El PP ataca el patrimonio de todos

Me he tomado la molestia de revisar lo publicado en Twitter por el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en lo que va de agosto. La primera quincena viene a ser un resumen de noticias de actualidad, incluidas muchas deportivas, en una cuenta que salta a la vista que está alimentada por un community manager. Nula presencia del titular, que estaría de vacaciones por su bien ganada fama de ‘eslomao’. (Ni que decir tiene que es ironía). A partir de ahí, un par de presencias en las ferias de Málaga y Almería, con profusión de fotos del susodicho, que padece el síndrome del selfie, y otros muchos tuits de corte desinformativo. Y poco más que contar de un dirigente político que pía mucho y que se mueve más bien poco. Eso sí, a los demás les suele exigir lo que él no se aplica.

Lo más llamativo de este popurrí de TimeLine es la obsesión y el ataque feroz contra el sistema público de salud en Andalucía. Casi un día sí y otro también con medias verdades y manipulaciones para intentar desprestigiar un patrimonio que es de todos.  Moreno Bonilla (o más bien su amanuense) tira de comentarios insidiosos, informaciones sesgadas y ocultamiento de lo mucho y bueno que se hace en la sanidad pública. Ni una sola palabra del aumento de los trasplantes en el sistema público, del sello de calidad recibido por los ochos servicios provinciales del EPES-061 o del distintivo al Virgen del Rocío por su terapia contra el dolor crónico en oncología pedriátrica. Lo suyo es sólo criticar un sistema público que, con sus defectos, es de los mejores de España y que obtiene una alta valoración de sus usuarios.

El dirigente del PP, que era número dos del Ministerio de Sanidad cuando se perpetró el mayor recorte sanitario de la historia y calló cuando se puso una tasa de reposición de 1 por cada 10 vacantes, busca el desgaste de lo público para allanar el camino al negocio privado. Como ha hecho el PP allá donde gobierna o ha gobernado. ¿Qué hizo Aguirre en Madrid, Camps y Fabra en la Comunidad Valenciana y Cospedal pretendía en Castilla-La Mancha? Éste es el modelo de la derecha, que nos nos engañe. El Servicio Andaluz de Salud cuenta con un presupuesto anual de casi 10.000 millones de euros, una cantidad que supone una tentación para aseguradoras y fondos de inversión. Se mueve mucho dinero y el sector privado quiere hincar el diente a la joya de la corona. Y Moreno Bonilla se encarga de hacer de correveidile de estos sectores financieros sin importarle la igualdad de los ciudadanos ante la enfermedad. Se le nota mucho el truco.

Foto.- Cadena Ser.

Otro sablazo

A nadie sorprende ya el maltrato y la hostilidad que el Partido Popular dispensa a Andalucía. Es una dinámica más vieja que el hilo negro. Tenemos ya un callo de tanto castigo pero no nos cansamos de alzar la voz, es nuestra forma de defender lo que es nuestro. Hace un par de días, por la vía de los hechos consumados, el Gobierno de Mariano Rajoy nos ha quitado 265 millones de euros que nos correspondían por derecho. Ni han avisado: han metido directamente la mano en la caja y se lo han quedado. Son 265 millones que no podremos dedicar en esta tierra para atender las necesidades de la sanidad y de la educación públicas, para dar cobertura a más personas en situación de dependencia o en riesgo de exclusión social, para recuperar los derechos que arrebató la crisis a los empleados públicos, para generar posibilidades de empleo… Andalucía deja de percibir todos los años unos mil millones respecto a la media de las autonomías. Y no sólo sufrimos este agravio, sino que además nos dan un sablazo adicional de 265 millones. La derecha no entiende lo que significa justicia social y redistribución de riqueza. Eso sí, en su diccionario aparece con letras muy grandes discriminación y desprecio a Andalucía.

Esta nueva agresión procede de una aplicación sectaria por parte del Ministerio de Hacienda de la liquidación del ejercicio de 2013 y de un reparto arbitrario del llamado de fondo de convergencia. Este fondo se ha de emplear para ir recortando las distancias entre las distintas comunidades autónomas y favorecer la cohesión social de todos los españoles. Sin embargo, Cristóbal Montoro, que en su DNI reza como andaluz, tergiversa este concepto y la obligación de un ejecutivo de que todos los territorios tiendan a parecerse, a contar con las mismas oportunidades. El Ministerio ha preferido dar una riada de millones a Cataluña y a la Comunidad Valencia en perjuicio de Andalucía. No cumplieron con el objetivo del déficit en ese año por la pésima gestión de Artur Mas (Convergencia) y de Alberto Fabra (PP) y encima se les premia.

