Construcción sostenible

El Gobierno de Andalucía acaba de recibir el premio Regiostar por la Comisión Europea por su Programa de Impulso a la Construcción Sostenible (PICSA). A principios de 2014, el Ejecutivo que preside Susana Díaz, apostó por la reactivación de un sector terriblemente afectado por la crisis económica en España. Era necesario recuperar la construcción desde una perspectiva sostenible y radicalmente distinta al modelo especulativo de los años de la burbuja inmobiliaria. Se abría una oportunidad que había que aprovechar para dinamizar el empleo en el sector mejorando la eficiencia energética del parque de viviendas de Andalucía. Y no sólo se puso en marcha el plan reconocido por la UE, sino también un instrumento para el medio y largo plazo como el Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía con el horizonte de 2020.

El programa de construcción se puede calificar de éxito en virtud de los resultados de las dos convocatorias, superando las previsiones iniciales:

  • Se han movilizado casi 258 millones de inversión.
  • Se han creado/mantenido 20.000 empleos.
  • Se han llevado a cabo casi 40.000 actuaciones.
  • Se ha ahorrado el equivalente a la energía consumida por 2,2 millones de bombillas.
  • Se han sumado más de 8.000 empresas colaboradoras.

El buen funcionamiento de este programa es compartido por las empresas colaboradoras y los beneficiarios. Más del 70% de los empresarios señalan su contribución al desarrollo del sector y a la generación o mantenimiento del empleo. Otro dato que avala el programa es que cerca del 97% de los beneficiarios ha recomendado o recomendaría a otros usuarios para acometer medidas de mejora en sus viviendas porque la actuación ha mejorado el grado de confort o calidad de vida. Y el buen resultado que ha tenido esta iniciativa del Gobierno andaluz es que el 91% de los beneficiarios lo valora muy satisfactoriamente. Es, por tanto, un modelo a seguir, tal y como ha reconocido la Unión Europea a través del premio Regiostar.

El camelo de la tarifa eléctrica

El Gobierno de Mariano Rajoy lleva toda la legislatura engañando a los usuarios y favoreciendo a las grandes compañías de electricidad. Ha anunciado mil y una rebajas de las tarifas y cada vez pagamos más. Y en meses tan extremos de calor como el de julio que acabamos de pasar esa escalada de precios se dejará notar en la cuenta que tendremos que abonar. Vamos a sudar tinta por haber puesto los aires acondicionados a tope para resistir las altísimas temperaturas que hemos sufrido en este verano especialmente tórrido. Los discursos del Partido Popular siempre encierran trampas. Hemos cogido la enésima media verdad del Ejecutivo: ha bajado el 2,2% de la parte fija de la tarifa, pero aumenta la parte variable. Ha crecido la demanda eléctrica un 10% y, por tanto, el suministro combinado encarece la factura. En los siete meses que han transcurrido de 2015, la luz ha subido más de un 11% con respecto al año pasado. Están tomando el pelo a los españoles: con la factura eléctrica nos aplican eso tan antiguo del palo y la zanahoria.

Seguimos trabajando

Susana Díaz en una visita a la empresa aeronáutica Skylife Engineering

El Gobierno de Andalucía sigue trabajando. No tiene ni un minuto que perder. Ése es el mensaje que ha trasladado la presidenta de la Junta. Los ciudadanos esperan respuestas y este Ejecutivo se las va a dar. Va a seguir demostrando, como ha hecho en los últimos tres años, que otra forma de hacer política es posible, que esta comunidad es una referencia y una esperanza para todos los progresistas de España. Dicho y hecho. Nadie entendería que el gabinete que preside la socialista se cruzara de brazos hasta pasadas las elecciones.

Este martes, Susana Díaz ha cursado una visita a la empresa aeronáutica Skylife Engineering, un sector que representa el 19% de la industria andaluza, y el Consejo de Gobierno, entre otros asuntos, ha aprobado el plan de construcción y rehabilitación sostenibles. Es un programa que da respuesta a un compromiso de la presidenta, que está consensuado con todo el sector y que supondrá un importante revulsivo para generar empleo, dinamizar la construcción y la mejora del rendimiento energético del parque de viviendas de Andalucía. Se ponen una inversión inicial mínima de 529,2 millones de euros hasta 2020.

Este plan representa la continuación del desplegado con éxito a lo largo de 2014. Este buen resultado se traduce en las siguientes cifras:

  • Más de 7.600 empresas colaboradoras.
  • Más de 24.500 actuaciones de mejora energética en edificios, con el consiguiente ahorro de más de 210 millones en la factura energética de hogares y empresas andaluzas.
  • Incentivos por valor de 116 millones de euros.
  • Una inversión de 170 millones de euros.
  • Y 14.200 personas contratadas.

