Desinformación

Sobre el impuesto de sucesiones y donaciones están haciendo circular mucha desinformación y demagogia para confundir a la gente. Es una figura impositiva que afecta a muy pocos ciudadanos (sólo un 2% cuando se hereda de familiares directos, esto es, de padres a hijos) y no se paga nada cuando se recibe por debajo de los 250.000 euros (un cuarto de millón, una cantidad importante y que no está al alcance de cualquiera). Se trata de un impuesto progresivo que sigue el principio de que quien más gane o más tenga, más abone. Es, además, un tributo del Estado cedido a las comunidades autónomas como parte del sistema de financiación y por tanto la recaudación se dedica al mantenimiento de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia y políticas sociales). El Partido Popular tuvo la oportunidad en los cuatro años de mayoría absoluta de eliminar el impuesto y compensar a la CCAA por la pérdida de ingresos. Y no lo hizo. Cuando se conocen estos datos, ya no resulta tan fácil falsear la realidad. Sectores conservadores, con el PP al frente, están metiendo miedo y enredando cuando la inmensa mayoría de la población no desembolsará nada por el impuesto de sucesiones. Estaría bien que algunas cadenas de televisión que tanto bombo le están dando a este asunto (les da audiencia) explicaran también que cuando se recibe una herencia, además de sucesiones, hay que hacer frente al impuesto de plusvalías a los ayuntamientos y los gastos de registro y notaría. Tampoco estaría de más que precisaran que muchas de las renuncias a las herencias se debe a las deudas que llevan consigo (por ejemplo, hipotecas). Más allá de algún caso concreto que pueda conllevar una injusticia, el impuesto de sucesiones lo pagan los que obtienen cuantiosos legados. Insisto, la inmensa mayoría, 98 de cada 100, no tributa ni un euro.

Mentiras infames

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Al político que miente a sabiendas se le debería exigir la dimisión. Así ocurre en las democracias occidentales pero en nuestro país algunos practican la falsedad deliberada con total desfachatez. Es un clamor que las comunidades autónomas (de todo signo político) están sufragando a pulmón el desarrollo de la ley de Dependencia mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy hace dejación de funciones incumpliendo la obligación legal de aportar el 50% de los fondos. El último estudio del Observatorio Estatal de la Dependencia, de febrero de 2016, recoge el enorme desequilibrio entre la aportación estatal y autonómica. La situación se ha agravado el año pasado con la incorporación al sistema de dependientes moderados, soportando las autonomías más del 80% del presupuesto. Frente a esta realidad incontestable, la número dos del PP andaluz, Loles López, se descolgaba con que la administración central aporta “más del 70%”. Horas más tarde, el delegado del Gobierno en esta comunidad, Antonio Sanz, lo cifraba en “más del 58%”. Dos dirigentes peperos que se dedican a confundir torticeramente a la opinión pública. Y no pasa nada. Mienten, falsean intencionadamente la realidad y siguen en sus puestos. Ni siquiera se ruborizan. ¡Qué desahogo! ¡Qué tropa!

Conferencia útil

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El martes 17 se celebra la Conferencia de Presidentes. Ya era hora. Este órgano que reúne a los presidentes del Gobierno central y de las comunidades autónomas no se reunía desde el 2 de octubre de 2012. En los tiempos de mayoría absoluta y rodillo, Mariano Rajoy no tuvo a bien dialogar con sus homólogos regionales y razones y problemas sobraban para la negociación. Ahora que la aritmética parlamentaria es otra no le queda más remedio al Partido Popular que enterrar la arrogancia y buscar vías  de entendimiento. Aunque tardía, bienvenida es esta cita, pero sólo valdrá si tiene utilidad para los ciudadanos y tratar contenidos que sintonicen con sus preocupaciones y demandas.

Desde Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz planteará como prioridad la renovación del sistema de financiación y el fortalecimiento de los servicios públicos que garantizan el estado del bienestar. Se debe poner fecha para empezar a negociar cuanto antes un nuevo modelo. Ya vamos con casi tres años de retraso por deseo expreso de Rajoy, con el consiguiente perjuicio para CCAA como Andalucía que están recibiendo menos de lo que les corresponde por la mala aplicación del modelo actual. Esta comunidad ha dejado de recibir 1.000 millones de euros al año, un agravio que perjudica claramente a los ciudadanos.

