A buen ritmo

El Gobierno de Andalucía cumple, lo que firma lo lleva a la práctica. Del acuerdo de investidura con Ciudadanos, que permitió que esta legislatura echara a andar, está ya ejecutado o en fase de ejecución un 66 por ciento, según ha cuantificado la propia formación naranja. En menos de dos años de gobierno (PP y Podemos bloquearon la investidura de Susana Díaz durante 80 días), se ha cumplido ya dos terceras partes, es decir, se avanza a buen ritmo.

Pero el Ejecutivo socialista quiere más, no se conforma, quiere meter una velocidad más a la gestión y aprovechar los síntomas de recuperación económica para avanzar en derechos y consolidar los indicadores de crecimiento. Un nuevo impulso para seguir creando más empleo y reduciendo el paro más que la media nacional, para continuar fortaleciendo los servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades y para avanzar con políticas sociales que marquen la diferencia y pongan en el centro las personas y la mejora de su calidad de vida.

De la reunión de la presidenta andaluza con el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, se reforzó el compromiso de mejorar la calidad de nuestra democracia. Así se aprobará en breve la Oficina contra el Fraude Fiscal, que tendrá dos ámbitos de actuación la prevención y lucha contra la corrupción y contra el fraude fiscal y acometer este legislatura la reforma de la ley electoral (ya hay un grupo de trabajo constituido en el Parlamento) y suprimir los aforamientos. La eliminación del fuero debería extenderse a todas las administraciones y territorios porque supone igualar a todos ante la justicia.

Pese al alto grado de cumplimiento, se va a pisar el acelerador para alcanzar 100%. Sólo cumpliendo lo que se promete se conquista la confianza de los ciudadanos.

Sueldos y sobresueldos

Siempre he defendido que los representantes públicos han de tener un salario digno. Fundamentalmente, para que las administraciones puedan contar con los y las mejores al servicio de la comunidad. Un salario digno, público y único. Se ha de imponer la máxima de una persona, un cargo y un sueldo. La ciudadanía reclama políticos dedicados a tiempo completo a su responsabilidad pública. Así, lo defendí como diputado hace ya casi tres años durante la reforma de la Ley Electoral de Andalucía para hacer incompatible el cargo de parlamentario autonómico con el de alcalde, presidente de Diputación y de Mancomunidad. La iniciativa contó con el apoyo mayoritario del Parlamento (PSOE e IU) y el rechazo del PP. Y nada más llegar al Gobierno de la nación Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida andaluza para paralizarla mientras que falla sobre el fondo el alto tribunal. (((Ahora con todo lo que conocemos de sobres y cajas B entendemos perfectamente por qué))).

Hago esta reflexión después de conocer que Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, es el cargo público en España que más gana, con 156.000 euros brutos anuales. De la lectura de los periódicos se concluye que ingresa por tres cargos, cuyos salarios acumula, y un sobresueldo del partido. Cobra como alcaldesa, diputada autonómica y como miembro de la Autoridad Portuaria. Y por su tuviera problemas para llegar a final de mes, su partido le da un complemento de 50.000 euros. Además de los cuantiosos emolumentos, sorprende la capacidad de la regidora valenciana para atender a tantos frentes. Nos recuerda el acertado refranero español que quien mucho abarca, poco aprieta.

La tormenta por la dimisión de Leopoldo González-Echenique como presidente de RTVE nos ha traído una derivada sorprendente. El que se queda como presidente en funciones, José Manuel Peñalosa, miembro del consejo de administración a propuesta del PP, trabaja también como asesor del grupo parlamentario popular y recibe el nada despreciable óbolo de 3.000 euros netos al mes. Este extraña colisión de los ámbitos público y privado exige una revisión del régimen de incompatibilidades. No parece razonable que uno de los encargados de velar por la misión de servicio público, la pluralidad y la independencia de RTVE cobre sobresueldos del PP.

Con esto, que es tan sólo la punta del iceberg de una historia sobrecogedora, cuesta mucho trabajo aceptar lecciones de ética y propuestas de regeneración democrática que vienen de la mano del PP.

PD.- Unas horas después de escribir este post se ha conocido que el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza que declara que los cargos de alcalde, presidente de diputación provincial y presidente de las mancomunidades de municipios es incompatible con el mandato de diputado autonómico, por lo que, en el caso de que se acumulen ambas condiciones, debe optarse por una de ellas. Un notivo de satisfacción para los que propugnamos la máxima de una persona, un cargo.

Más participación, más democracia

Andalucía toma de nuevo la delantera en mejoras de la calidad de nuestra democracia. A la ley de Transparencia, ya aprobada por el Parlamento, hoy se ha comenzado a tramitar el anteproyecto de ley de Participación Ciudadana, un texto muy avanzado que da voz a los ciudadanos en los asuntos públicos y que, por tanto, da argumentos para que la gente se sienta más cerca de la política y recupere la confianza en su instituciones. La unión de las dos leyes dará respuesta a una demanda social: por un lado, el ciudadano podrá conocer en qué se gasta el dinero de sus impuestos y, por otro, podrá participar a qué se destina. Andalucía responde con más democracia frente a la desafección política, favoreciendo la rendición de cuentas y la corresponsabilidad de los ciudadanos y su Gobierno.

Este anteproyecto de ley se inspira en el derecho de participación tal y como se regula en el Estatuto de Autonomía, la Constitución y las recomendaciones de las instituciones europeas. Todas las personas inscritas en el padrón mayores de 16 años gozarán de un derecho que les permitirá participar en las decisiones públicas. Los vecinos de Andalucía podrán marcar determinadas prioridades de gasto con los presupuestos participativos y trasladar propuestas a los anteproyectos de ley, reglamentos o formular sugerencias a las políticas públicas. Tanto el Gobierno andaluz como los ayuntamientos o los propios ciudadanos podrán impulsar consultas populares en lo referido a las competencias autonómicas y locales. Consultas que no son vinculantes aunque desde luego comprometen políticamente a las instituciones.

Un proyecto de ley que ahora comienza a tramitarse y que avanza hacia una democracia más participativa. Un salto más que le permite a Andalucía marcar diferencia y ser referencia para el resto de España.

Foto.- ABC. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente Diego Valderas.

Debates

 

En una sociedad democrática, en pleno siglo XXI, la celebración de debates durante los procesos electorales debería ser una cuestión indiscutible. El candidato del PP a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, está remoloneando para evitar ese tipo de confrontación de programas y modelos de sociedad con el actual presidente gallego, Emilio Pérez Touriño. No es nueva esta aversión a los debates en las filas de la derecha. No se rivalizaba ante las cámaras de televisión en España, en el contexto de unas elecciones generales, desde 1993 cuando midieron sus fuerzas Felipe González y José María Aznar. Desde que el PP se vio con opciones de optar al gobierno han rehuido de los debates como gato escaldado. No fue posible en la citas de 1996, 2000 y 2004.  Ni siquiera en la última convocatoria de marzo de 2008 estando en la oposición: el aspirante popular, Mariano Rajoy, se intentó zafar de esta obligación democrática hasta el último segundo. El PP, cuando considera que tiene movilizado a su electorado, dinamita las posibilidades de debate. Así, le hurtan la posibilidad de contraste a la ciudadanía. Además de una clara cobardía política, supone una ofensa a la opinión pública. Es un comportamiento que debería ser penalizado en las urnas. Quien no da la cara no merece la confianza del electorado.