La Junta apuesta por la construcción que no por la especulación, por ser un sector que puede y debe tener un papel activo en la recuperación de la economía andaluza. Recuperación que es una prioridad para este Gobierno y para lo que es necesario reorientar el modelo productivo hacia estructuras más competitivas, más sostenibles y, sobre todo, con más capacidad para generar empleo.

Nos discriminan en todo

Propuesta Ministerio Planificación Eléctrica

El Gobierno de Rajoy no deja pasar una oportunidad para castigar a Andalucía. Cada vez que reparte fondos desde Moncloa se discrimina a esta tierra. La derecha es así de sectaria. Hoy hemos conocido otro dato, el reparto de fondos para el desarrollo de la red eléctrica, y el Ministerio de Industria ha vuelto a perjudicar a esta comunidad. Se nos consigna por habitante la mitad de la media nacional con un reparto que no responde a criterios objetivos como la extensión geográfica, la población o la demanda eléctrica de Andalucía (ver ilustración). No es una cuestión menor: el sector energético es fundamental para la reindustrialización y la recuperación económica. El gabinete de Rajoy hace una distribución arbitraria e injusta como nos tienen acostumbrados en sus casi tres años de mandato. Pasa igual con la financiación autonómica, las inversiones, los fondos de empleo, las ayudas europeas a la política agraria o la pesca, la aportación para la atención a personas en situación de dependencia… Es un suma y sigue insoportable. ¡Y ya está bien!

Gran acierto

El Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía se puede considerar un éxito. En menos de dos meses se ha comprometido el 80% de los 150 millones presupuestados para la mejora de la eficiencia energética del parque de viviendas. En cinco provincias (Jaén, Granada, Córdoba, Huelva y Almería) se ha agotado íntegramente el presupuesto destinado para este programa destinado, entre otras cuestiones, a la renovación e instalación de ventanas, elementos de protección solar y sombreado, el cerramiento o acristalamiento de terrazas ya techadas, aislamiento de cubiertas o suelos, la renovación de termos o la instalación de renovables.

Esta fuerte demanda demuestra el acierto de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para dinamizar la generación de empleo con el objetivo de dinamizar un sector castigado por el paro por la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los ciudadanos (más de 20.000) y las empresas (más de 6.500) del sector han respondido a esta medida del Gobierno andaluz. Estos datos certifican la gran acogida que ha tenido esta medida.

A estos 150 millones se añaden otros 50 millones de euros más para facilitar la financiación de pymes y de las empresas de economía social. El programa completo destinado al sector de la construcción se pondrá en marcha en el mes de octubre.

Penalizando al consumidor

 

Este Gobierno de Mariano Rajoy toma decisiones que, más allá del sesgo ideológico y del obligado peaje que paga a los poderosos, resultan incompatibles con la lógica y el sentido común. Las distintas administraciones se han pasado décadas fomentando y subvencionando el autoconsumo energético, fundamentalmente a través de la instalación en las viviendas de paneles solares y generadores eólicos (molinillos). Muchas familias se apuntaron a la producción de energía para cubrir buena parte de la factura doméstica. El Ministerio de Industria se descuelga ahora con un decreto, aún en fase de borrador, que plantea crear una tasa a la producción casera un 27% mayor que la que se abona a las compañías eléctricas en la factura. Esta medida plantea una serie de interrogantes (o de nefastas conclusiones):

1. Se hace un favor a las grandes compañías. Responde el Gobierno al temor del sector eléctrico de que el incremento de la autogeneración colapse su negocio. Para ello, se crea una figura impositiva que incline al consumidor hacia el suministro tradicional de energía y desista de nuevas fórmulas por su coste final menos competitivo.

2. Se penaliza el ahorro del usuario. El precio de la producción fotovoltaica ha bajado un 80% en los últimos cinco años mientras el recibo de la luz tradicional sigue creciendo, entre otros factores, por el déficit de tarifa. ¿Por qué se condena al ciudadano para favorecer a las multinacionales? Esta dinámica es constante en las decisiones del gabinete de Rajoy.

3. Se frena la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico. Nos condena al monopolio del sistema tradicional impidiendo que las renovables reste cuota de mercado a la producción convencional y, de camino, vaya aligerando la dependencia energética de nuestro país.

4. Se ponen trabas a formas limpias y menos contaminantes de generación de energía eléctrica. La decisión perjudica lógicamente a la conservación de nuestro medio ambiente.

