticas. En la cultura de la derecha española eso suena a ciencia ficción. En fin, las últimas novedades en torno a los ERE empiezan a desinflar el globo que el PP intentó hinchar para hacer daño a mucha gente honesta.

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Filibusterismo

julio 1, 2017

No todos los partidos son iguales y en materia de financiación de sus actividades, tampoco. Si la comisión de investigación que ha impuesto el PP en el Senado con su mayoría absoluta era ya un desvarío, el listado aprobado de comparecientes, sin ningún representante pepero pese a los infinidad de casos de presunta corrupción que los acorrala, la hace doblemente infumable. Esta comisión no es más que una pataleta del partido que sustenta al Gobierno por la que investiga sus dopajes electorales y sus sobresueldos en el Congreso de los Diputados. La respuesta del PP es falaz y mezquina. Ninguna de las restantes formaciones políticas tiene ni de lejos el historial de asuntos turbios en los juzgados. Sólo pretenden hacer ruido y desviar la atención con esta pantalla para tapar sus vergüenzas. Se creerán que con estas maniobras arteras engañarán a los ciudadanos y lo que demuestran es una burla a la inteligencia colectiva. Define el diccionario de la Real Academia esta acción propia de piratas como filibusterismo o obstruccionismo parlamentario. Lo clava.

Foto.El Confidencial. El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, esta semana durante su comparecencia en el Congreso.

Caprichos del destino

junio 26, 2017

El destino, siempre caprichoso, ha querido que el Partido Popular celebre el primer aniversario de su victoria en las elecciones repetidas el mismo día en que Luis Bárcenas, “Luis, sé fuerte”, tenía que comparecer en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. El ex tesorero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar en su contra, a guardar silencio, una actitud de autodefensa que sus ex compañeros de filas habrán visto como un gesto de fortaleza, en la línea del SMS que en su día le mandó Mariano Rajoy en plan colega. La fiesta pepera no ha dado para mucho por el panorama que se cierne sobre ellos en los tribunales y en la Congreso de los Diputados. Ganaron sí, y con más votos y más diferencia sobre el resto que seis meses antes, pero la pregunta que nos hacemos todos es cómo la gente le dio más apoyo con la losa de asuntos turbios que llevan sobre sí. Los comicios del 26 de junio depararon además un escenario con mayoría de la derecha y ninguna opción desde la izquierda. Toda una paradoja democrática con la que ha liado el PP no sólo con sus tejemanejes, también con sus políticas crueles de recortes. El veredicto de las urnas es inapelable, pero a veces da que pensar.

Ministra a la fuga

mayo 17, 2016

¿Qué temía Fátima Báñez para dar plantón a la comisión de investigación sobre los cursos de formación del Parlamento de Andalucía? ¿Quién se esconde es porque tiene algo que ocultar? Estas y otras preguntas quedan en el aire después de la espantá de la ministra de Empleo a la cita de la Cámara autonómica. Báñez se escudó en un informe del Consejo de Estado, no vinculante, para hacer mutis por el foro. La protesta de los partidos ha sido unánime, salvo del Partido Popular como era de esperar. La decisión de la ministra supone una falta de respeto al Parlamento y una burla a los andaluces, y más viniendo de una política que es de esta tierra. No se trataba de controlar sino de conocer su opinión sobre un procedimiento que era igual en toda España, sobre el diferente trato que está recibiendo Andalucía cuando hay incidencias idénticas en otras nueve comunidades e incluso en la Administración General del Estado, según dos informes del Tribunal de Cuentas de España, o sobre algún otro asuntillo espinoso. Si no compareció, es porque no le dio la real gana y escurrió el bulto con un informe encargado por el propio Ministerio. Todos los partidos, salvo el PP, han pedido a los letrados del Parlamento que analicen si la ausencia podría tener consecuencias legales por un posible delito de desobediencia, de acuerdo con el artículo 502 del Código Penal. Al margen de la controversia jurídica, dos conclusiones: una, la fuga de Báñez ha dejado una vez más al descubierto las mentiras del PP sobre la formación en esta comunidad y dos, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se queda con la cara partida: anunció que Báñez daría una gran sorpresa con sus explicaciones y al final sólo hemos tenido una road movie titulada ‘Ministra a la fuga’. ¡Qué ojo clínico!

Foto.El País. Rajoy, escoltado por Báñez y Moreno Bonilla, este sábado en Málaga.

Documentación

abril 8, 2016

El Parlamento de Andalucía ha comenzado a recibir toda la documentación original sobre los cursos de formación profesional para el empleo correspondientes a los años 2002 a 2011, objeto de la comisión de investigación que se desarrolla en la Cámara. Así, en unas seis jornadas, al antiguo hospital de las Cinco Llagas llegarán para su estudio unos 27 millones de folios distribuidos en uno 41.000 archivadores AZ. Ya habían sido remitidos hasta la fecha expedientes que sumaban 660.000 folios. Nadie podrá ya poner en duda la voluntad de colaboración del Gobierno andaluz con la comisión de investigación. Nunca había faltado ese afán de contribuir al trabajo de este órgano parlamentario. Pero a tenor de alguna manifestación espuria y de la exigencia de algunos grupos de contar con todo el material  se ha optado por esta fórmula. El trabajo de fotocopiar todo este volumen de legajos suponía más de 10.000 horas y al ser documentos oficiales la ley impide que se haga en empresas externas.

