Una historia real

En las próximas líneas quiero exponer una historia real que demuestra cuán vulnerables están los trabajadores como consecuencia de la reforma laboral con las que nos castigó el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP. Para evitar males mayores a la persona afectada voy a omitir su nombre y el de la empresa.

Esta mujer trabaja en el sector comercio y es la responsable de una franquicia con una veintena de establecimientos y más de un centenar de empleados a su cargo. Me asegura que su móvil no deja de sonar en todo el día y que se multiplica para atender tantos frentes. Esta semana se produce un cambio en la titularidad de la empresa. El nuevo propietario desembarca en el negocio con la guadaña de la reforma laboral. De sopetón anuncia que a partir de ahora cobrarán el 38% del sueldo que tenían firmado en su contrato haciendo valer insensiblemente la normativa laboral vigente. Ganaba 1.000 euros por dirigir un grupo de tiendas y pasará a 380. Una decisión que será legal pero supone un atraco a los empleados. A algunos casi les costará dinero acudir a su puesto de trabajo con tamaño recorte.

Ese el escenario desolador que nos deja el PP con su reforma laboral. Esto le está pasando a mucha gente, que ahora trabaja más y ganas menos de la mitad que antes. Y encima tienes sobre la cabeza la espada de Damocles del despido: y si no te gusta, ahí tienes la puerta. Ésta es la realidad, la de trabajadores con sueldos muy bajos y teniendo que tragar porque en la calle hace mucho frío, y no que la gente ya no tiene miedo a perder su empleo, como ufanamente sostiene el ministro de Economía, Luis de Guindos. Uno de cada tres trabajadores gana en España menos de 645 euros. Así cuesta mucho llegar a final de mes.

Nota.– En la próxima legislatura, cuando el PP pierda, la primera decisión ha de ser derogar la reforma laboral.

Falsa equidistancia

El Gobierno de la nación ha aprobado una reforma del sistema eléctrico para intentar paliar el déficit de tarifa (la diferencia entre que cuesta la producción y distribución de la energía y los ingresos de las empresas eléctricas) que no ha contentado a nadie. A los consumidores nos subirán el recibo un 3,2% más, otro nuevo golpe a las maltrechas economías familiares, mientras que las compañías, que reivindicaban una medida aún más favorable a sus intereses, han mostrado su disconformidad anunciando despidos y de propina han cosechado un importante batacazo en la Bolsa. Esta decisión hipotéticamente salomónica grava los bolsillos de los usuarios y se traducirá, si las empresas cumplen su amenaza, en el despido de cientos o miles de empleados. Me suena impostado el enfado de las compañías: esta pose airada no sería más que una coartada para acometer un expediente de regulación de empleo. Podrán aligerar sus plantillas y, por tanto, reducir sus costes laborales con esta excusa. Y en realidad los consumidores seguiremos soportando la mayor carga del reparto del déficit.

¿Quién paga la crisis?

Hoy se han conocido los datos del paro del mes de marzo: una mínima reducción en España y un pequeño incremento en Andalucía. En mi comunidad 1.332 nuevos dramas personales. Ni la Semana Santa ha permitido un repunte importante del empleo en nuestro país. Las malas condiciones climatológicas han lastrado muchas contrataciones en el sector servicios. El ajuste de la economía lo están soportando los trabajadores con pérdida de derechos, reducciones salariales y despidos masivos. En 2012 la retribución de los asalariados en España ha disminuido en 27.582 millones de euros mientras aumenta el excedente de explotación de las empresas en 10.406 millones. ¿Quién paga la crisis? Los de siempre: los trabajadores, que merced a una lesiva reforma laboral sufren peores condiciones laborales y la destrucción de puestos de trabajo. Hace falta un cambio de ritmo y políticas de estímulo económico. Está claro que con el recorte y la austeridad a ultranza no se produce un cambio de tendencia y se retrasará más nuestra salida de la crisis.

Viñeta.Erlich en El País.