El nuevo sistema de financiación tiene que preservar la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan y permitir prestar servicios públicos de calidad. Un modelo que garantice el derecho a una salud pública de calidad y que contemple la financiación de la ley de dependencia. El Gobierno debe rectificar y aceptar en la conferencia de presidentes que va a cubrir el 50% que le corresponde por ley, incluyendo los fondos para prestar este derecho en el futuro sistema. Por ejemplo, Andalucía financia el 80% y la administración central sólo el 20%, cuando el esfuerzo debe ser a partes iguales. También se han de poner las bases de un pacto educativo que sitúe la educación como política de estado y que nos permita articular una nueva ley sea fruto del consenso con toda la comunidad educativa.

Otro de los elementos que Andalucía va a proponer es el final de las políticas de austeridad, que tanto daño han causado a las clases medias y trabajadoras. Es necesario un impulso decidido a las políticas activas de empleo, que las inversiones productivas no computen en el déficit, que se condonen los intereses cobrados con mecanismos de financiación extraordinarios o que se impulsen las infraestructuras estratégicas del Estado en esta comunidad (corredor del Mediterráneo y conexión Algeciras-Bobadilla).

Además, se debe avanzar hacia la armonización fiscal de las autonomías. En materia tributaria, entre otros asuntos,  la presidenta andaluza reivindicará un cambio normativo que afecta a los autónomos: pedirá que el Gobierno vuelva a permitir a los autónomos fraccionar la devolución del IVA mes a mes y no hacerlo de golpe cada trimestre, como ocurre desde el 1 de enero. Esta reclamacion supondría un enorme alivio para los autónomos, especialmente los más pequeños.

Foto.- El Comercio. Susana Díaz y Javier Fernández, presidente de Asturias.

Insumisión

Un escuálido 18%. Ésa es la exigua cantidad que ha aportado en 2015 el Gobierno de la nación para financiar el Sistema de Atención a la Dependencia. El dato lo ofrece el Observatorio Estatal de la Dependencia y coindice con la protesta que la Junta de Andalucía viene haciendo de forma sistemática por el incumplimiento de las obligaciones por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La ley dice con claridad que la administración central y la autonómica tienen que sufragar al 50%, a partes iguales, la inversión para sostener este cuarto pilar del estado del bienestar. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y por extensión todo el Gobierno, se comporta como un insumiso y deja que las comunidades autónomas corran con el grueso del gasto, un 82%. Y como dice la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a la que pertenece el Observatorio, el quebranto para las CCAA las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes. A 2.865 millones asciende el recorte acumulado en dependencia desde que llegó el PP a la Moncloa en diciembre de 2011. Este tijeretazo figura en los documentos remitidos a Bruselas por el Ejecutivo de la nación. La apuesta de Rajoy por la dependencia es nula; su compromiso, inexistente con el bienestar de estas personas vulnerables. No estamos ante opiniones, los hechos lo demuestran.

Foto.- Infolibre. Manifestación contra los recortes de Rajoy en dependencia.

El verdadero disolvente

A buenas horas… El ministro José Manuel García Margallo se ha erigido en los últimos días en el “disolvente” (usando la expresión de Mariano Rajoy) que intenta hacer desaparecer los errores de bulto de la gestión del Partido Popular. Si el presidente en funciones acusó a la izquierda de ser “el disolvente de todo lo bueno” que hay en España, el titular de Exteriores ejerce de quitamanchas de urgencia, de una especie de Don Limpio de la política, para tapar las vergüenzas del Gobierno del PP. Comenzó el ministro la semana criticando las políticas de austeridad a ultranza, como si no fuera con ellos, que han sido alumnos aventajados de los recortes y de la demolición del estado del bienestar hasta el punto de que hoy los ricos son más ricos y las clases media y trabajadora están empobrecidas. Ahora con un desahogo espeluznante censura una forma de gobernar de la que el PP ha hecho bandera y ostentación.

Pero constituye el colmo de la desfachatez que hace unas horas este hombre de confianza de Rajoy califique de chapuza el acuerdo de la Unión Europea con Turquía para la devolución de refugiados de la guerra de Siria a cambio de una importante cantidad de dinero. Esto sí que es pasarse cuatro pueblos. Margallo, con el resto de ministro de Exteriores de la UE, negoció y firmó ese convenio con el país otomano. ¿Nos toma por tontos? ¿Piensa que se nos puede olvidar que han sido copartícipes de este pacto de la vergüenza que ha desdibujado los valores de Europa? El jefe de la diplomacia española, que suele hacer gala de su erudición, nos ha ofrecido esta semana una ración insoportable de superioridad y cinismo.

Foto.- republica.com.