5. El decreto supone otro nuevo golpe a las renovables. Desde que el PP llegó a la Moncloa ha legislado perjudicando a los productores de energía no contaminante y ha puesto en riesgo la inversión y los puestos de trabajo de un sector emergente.

Falsa equidistancia

El Gobierno de la nación ha aprobado una reforma del sistema eléctrico para intentar paliar el déficit de tarifa (la diferencia entre que cuesta la producción y distribución de la energía y los ingresos de las empresas eléctricas) que no ha contentado a nadie. A los consumidores nos subirán el recibo un 3,2% más, otro nuevo golpe a las maltrechas economías familiares, mientras que las compañías, que reivindicaban una medida aún más favorable a sus intereses, han mostrado su disconformidad anunciando despidos y de propina han cosechado un importante batacazo en la Bolsa. Esta decisión hipotéticamente salomónica grava los bolsillos de los usuarios y se traducirá, si las empresas cumplen su amenaza, en el despido de cientos o miles de empleados. Me suena impostado el enfado de las compañías: esta pose airada no sería más que una coartada para acometer un expediente de regulación de empleo. Podrán aligerar sus plantillas y, por tanto, reducir sus costes laborales con esta excusa. Y en realidad los consumidores seguiremos soportando la mayor carga del reparto del déficit.

Cien días de goteras

Todos los gobiernos tienen los famosos cien días de cortesía cuando despega la legislatura. Mariano Rajoy los ha tirado por la borda. Se las ha querido dar de reformista (léase, involucionista) con medidas impopulares, contrarias a sus promesas electorales e injustas y ha perdido mucho del crédito que acumuló en las elecciones del 20-N. En poco más de cuatro meses desde la cita electoral, el inquilino de la Moncloa nos ha obsequiado con una subida de impuestos y tasas (IRPF, IBI, luz, gas y por acceder a la Justicia), paralización de ayudas y recortes (dependencia, energías renovables, a la investigación…), una reforma laboral que nos despoja de derechos y nos deja indefensos a los empresarios, unos presupuestos generales que consagra un recorte de 25.300 millones de euros y una amnistía fiscal a los grandes defraudadores. Con estas credenciales más una huelga general y dos decepciones electorales (Andalucía y Asturias) de por medio, Rajoy ha cerrado este nefasto primer tramo de mandato.

Por mucha pompa y celofán con el que los medios de comunicación conservadores quieran adornar este periodo (algunas portadas de ayer rozaban el ridículo de tanta adulación), no pueden ocultar la frustración que a muchos votantes de buena fe ha generado los engaños y las contradicciones en que ha incurrido el PP. Demasiadas goteras en tan poco tiempo. Ítem más, la tan criticada dependencia del Ejecutivo anterior a las directrices de Bruselas se ha multiplicado con una cesión intolerable de la soberanía nacional. Hoy la mandamás europea, Angela Merkel, manda un emisario de su partido para supervisar las cuentas del Estado para 2012. No podemos caer más bajo. No es que la Unión Europea vigile el cumplimiento del compromiso de déficit (5,3 para 2012 y 3% para 2013), es que la canciller alemana nos mande un heraldo de segunda o tercera fila a tomarle la lección al presidente elegido democráticamente por la ciudadanía española.

Rajoy ha olvidado todo lo que decía en la oposición y, lo que es peor, ni ha dado la cara ni nos dice la verdad. Uno de sus mantras era no ocultar nunca la realidad y desde que se sentó en la poltrona ha practicado la hipocresía a diario y se ha escondido detrás de sus subalternos. Ha sido más expresivo y más claro en sus confidencias captadas por indiscretos micros abiertos que poniendo el rostro en sus escasas comparecencias públicas. Acobardado detrás del un cómodo burladero institucional no se demuestra la capacidad ni el liderazgo. Siempre ha sido Rajoy un político timorato, sin audacia ni arrojo acreditados, el peor timonel posible para una situación tan complicada con la que estamos viviendo.

Y como no ejerce ni dentro de su propio partido, las aguas se empiezan a mover en el remanso en el que se habían instalado los dirigentes peperos. Hay movimientos contra el excesivo poder que atesora María Dolores de Cospedal y su falta de tiempo para atender tantos frentes, las voces que piden la dimisión de Javier Arenas como presidente del PP andaluz tras su cuarto fracaso en unas elecciones autonómicas o las demandas del propio Rajoy para que desde el partido se defiendan unas medidas de su Gobierno que ni ellos entienden.

Cien días en que el azul cielo que presidía en la calle Génova y en la Moncloa se ha tornado en azul oscuro casi negro.

