¿Mafia en el fútbol?

No es nueva la rumorología sobre la compra de partidos de fútbol o las primas a terceros para estimular una victoria. Lo que ocurre es que casi nunca se obtienen pruebas concluyentes para imponer severos correctivos. Tirando del hilo de la investigación del caso de corrupción del ayuntamiento de Orihuela, cuyo alcalde es también el presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll, se ha conocido los intentos del Hércules de amañar hasta cuatro partidos de Segunda. El equipo alicantino subió finalmente a Primera, en principio por méritos propios, aunque el principal accionista del club, el contratista Enrique Ortiz, pretendió echarle una manita antideportiva. Este empresario aparece imputado en la trama de comisiones de la localidad que hace un siglo vio nacer a Miguel Hernández, cuyas escuchas policiales han destapado los tejemanejes del directivo del Hércules.

El juez del caso Brugal ha decidido archivar el caso de la compra de partidos porque entiende que no son hechos constitutivos de delito. Soy un lego en Derecho, y posiblemente me deslice por la pendiente de la osadía, pero coincido con el fiscal con que estas revelaciones deberían conducir a los estamentos futbolísticos, tanto la Federación Española como la Liga de Fútbol Profesional, y al Consejo Superior de Deportes a abrir una investigación de oficio. No me mueve ningún interés más allá de que resplandezca el juego limpio. (El principal beneficiario de un hipotético del Hércules sería el Betis y mis colores son los del Sevilla. En fin, que no barro para casa).

Está claro que estos comportamientos mafiosos resultan intolerables en cualquier disciplina deportiva y destrozan los valores que han de presidir su práctica.  Este caso de corrupción deportiva, al menos en grado de tentativa, no se puede escapar por el desagüe por desidia o por la inercia burocrática con la que se despachan estos turbios asuntos en algunos ámbitos federativos. Este lamentable episodio se escapará por sólo unos meses de la vía penal. Menos mal que a partir del 22 de diciembre entrará en vigor la reforma del Código Penal en la que serán punibles los fraudes deportivos.