Prioridades

La política se hace con prioridades. Cada responsable público se retrata con sus decisiones. Hemos conocido hoy que la fiscalía ha denunciado a la Xunta de Galicia por no suministrar los fármacos necesarios a enfermos de hepatitis C. El ministerio público responde así al requerimiento de un colectivo médico, Batas Blancas, tras la muerte de tres enfermos que no recibieron la medicación que necesitaban. Esta realidad contrasta con lo que ocurrió en Andalucía, donde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, abanderó que paciente contara con el tratamiento que le fuera prescrito independientemente de su coste. Andalucía puso en marcha un protocolo de atención en solitario, una realidad reconocida y valorada por las plataformas de enfermos, y pasaron varios meses hasta que se concretó un acuerdo nacional. Desde el 1 de enero de 2015 6.324 afectados por la hepatitis C en esta comunidad autónoma han recibido los fármacos que necesitaban. El Gobierno que preside Díaz supo estar a la altura y responder con sensibilidad y prontitud.

En el fondo de todo subyace un debate siempre actual como la defensa de la igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos y muy especialmente en materia porque hay vidas en juego. No se puede poner la administración de perfil y dejar que sólo pueda acceder a la medicación sólo aquellos que puedan pagarlo. En Andalucía hemos trabajado por garantizar el principio de la igualdad y la justicia social por delante de cualquier consideración. El Partido Popular ha pretendido desmantelar el esatdo del bienestar y los servicios públicos limitando derechos a los que menos tienen. Mientras que el Gobierno del PP y Mariano Rajoy ponía copagos médicos y farmacéuticos (también a los mayores), aquí se hacían subastas de medicamentes que, garantizando la calidad de los productos, supone rebajar el coste para los ciudadanos y que las multinacionales ganen menos. Mientras otros han quebrado el modelo universal de salud y han recortado a mansalva, otros hemos impulsado una ley de sostenibilidad del sistema público sanitario para blindar derechos y prestaciones. Lo dicho: cuestión de prioridades.

Foto.La Vanguardia. Enfermos de hepatitis C protestando ante el Parlamento de Galicia.

Agenda social

Unos hablan, otros hacen. En el segundo grupo está la Junta de Andalucía. El Gobierno que preside Susana Díaz se caracteriza por su política social. Podemos plantea ahora una ley de emergencia social cuando en Andalucía se está haciendo desde hace años. La realidad salta a la vista:

1. Aquí tenemos la legislación más avanzada en la lucha contra los desahucios. Se aprobó la ley de función social de la vivienda, que no se puede desarrollar en su integridad porque el Gobierno de Rajoy la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Pero ya está en el Parlamento la ley de protección de los usuarios en el mercado hipotecario y está a punto de llegar la ley de retracto para que la Junta pueda comprar la vivienda que se pretende desahuciar.

2. Andalucía es la única CCAA que da los libros de texto gratis a los escolares en la educación obligatoria. Se mantienen el transporte escolar, los comedores, las aulas matinales, actividades extraescolares y becas propias que ha permitido rescatar a 100.000 alumnos que habían sido expulsados por decisiones del Gobierno del PP. Estas prestaciones públicas suponen un ahorro de 2.000 euros a las familias andaluzas.

3. Aquí se garantizan las necesidades vitales mínimas a las familias que no pueden hacer frente a los recibos de luz y agua. Se han destinado 13 millones de euros en los dos últimos años a atender a familias en esta situación de vulnerabilidad.

4. Aquí se garantizan las tres comidas para los niños en riesgo de malnutrición. Cuando se puso en marcha esta medida desde el PP se nos comparó con Etiopía. Más de 51.000 niños en los dos últimos años se han beneficiado de este programa a través de comedores escolares y las escuelas de verano.

5. Aquí los mayores no adelantan el pago farmacéutico que instauró Rajoy como ocurre en el resto de España.

6. Aquí se ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación con un presupuesto anual de 40 millones en 2014 y 2015. Ha permitido la formalización de 52.000 contratos en este tiempo a personas en riesgo de exclusión.

Es importante la recuperación económica, pero que ésta sea justa y que llegue a las familias que peor lo han pasado en esta larga crisis. También seguir blindando los servicios públicos y fortaleciendo el estado del bienestar. Así, y como anunció Susana Díaz, el próximo martes el Gobierno andaluz va a aprobar el anteproyecto de ley  de Servicios Sociales, un proyecto pionero que recoge todo lo que ya se hace, que es mucho, e incorpora importantes novedades. Esta norma ofrece la relación de derechos más amplia de todas las leyes autonómicas en esta materia. Entre otras cuestiones, se reconocerá el derecho de las personas que necesitan atención individualizada y a entidades sin ánimo de lucro para que tengan un nivel de protección y atención con las administraciones. Como antes se conquistó la sanidad, ahora se hará con la protección social.

