De disparate en disparate

La demanda unánime para la supresión del peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz se ha convertido en un problema para el Gobierno de la nación y el Partido Popular. La concesión acaba en 2019 y las huestes de Rajoy estaban intentando castigar a Andalucía prorrogando el pago por su uso. Ha sido tanta la presión social y política que no les ha quedado más remedio que rectificar y aceptar al menos de boquilla el fin del peaje. Después de esta derrota ante la opinión pública, ha llegado la hora del pataleo y del enredo. El presidente de la franquicia pepera en Andalucía desbarró ayer diciendo que no habría peaje si él sale elegido presidente en las próximas elecciones autonómicas (marzo de 2019). Un chantaje muy infantil: sólo se quitará el peaje si votas al PP. Como el argumento era insostenible e infumable, Juan Manuel Moreno Bonilla hoy se autoenmendado y ha asegurado que la vía será liberalizada, que pasará a manos del Estado y que la Junta de Andalucía abone su conservación. Menuda empanada mental que se resume en el castizo ‘yo invito y tú pagas’. La A4 es una carretera nacional que discurre entre Madrid y Cádiz, que atraviesa tres comunidades autónomas y que, por tanto,  es de competencia estatal. Queda claro a quién le corresponde asumir sus responsabilidades y hacer frente a su mantenimiento. ¿O es que el gobierno de Rajoy le va a reclamar lo mismo a otras CCAA por cuyo territorio pasa esta autovía? ¿O otras CCAA que tienen trazados de titularidad estatal? Lo que ha planteado Moreno Bonilla es otra grave metedura de pata que sigue alimentando el agravio que sufre Andalucía. Este hombre va de disparate en disparate.

Nota.- La Junta corrió con cargo a sus presupuestos con el levantamiento del peaje de Jerez en la A-4. Una inversión de nada menos que 126 millones de euros, una iniciativa que no ha tomado ninguna otra autonomía. Y mientras tanto el Ministerio de Fomento quiere rescatar ahora el fiasco de las radiales de Madrid con dinero de nuestros impuestos: 2.000 millones. Quedan muy claras cuáles son las prioridades del PP.

Vídeo.- La chirigota ‘Cai de mi arma (7:20)’, ejemplo elocuente del rechazo que despierta el peaje.

Preservar Doñana

El Gobierno de Andalucía está comprometido con Doñana, un patrimonio natural a preservar para el disfrute hoy y de generaciones venideras. Una de las amenazas que se cierne sobre este enclave es el proyecto de almacenamiento de gas dentro y fuera el parque. La Junta ya ha mostrado tanto al Gobierno de la nación como a la Unión Europea el rechazo a esta iniciativa de Gas Natural por los efectos acumulativos que tendría los cuatro pozos para Doñana y su entorno previstos por la multinacional. Así, la Consejería de Medio Ambiente ha remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores un dossier para que a su vez lo traslade a Bruselas donde detalla las consecuencias de impacto ecológico de este proyecto considerado de forma conjunta, una circunstancia que no ha sido tenida en cuenta por la Administración General del Estado, que es la competente en materia de hidrocarburos, al conceder las autorizaciones a la empresa. Puede servir como referencia los efectos sísmicos que tuvo las exploraciones de El Castor en la costa levantina, lo que conllevó la suspensión de los trabajos. El Ejecutivo andaluz adoptará cualquier decisión que esté a su alcance para proteger esta joya natural y paralizar de forma definitiva un proyecto que se ha dividido artificiosamente para sortear la legislación. Por eso, el Gobierno andaluz va a dar la batalla para dar respuesta al sentir mayoritario de la sociedad y preservar este gran espacio que es Doñana. Es de justicia.

8.000 plazas

La Junta de Andalucía mantiene su hoja de ruta y convocará 8.000 plazas de empleo público en 2017. Esta apuesta firme permitirá seguir mejorando el funcionamiento de los servicios públicas, clave para la igualdad real de los ciudadanos, y permitirá a personas que llevan muchos meses preparándose encontrar un puesto de trabajo. Aunque sólo sea por estas dos razones, el Gobierno de la nación debe de dejar de meter miedo y no usar a los opositores como arma arrojadiza en el debate política. En Andalucía, las primeras oposiciones son las de cuerpo de maestros y no hay motivos para sembrar dudas sobre las 2.468 plazas que se ofertan en esta comunidad.