Tres heridas a la educación pública

Llegó con tres heridas, como en el poema del inmortal Miguel Hernández. La educación pública ha sufrido tres severos hachazos en la última semana. Los recortes del Gobierno del Rajoy desangrarán el sistema educativo, amén de otros pilares del estado del bienestar (sanidad y dependencia). Tres heridas en una semana negra y ninguna es del amor o de la vida, todas persiguen la muerte de un modelo basado en la igualdad de oportunidades. Con tan severos tijeretazos se quiere abonar el terreno al negocio privado y caminar hacia una enseñanza clasista y elitista para las capas más privilegiadas y poderosas de la sociedad.

Primera herida: la pérdida de calidad de la educación obligatoria (Primaria y ESO) y postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional). Un ajuste de nada más y nada menos de 10.000 millones de euros que se traduce el aumento de la ratio de alumnos por aula, la eliminación de los desdobles, aumento de la jornada laboral del profesorado y la no cobertura de las bajas durante dos semanas. Todo este retroceso supondrá una peor educación para nuestros hijos y el doloroso despido de decenas de miles de docentes interinos. Un enorme sacrificio extra a añadir a la injustificable caída del 21% de los recursos consignados en los Presupuestos Generales del Estado.

Segunda herida: romper la igualdad en el acceso a la Universidad. La subida de las matrículas, unida a la reducción de las becas, dificulta el ingreso en el nivel superior de enseñanza para muchos españoles. Supone una quiebra del modelo equitativo existente para instaurar otro en el que se segrega por el poder adquisitivo en detrimento de la capacidad de los estudiantes.

Tercera herida: impugnación de las oposiciones de Secundaria de Andalucía. El Gobierno de la nación ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para paralizar la incorporación de 2.389 docentes. Una decisión fría como el metal de las tijeras de podar que usa Rajoy, calculada y cobarde fruto de la deslealtad institucional de un Ejecutivo del PP que mira con inquina a esta comunidad autónoma. Han llevado el recurso contra las oposiciones al alto tribunal en el último momento y una vez que han pasado las elecciones autonómicas del 25 de marzo.  La medida significa un gran perjuicio de miles de opositores (33.154 exactamente) que han invertido tiempo y dinero en prepararse durante meses estas pruebas. Rajoy y Javier Arenas, con su silencio cómplice y bochornoso, han quitado a estos opositores la posibilidad de encontrar un empleo y a los interinos la opción de consolidar su plaza. Ya previamente y a traición les habían cambiado el temario. Con menos docentes, menos calidad y más fracaso escolar. Ésa es la cruz que nos impone el PP con esta sectaria impugnación.

Tres navajazos traperos y por la espalda a la educación pública. Tres heridas sin amor ante las que no cabe la resignación de la muerte sino la lucha por la vida de nuestro sistema educativo. Nos toca por pelear por nuestros derechos porque de ello depende el futuro de nuestros hijos.

Foto.El País.

Las dos últimas derrotas de Arenas

La mercadotecnia lo tapa casi todo. Puede convertir en éxito aparente lo que ha sido un fracaso de magnitud. El congreso del PP en Sevilla buscaba, entre otros honorables objetivos, catapultar a Javier Arenas en su cuarta tentativa electoral a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Muchos parabienes de sus cuates, mucha fanfarria y exceso de papel de celofán con lazos. En teoría, el dirigente andaluz ha mantenido sus posiciones en el organigrama pepero. Ésa es la teoría. En la práctica ha perdido con María Dolores de Cospedal en su enconada disputa por el control del partido. La presidenta castellano-manchega ha frenado las aspiraciones de Arenas de conquistar poder en el aparato de Génova y se ha convertido en la guardesa exclusiva del cortijo conservador. Ansiaba el andaluz ser nombrado coordinador general y Cospedal no ha querido nadie que le siegue la hierba bajo los pies en sus inevitables ausencias institucionales.

La segunda derrota se ha fraguado en el debate interno sobre la reforma laboral. Arenas planteó a Rajoy una modificación equilibrada del marco de relaciones laborales con las urnas a la vuelta de la esquina. No porque no esté de acuerdo con el brutal hachazo infligido a los derechos de los trabajadores y al modelo social construido con la democracia, es que no quería elementos que distorsionaran su campaña electoral hasta el 25 de marzo. Triunfó la tesis del ministro De Guindos de impulsar una reforma agresiva y salvaje y el jefe de la oposición andaluza salió perdedor del pulso. Los resultados están ahí: despidos fáciles y baratos, dinamitada la negociación colectiva y manga ancha para los empresarios para modificar condiciones laborales y salariales. Un auténtico misil a la línea de flotación al derecho laboral y al estatuto de los trabajadores.