Esta ley demuestra que se puede seguir avanzando en la protección de las personas y atendiendo a los colectivos más vulnerables. Andalucía ha sido, es y seguirá siendo un ejemplo, una referencia con políticas avanzadas que consagran la igualdad de oportunidades que a la derecha tanto molesta.

Consejos vendo….

“Cuando las cosas se hacen mal, suelen terminar mal”. Estas palabras pertenecen a Mariano Rajoy y las ha pronunciado esta mañana en una entrevista en la COPE para argumentar que la mejor salida para Cataluña es la repetición de elecciones. Si fuera coherente, tendría que aplicarse la misma medicina que receta a los demás. El presidente del Gobierno en funciones hace gala del refrán español “consejos vendo y para mí no tengo”. Que distinto es predicar de dar trigo. Su gestión tampoco es para presumir. Con Rajoy, no sólo no hay menos personas trabajando en nuestro país sino que ha aumentado hasta cotas insoportables la brecha de la desigualdad por sus políticas de recortes y de desmantelamiento del estado del bienestar y del principio constitucional de igualdad de oportunidades. Con este expediente es lógico que nadie quiera acercarse al PP. El político gallego se podría aplicar sus propias argumentaciones si no reúne la mayoría suficiente para formar gobierno. Porque si llega el caso cualquier ciudadano de España podría invocar que cuando las cosas se hacen mal, suelen terminar mal. Por tanto, señor Rajoy, no hay que dramatizar si en nuestro país hay que volver a convocar elecciones porque el resultado del 20 de diciembre haya provocado una aritmética imposible. Lo que no admite objeciones es que los cinco millones y medio de hombres y mujeres que votaron al PSOE lo hicieron por el cambio y, por consiguiente, para desalojar al PP de la Moncloa.

No olvidemos estos cuatro años

De esto es lo que no quiere hablar Mariano Rajoy en campaña y seguramente pasará de puntillas en el debate cara a cara con Pedro Sánchez esta noche. Su balance de recortes es estremecedor. Después de tres años y muchos meses encerrado en el plasma y dando tijeretazos al bienestar de los españoles desde su mullido sillón del Palacio de la Moncloa, ahora se pone el traje de campaña y pone cara de bueno. ¿Y a quién va engañar? Él y sólo él es el responsable del desaguisado social que hemos sufrido desde 2011. Cientos de miles de familias han padecido en sus carnes las políticas crueles del PP. No se debería pasar por alto esta dura realidad a la hora de coger la papeleta de voto el domingo. No olvidemos estos cuatro años de sufrimiento. La desigualdad cabalga desbocada en España.

Y hay programas de partidos nuevos que profundizan en esta línea. Ciudadanos mantiene los copagos, quiere cerrar universidades periféricas, plantea bajar el IVA de artículos de lujo y subir el de los productos básicos de la cesta de la compra (pan, leche, legumbres…), plantea un contrato único que supone despido más barato y una vuelta de tuerca más a la reforma laboral aprobada por el PP… Más madera.

Es el momento del cambio, pero de un cambio seguro y progresista, sensible con las dificultades que atraviesan muchas familias y con conocimiento y preparación para la acción de gobierno transformadora que necesita España. Y ahí la única opción la representa el PSOE.

 

Zasca al ministro Alonso

Los datos oficiales sirven para poner en evidencia los mensajes malintencionados. Este gráfico del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, deja en muy mal lugar al jefe de este departamento, Alfonso Alonso. La estadística propia constituye un buen zasca para un alto cargo que ha pretendido confundir a la opinión pública. En una reciente visita a Sevilla, el ministro tuvo la desahogo de sembrar dudas el destino del dinero de la dependencia en Andalucía. Y esta comunidad no es sólo a las que más personas atiende y más prestaciones dispensa, sino es la que más sigue apostando por extender un derecho que representa el cuarto pilar del estado del bienestar. Por lo tanto, Alfonso Alonso mintió y lo hizo a sabiendas. No dice mucho de un ministro que, al calor de las inminentes elecciones generales, abandona el rigor y la lealtad institucional para enfundarse el traje de agitador partidista. No estaría de más una rectificación de este hombre de confianza de Mariano Rajoy, una rectificación que a buen seguro que no llegará. Al menos, el ministro debería extraer una lección de este episodio de desfachatez: no todo vale ni en política ni en la vida. Esta petición también caerá en saco roto.