Se llega a este envío masivo ante la cerrazón de la oposición para buscar soluciones intermedias. Primero se le ofreció la posibilidad de consultar los expedientes en las dependencias tanto de los servicios centrales como provinciales. Posteriormente, se les planteó que dijeran qué expedientes en concreto se solicitaban para remitir los originales a la comisión con la custodia de un funcionario y se obtuvo la callada por respuesta. Y, por último, para demostrar el compromiso con la investigación y para demostrar que no hay nada que ocultar, se ha optado por remitir el conjunto de la información. En teoría ya nadie debía poner pegas al poder contar con papeles para realizar su trabajo y se ha dado respuesta fiel a sus peticiones. Sin embargo, los que antes acusaban a la Junta de obstaculizar, ahora se quejan de tener que arrimar el hombro. Antes habían puesto todas las pegas posibles a las propuestas que se le hacían desde el Ejecutivo. Ya no tienen excusas para tanto pataleo. Este ejercicio de transparencia no lo ha hecho ningún gobierno en España.

Esta actitud contradictoria obedece a que de las primeras comparecencias de funcionarios (interventores y jefes de servicio) se desprenden que no ha habido menoscabo de fondos públicos en la gestión de los cursos en Andalucía y que se ha procedido conforme a la legalidad, más allá de incidencias de carácter administrativo. Y algunos que llegaron con las conclusiones escritas están comprobando que la realidad está corrigiendo sus falsas expectativas. Si hubiera fraude, sería en todo caso a la Administración.

Foto.ABC de Sevilla.

Andalucía cuenta ya con el Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) con el horizonte del año 2020. Un instrumento de presente y, por supuesto, de futuro que guiará las políticas de I+D+i en los próximos cinco años y que pretende movilizar más de 16.700 millones tanto del sector público como privado y que la inversión en este campo alcance el 2% del producto interior bruto andaluz. La Junta se compromete a duplicar su aportación para superar los 3.500 millones en 2020. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado a la comunidad universitaria, investigadores y empresas este ambicioso proyecto que se ha de erigir en motor de desarrollo socioeconómico, cohesión social y territorial, competitividad empresarial, proyección internacional y rentabilidad ambiental, cultural y económica. El plan consolidará y ampliará el liderazgo innovador e investigador de Andalucía. Desde 2002 la comunidad ocupa el tercer lugar nacional en gasto anual en I+D, con 1.465,7 millones de euros, por detrás de Madrid y Cataluña. Su tejido empresarial cuenta actualmente con el apoyo de diez universidades públicas, cerca de 30.000 investigadores y alrededor de 2.200 grupos de investigación, entre otros recursos. Andalucía alberga 11 parques tecnológicos, con unas 1.500 empresas instaladas y una facturación global de 5.100 millones, así como 22 centros tecnológicos.

Recortar en innovación e investigación supone lastrar nuestro futuro. O dicho en palabras del rector de Córdoba: un “suicidio programado“. En una acción conjunta, los rectores de las cincuenta universidades españolas han dado lectura a un manifiesto contra unos ajustes que ponen en riesgo nuestro progreso. El recorte de hoy será la falta de competitividad y de iniciativa de mañana. La formación de grado superior y el I+D+i no es un gasto sino una inversión que redunda en el conjunto de la sociedad. Se antepone desde el Gobierno de Rajoy un mirada cortoplacista centrada en la reducción del déficit público sin importar el deterioro ni en las consecuencias que tendrá en nuestro país en los años venideros. La ola conservadora arrastra con todo hasta convertirse en un tsunami terrorífico para el despegue de España. Con cada decisión nos sitúa más lejos de la salida de este negro túnel de la crisis. Los Presupuestos Generales para 2013 constituyen un ejemplo elocuente de esta miopía destructiva que practica con saña la derecha patria: un 18% menos en educación superior y un 80% menos en los gastos no financieros en I+D+i. En Andalucía, pese a la drástica reducción de fondos estatales, se apuesta por la educación como mejor inversión, una buena formación es el PIB del mañana. Así, las políticas innovación y desarrollo cuentan con 500,6 millones de euros para el próximo año, un 10 % más que en 2012 y un 42,5% más desde el inicio de la crisis. Aquí, en la medida de nuestras posibilidades no queremos perder el tren tecnológico. Por eso prosperan proyectos como el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), con sede en Málaga, una iniciativa que celebra hoy su vigésimo aniversario con más de 600 empresas y más de 14.000 puestos de trabajo. Rajoy sólo nos ofrece pan (duro y con moho) para hoy y hambre para mañana.