Desde el Ministerio de Hacienda se está intentando confundir a la opinión pública. La tasa de reposición no está vinculada a la prórroga presupuestaria. Es más, todos los escenarios posibles llevan al normal desarrollo de la oferta de empleo público prevista por Andalucía. Si hay Presupuestos Generales del Estado, la tasa de reposición se mantendrá al menos en el 100%. Si no hay nuevas cuentas, dicha tasa quedará prorrogada como mínimo igual que estaba en 2016. Habrá oposiciones sí o sí. Ante su incapacidad política para sacar adelante los presupuestos, el Gobierno de Rajoy está intentando coaccionar una vez más a las comunidades autónomas. Es un chantaje burdo que no tiene ningún sustento legal. Digan lo que digan los que intentan distraer y atemorizar a los opositores, la oferta pública de empleo en educación tiene toda la cobertura legal y todo el respaldo presupuestario.

Lo que tiene que hacer ya el Gobierno de la nación es eliminar cualquier límite a la tasa de reposición, como se exigió en la reciente Conferencia de Presidentes. Y que se plantee un proceso extraordinario de consolidación de empleo público para absorber las altas tasas de temporalidad e interinidad que la crisis ha dejado en el sector público. Debe ser un proceso coordinado en todas las CCAA para evitar un efecto llamada y proteger así a los profesionales que actualmente desempeñan su función en la administración andaluza.

Foto.Cadena Ser.

De vergüenza ajena

La Junta de Andalucía tiene terminado y equipado el hospital de Lepe y su área de influencia en la costa occidental onubense desde hace un año. Una importante inversión (21 millones de euros) que no se puede poner en funcionamiento por la negligencia del Partido Popular. Primero fue el Ayuntamiento de Lepe quien no cumplió con el convenio para construir los accesos a la instalación hospitalaria desde la A-49. Posteriormente, el Ministerio de Fomento salió al rescate de sus compañeros de siglas y ahora da una patada a seguir a la obligación de acometer las obras. En una respuesta parlamentaria, el Gobierno de la nación admite oficialmente y sin sonrojarse que no hay fecha para ejecutar el proyecto. Todo un jarro de agua fría para los casi 90.000 habitantes de la zona. Y si bochornoso es no dar respuesta a los compromisos contraídos por el Ministerio, ya no tiene un pase la respuesta del PP y del alcalde lepero. Dicen estos paladines del disparate que la Junta “alquile” (textual) un hospital privado para prestar el servicio. Se tiene una instalación pública puntera presta para funcionar y en lugar de exigir al Ejecutivo de Rajoy que haga efectiva su palabra, se le quiere dar negocio al sector privado. Unos argumentos que producen vergüenza ajena por su debilidad y maniqueísmo. Este caso es un reflejo de la falta de respeto y del desprecio de la derecha a la sanidad pública. Toda su discurso en este ámbito es falso, impostado, un chiste de mal gusto. Su objetivo último es arrasar con el modelo público para abrir hueco al negocio privado.

Foto.- Huelva Información.

Nerones

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El Gobierno de Andalucía propuso esta semana un pacto por la sanidad pública y el Parlamento lo aprobó por unanimidad. Ese gran acuerdo se debería concretar en el marco del proyecto de Ley de Sostenibilidad y Garantías del Sistema Público Sanitario, un texto que blinda la sanidad pública eleborado por el gabinete de Susana Díaz y que se encuentra ya en trámite parlamentario. Y hete aquí que el Partido Popular, ni siquiera 48 horas después, ha presentado una enmienda a la totalidad contra ese texto legislativo. Esta decisión retrata la hipocresía del PP y pone en evidencia que su objetivo no es otro que arrasar con la sanidad pública. ¿Pacto? Esa palabra no está en su diccionario y mucho menos si es para fortalecer lo público. A nadie nos sorprende. No cree la derecha en este modelo y quiere deteriorarlo para abrirle la puerta al negocio privado. Los casi nueve millones de habitantes que tiene Andalucía suponen un mercado muy suculento para las clínicas privadas. El PP se afana en una política de desgaste con intereses espurios. Les da igual lo que representa un modelo que nos da oportunidades a todos ante la enfermedad sin importar la situación económica familiar. Ni lo quieren, ni lo comparten, ni lo respetan. Por eso, han impuesto recortes salvajes, copagos injustos, privatizaciones y cierres, han penalizado a los profesionales sanitarios, los han despedido a mansalva y rompieron la universalidad del sistema dejando a decenas de miles de jóvenes (los que se fueron a trabajar fuera como consecuencia de la crisis) e inmigrantes. El PP ha intentado quemar la sanidad pública y les hubiera gustado como a Nerón disfrutar de los efectos perniciosos de las llamas. Pero no han podido ver cumplido su más íntimo deseo y lo han perseguido con todas sus ganas. Los tenemos calados.