Para otro día dejaremos los tres varapalos electorales cosechados por Arenas en 1994, 1996 y 2008 como cartel electoral de la derecha en las autonómicas. Ya habrá tiempo para eso.

Foto.- ABC.

Reforma contra el empleo

¡Qué lejos queda ya ese mantra impostado de que el PP era el partido de los trabajadores (Cospedal dixit)! El Gobierno de Rajoy ha elaborado una reforma laboral a la medida de su ideología. Histórica pero en sentido negativo por las consecuencias negativas que acarrea. El júbilo de la patronal CEOE y de otros grupos de la derecha patria evidencia el sesgo de la medida. Beneficia sin ambages a los empresarios y nos debilita a los trabajadores. En este nuevo marco laboral se abarata el despido de forma generalizada. Perdemos todos los que tenemos nómina, quedamos al albur de unos nuevos requisitos para la rescisión de contrato favorables para el patrón. Sólo con nueve meses de menos ingresos, que no de pérdidas, el empresario te puede poner de patitas en la calle y de forma procedente, con una indemnización de 20 días por año trabajado en lugar de los 45 días vigentes hasta hoy.

La reforma de Rajoy supone un recorte brutal de derechos y de la protección de los trabajadores y se traducirá en un efecto llamada para la destrucción de más empleo. Si en un panorama económico de recesión, como mínimo hasta el primer semestre de 2013, y una previsión de seis millones de parados para el año en curso, abaratar el despido de forma generalizada es como dar un cheque en blanco a los empresarios para hagan y deshagan a su antojo. Si un cambio legislativo no es la quimera para dinamizar el empleo, en este caso no sólo no se crean unas condiciones favorables para dinamizar el mercado laboral, sino que la norma empuja en sentido contrario a la destrucción de empleo.

Para redondear esta agresión a los trabajadores sin contar con los sindicatos, se hace saltar por los aires la negociación colectiva al circunscribirlo a cada empresa. Además, los trabajadores perderán los derechos laborales después de dos años de bloqueo de los convenios colectivos, que se tendrán que negociar de nuevo desde cero. Para los jóvenes se legaliza la explotación hasta los 30 años regulando un miserable contrato de prácticas y a los parados se les cambian los cursos de formación por trabajos para la comunidad y así de camino aligerar la plantilla de empleados públicos (algo así como los voluntarios que planteaba Ana Botella en Madrid).

Éste es el Gobierno del cambio hacia atrás, del retrocambio. Ha elegido competir bajando los salarios y aumentando las jornadas laborales, instaurando un modelo de relaciones laborales de países del tercer mundo, en vez de emular con países desarrollados a través del conocimiento, la innovación y la aportación de los trabajadores. Estamos en una reforma contra el empleo al alumbrar un despido más fácil y barato.

Más empleo, más estabilidad, mismos derechos

Ante la falta de acuerdo de patronal y sindicatos sobre la reforma laboral, que habría sido el escenario ideal, el Gobierno de España asume su responsabilidad de tomar decisiones. Antes de la aprobación del decreto-ley el próximo 16 de junio, el Ejecutivo quiere pulsar la opinión de la oposición para contar con una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso. La propuesta elaborada por el Ministerio de Trabajo supone una reforma sustancial, imprescindible para culminar la salida de la crisis y que no rebaja los derechos de los trabajadores. Se avanza hacia un modelo de relaciones laborales más adecuado a la realidad social y productiva de nuestro país que modernice nuestro mercado de trabajo y favorezca la creación de empleo y la estabilidad laboral.

El proyecto de reforma laboral introduce grandes novedades. El País me ha hecho el trabajo de síntesis:

Contratos temporales

  • Los contratos de obra y servicio tendrán una duración máxima de dos años, ampliables otros 12 meses si así se recoge en el convenio colectivo del sector. Transcurridos dichos plazos, ya sea en la misma empresa o en una del mismo grupo o a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos.
  • Las indemnizaciones de los contratos temporales se amplían de los 8 días por año a 12 de forma progresiva.