PD.- En la foto de Efe de esta mañana, ¿qué confidencia le estaría haciendo Rajoy (a lo Mourinho con la mano en la boca) a Arenas?

Otra vez a 120 km/h

Cuatro meses después se podrá circular a 120 km/h. El Gobierno de España esgrime razones para desandar lo andado y recuperar el tradicional límite de velocidad en nuestro país. El barril de petróleo está un puñado de dólares más barato y la previsión es que el precio siga bajando. Por este motivo, no se considera necesario prorrogar una medida que nació con la vitola de transitoria y que ha supuesto un ahorro de 450 millones de euros. En estos momentos de dificultad económica y de falta de recursos en las arcas públicas y privadas, este esfuerzo de contención del gasto está más que justificado. Si tan buen resultado ha dado la moderación de la velocidad en la carretera, ¿por qué no se prorroga en el tiempo hasta que la situación económica repunte con solidez? Un ejercicio de austeridad de 10 km/h reporta un ahorro sustantivo. ¿No es un argumento de suficiente peso para anteponer la solidaridad colectiva a las prisas viajeras? Por si no fuera suficiente, la medida, que no tenía afán recaudatorio porque se ha reducido el número de multas en este periodo, ha favorecido a rebajar aún más la siniestralidad en las carreteras españolas. En estos cuatro meses mal contados, el número de víctimas se ha reducido y hasta en siete días no se registrado ningún muerto. No hace falta que diga que habría mantenido el límite de 110 km/h. Lo defendí cuando se planteó y ahora lo hago con más motivos si cabe.

Mis posts anteriores sobre la cuestión:

A 110 km/h

Ahorro energético

Circulando

Ahorro energético

La convulsa situación de los países árabes, especialmente Libia, uno de los principales exportadores de petróleo y gas, ha propiciado un crecimiento desorbitado del barril de crudo. Los especuladores, como siempre, quieren hacer su agosto a costa de la inmensa mayoría y la OPEP, organización de países productores de este oro negro, contemporiza para sacar tajada y mantiene prácticamente el mismo número de barriles en el mercado. Así las cosas, a las naciones dependientes de esta materia prima imprescindible, como es el caso de España, nos toca sufrir y ajustarnos el cinturón ante tiempos de incertidumbre. La crisis del petróleo de los setenta del siglo pasado revolotea en nuestras memorias y este nuevo contratiempo internacional, unido al encarecimiento del precio del dinero anunciado por el Banco Central Europeo, puede abortar el incipiente escenario de recuperación económica mundial.

El Gobierno de España, con anticipación como reconocen hasta medios nada sospechosos como La Razón, ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas de ahorro energético tasado en 2.300 millones de euros. Un conjunto de acciones dirigidas no sólo a contener el gasto sino a crear hábitos de austeridad en materia de energía y a concienciar a la ciudadanía que estas fuentes son caras. Se toman decisiones cuando se tienen que adoptar. Se dispara el precio del petróleo, el litro de gasolina alcanza en España un récord histórico, con esos elementos el Ejecutivo podía haberse cruzado de brazos y taparse los ojos, como haría el Partido Popular, o reaccionar con iniciativa para amortiguar los efectos de la carestía del crudo, como ha hecho. El aumento de 10 euros del barril de petróleo supone 6.000 millones anuales en la factura energética de nuestro país. No tardaremos en escuchar a los apocalípticos voceros del PP en culpar a José Luis Rodríguez Zapatero del alza de precio de esta materia prima básica. Son así de simplones.

El paquete aprobado por el Gobierno constituye un plan de choque incardinado a una estrategia global sobre nuestro mix energético. Desde hace años se viene apostando por un cambio de modelo, con más peso de las energías renovables, con menos dependencia del petróleo y con más garantía para el medio ambiente. Se necesita reducir aún más los costes para que estas energías limpias se conviertan en fuentes predecibles y competitivas, pero vamos por el camino correcto.

El principal partido de la oposición se ha quedado en el discurso fácil. Crítica ramplona y falaz y, en cambio, ninguna sola propuesta. Se ha agarrado a la reducción a 110 km/h de la velocidad máxima en autopistas y autovías como supuesta coartada para tapar su ausencia de ideas. No es una ocurrencia obligar a levantar el pie del acelerador para conseguir ahorro. Lo hizo Estados Unidos en la crisis de 1972 rebajando a 90 km/h el límite para consumir menos combustible. Además, en la actualidad, en EEUU, Reino Unido, Noruega o Rusia no se pueden sobrepasar los 110 km/h. De alguien que aspira a gobernar este país, hay que reclamar algo más que retórica barata.