Foto.- Imagen del debate en el Parlamento el pasado miércoles.

Un tajazo injusto

El Ministerio de Educación le quiere meter la mano en la cartera a alumnos que reciben sus becas y cursan Formación Profesional en Andalucía. Haciendo una interpretación torticera de sus propias normas, les quieren rebajar drásticamente la ayuda que les corresponde por derecho. Estamos hablando de becas de una cuantía alta, de hasta 2.000 y 3.000 euros, y que han sido recortadas con saña hasta dejarlas en 260 euros. Los estudiantes afectados han convalidado alguna asignatura de un ciclo anterior. El Ministerio, actuando de forma arbitraria, ha considerado esa convalidación como una matrícula parcial y le ha denegado la beca completa pese a que sí cumplían los requisitos. La Junta de Andalucía le ha trasladado su enérgica protesta al Gobierno de Mariano Rajoy. Se ha manifestado el rechazo frontal a los criterios aplicados y se ha exigido que cese el castigo contra este grupo de alumnos andaluces de FP. El gabinete que preside Susana Díaz va a estar al lado de estos jóvenes y sus familias en la defensa de los derechos que les quieren arrebatar.

Y las trastadas del Ministerio no se quedan ahí. Es inaceptable el trato injusto y discriminatorio a los estudiantes andaluces. Éstos siguen esperando recibir su beca, mientras que los de otros territorios ya las han recibido. A día de hoy, 113.000 estudiantes continúan sin cobrar la ayuda del Ministerio de Educación y tristemente se debe a que el titular, Íñigo Méndez de Vigo, parece no tener tiempo para firmar un papel. Cuesta trabajo entender esa parsimonia desde el 28 de diciembre para tomar un bolígrafo y mientras los estudiantes andaluces pendientes del cobro su beca. Esta trato desigual retrata a un PP que nunca ha sentido cariño por Andalucía.

Foto.- Granada hoy.

Se les ve el plumero

Aunque los lectores de ciertos periódicos no la hayan encontrado entre los asuntos destacados, ayer hubo una gran manifestación en Granada contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Nada más y nada menos que unas 20.000 personas salieron a la calle contra la incomunicación por tren de la capital de la Alhambra desde hace dos años. Y según la previsión del caótico Ministerio de Fomento el ferrocarril, no estará en funcionamiento hasta bien entrado 2018. Queda, por tanto, un año más de aislamiento. Es natural la protesta ciudadana, muy especialmente cuando el principal motor económico de Granada es el turismo. Lo llamativo es que determinadas cabeceras que ofrecieron tanta cobertura al conflicto de la reordenación sanitaria despachen como un mero trámite la movilización por el tren. En alguna noticia cuesta encontrar contra quién se dirige la protesta, incluso se ponen titulares que pueden dar lugar a la confusión. El doble rasero es incompatible con el periodismo. No se cumple con la función social cuando se da diferente tratamiento a hechos similares. Si el sujeto es la Junta de Andalucía, leña al mono, mientras que si es el Gobierno de la nación, se pasa de puntillas. Actuando así a algunos se les ve demasiado el plumero.

Foto.- El Independiente de Granada. Imagen de la manifestación de ayer.

Moratoria para desahucios

El Consejo de Gobierno ha decidido plantear a las entidades financieras una moratoria de desahucios para la vivienda habitual y permanente en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso interpuesto por el Gobierno de la nación contra el decreto sobre la función social de la vivienda. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta se dirigirá a las entidades financieras que operan en Andalucía y les pedirá que durante los cinco meses de suspensión cautelar de la norma dejen de ejecutar desalojos de familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. En este plazo, el alto tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión que pesa sobre esta norma andaluza por el recurso planteado por el Gobierno central.

Con esta iniciativa política, la Junta de Andalucía da respuesta a la situación de indefensión y angustia en la que han quedado las familias que se habían acogido al decreto y las otras muchas que también se podrían adherir por encontrarse en riesgo de exclusión social. El texto es perfectamente constitucional y respetuoso con la doctrina del alto tribunal sobre la función social de la propiedad. En ese sentido, se están redactando alegaciones para solicitar el levantamiento de la suspensión cautelar porque el daño causado a una familia cuando se la expulsa de su casa es irreparable. El Gobierno de Andalucía no renuncia a una medida que considera de justicia social. Así el decreto se está tramitando ya como proyecto de ley y cuando sea aprobado por el Parlamento, la ciudadanía tendrá de nuevo acceso a este instrumento para combatir este drama social.