Causas objetivas de despido

  • Habrá reducción de plantilla cuando los resultados de la empresa arrojen pérdidas económicas no meramente coyunturales. De la negociación parlamentaria, se podríua fijar un periodo mínimo de seis meses en pérdidas continuadas para justificar el despido. La empresa tendrá que acreditar objetiva y documentalmente los resultados alegados y justificar la medida.
  • Los despidos procedentes o justificados tienen una indemnización de 20 días por año trabajado para todo tipo de contratos. En caso de aprobarse, la ampliación de los supuestos para que las empresas puedan acogerse a causas económicas, con el consiguiente recorte del dinero a pagar por despedir, afectará tanto a los indefinidos comunes como a los de fomento del empleo.

Contrato de fomento de la contratación indefinida

  • Este tipo de contrato, ya en vigor menos para los hombres de entre 31 a 45 años, pero muy poco utilizado, se extiende a todos los trabajadores que lleven más de tres meses en paro. En el caso de que lleven menos tiempo sin trabajo, también se podrán realizar si ha estado contratado de forma temporal durante los dos años previos a su entrada en el desempleo. Sólo podrán realizar este tipo de contratos las empresas que no hayan reducido empleo en el año previo a la firma del mismo.

Un fondo para pagar las indemnizaciones

  • El Gobierno creará un fondo, que entrará en vigor a partir de 2012, para abonar parte de las indemnizaciones por los despidos de quienes firmen un contrato de fomento del empleo desde ese momento.
  • El dinero a aportar en este instrumento, que se prolongará a lo largo de la vida laboral del trabajador independientemente de la empresa, será igual a un determinado número de días por año trabajado a concretar. El fondo se nutrirá con aportaciones empresariales y se podrá hacer efectivo en caso de despido, reduciendo una parte de lo que deben pagar las empresas, movilidad geográfica o para el desarrollo de actividades de formación. La parte que no se emplee pasará a cobrarse en la jubilación.

Participación del Fogasa

  • Hasta la constitución del fondo, las extinciones de los contratos de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado, se dividirá entre la empresa y el Fondo de Garantía Salarial, de carácter público, ya sean justificados o no. La empresa abonará 25 días y el Fogasa, los restantes 8.

Flexibilidad interna

  • Se autoriza a las empresas a modificar las condiciones laborales –jornada laboral, imposición de turnos o cambios en la remuneración acorde con las nuevas horas de trabajo– en periodos de debilitamiento económico para reducir el nivel de producción con el objetivo de evitar que el ajuste se traduzca únicamente en pérdida de empleo.
  • En caso de falta de acuerdo entre empresa y trabajadores sobre las medidas, un árbitro dictará la modificación de las condiciones de trabajo o acordará, en su caso, medidas alternativas.

Bonificaciones para la contratación

  • De 16 a 30 años: Hasta el 31 de diciembre de 2011, si se contratan de forma indefinida, se beneficiarán de una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros durante tres años. Sólo es aplicable a los jóvenes con un año en paro y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional. En el caso de las mujeres, aumenta a 1.000 euros.
  • Mayores de 45 años: Si llevan en paro un año, tendrán derecho a una bonificación de 1.200 euros durante tres años. Si se contratan a mujeres, sube a 1.400 euros. Esta medida es aplicable hasta antes de 2012.
  • Las empresas transformen en indefinidos contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación de 500 euros durante tres años. Para las mujeres es de 700 euros.
  • Las empresas que quieran acogerse a estas bonificaciones, salvo las referidas a contratos de relevo, deberán aumentar su nivel de empleo fijo. También están obligadas a mantenerlo a lo largo del periodo que dure la bonificación.

Inclusión de las ETT

  • Se liberalizan los servicios de empleo dando entrada a las Empresas de Trabajo Temporal en todos los sectores para orientar, asesorar y colocar a los desempleados. Ahora bien, las ETT deberán garantizar que sus usuarios entran en igualdad de condiciones en las empresas. Es decir, tendrán el mismo sueldo que sus compañeros y disfrutarán de los mismos derechos y condiciones.