La palabra de Rajoy es papel mojado, no vale nada. Hace justamente un año, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lo alertó de este auténtico dislate en el Palacio de la Moncloa. Le hizo saber la injusticia de castigar a Andalucía por una interpretación sesgada del reparto de la financiación autonómica y le planteó, si se consumaba esta distribución trampeada, que al menos se permitiera una devolución en varias anualidades. Pues ni una cosa ni la otra. Han mantenido el desequilibrio entre CCAA y nos han metido la mano en la cartera sin previo aviso. Así se las gasta el PP con Andalucía. A algunos sólo les interesa esta tierra para ver los debates de los que se ausenta desde las instalaciones públicas de Doñana.

Foto.EFE.

Ala dura

El dedazo ha vuelto a funcionar. En el Partido Popular usan como método de selección el cornetín. En la madrileña calle Génova el concepto ‘primarias’ ni está en su diccionario. Todos firmes que decide el presidente. Y Mariano Rajoy ha apostado por el ala dura. Tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana ha puesto al frente a dos genuinos representantes de la derecha radical. Una decisión difícil de explicar y que supone renunciar al centro para aglutinar el núcleo más extremista del conservadurismo patrio. Como cartel para las elecciones catalanas ha optado por Xavier García Albiol, un dirigente que ha hecho de los mensajes xenófobos el eje de su política, muy al estilo de la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. El objetivo de Rajoy: salvar los muebles y mantener presencia en el Parlamento catalán ante la debacle que pronostican al PP todas las encuestas para el 27 de septiembre. En la comunidad vecina, la apuesta para sustituir a Alberto Fabra es una conservadora aguerrida y de la vieja escuela: Isabel Bonig. Los estrategas del PP tendrán que explicar este timonazo. Tanto años, desde la época de Aznar, buscando el centro y vuelven a la casilla de salida incluso antes de alcanzarlo. Más allá del marketing, el partido que fundó Fraga siempre ha sido de derechas. Sin más apellido.

Foto.La Vanguardia. Rajoy y García Albiol.

Rebelión a bordo

El Partido Popular ha estallado tras el varapalo de las elecciones de municipales y autonómicas del domingo. El diagnóstico complaciente de Mariano Rajoy ha provocado la rebelión de los barones territoriales. María Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha), Alberto Fabra (Comunidad Valenciana), José Ramón Bauzá (Baleares) y Luisa Fernanda Rudi (Aragón) han anunciado que dejarán la dirección regional del partido. Una desbandada por el batacazo electoral que se suma a las críticas públicas (algo muy poco habitual en esta formación) por la nula reacción del presidente del Gobierno. Juan Vicente Herrera (Castilla-León), además de abrir un periodo de reflexión personal, ha mandado un mensaje a la línea de flotación de Rajoy: “Mírate al espejo y respóndete si debes ser el candidato“. Este dardo envenenado ha abierto la caja de los truenos y cada vez son más las voces que piden un reseteo del PP. Era lo mínimo después de la pérdida de dos millones y medio de votos y mucho poder institucional.

El ruido interno inunda todos los medios de comunicación y deja entrever el cuestionamiento del presidente como cartel electoral en las generales, que se celebrarán a finales de año. El griterío ha llegado a tantos decibelios que ha sacado a Rajoy del letargo. Y se ha tenido que desdecir de sus palabras del lunes y aceptar a regañadientes hacer cambios en el Gobierno y en el partido. Eso sí, a su ritmo. El gallego no es de reacción inmediata y tiende a esperar a ver si los problemas se resuelven solos. Esta vez el daño es profundo y no se repara ni con tiritas ni con experimentos propagandísticos. El PP se deshace a jirones y el descalabro electoral abre la puerta a una gran crisis interna. La cara del presidente hoy en el Congreso de los Diputados era todo un poema. Todo un síntoma.

Nadie del PP conoce ya a Carlos Fabra

Carlos Fabra ya está en prisión. Once años después de comenzar el proceso judicial, el todopoderoso dirigente del PP de Castellón ha pasado su primera noche en la cárcel de Aranjuez. No es que la justicia haya sido lenta, que lo es, sino que el político de las gafas negras e impulsor del aeropuerto sin aviones hizo todas las maniobras posibles para dilatar el final. La justicia es parsimoniosa pero implacable. Hoy en el PP todos miran a otro lado o dicen que la justicia no hace distingos, que es igual para todos. Hace unos años, cuando el tufo de los tejemanejes de Fabra ya era evidente, todos se deshacían en elogios en la derecha hacia su correligionario de la gaviota. Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana, Javier Arenas (que lo consideraba víctima de los ‘malvados’ socialistas), Alberto Fabra, María Dolores de Cospedal y otros muchos. La Cadena Ser ha hecho un magnífico trabajo de documentación y nos ha refrescado la memoria con los piropos de tiempo atrás hacia el encarcelado (cliquea). Alguno se ruborizará al escuchar sus posiciones del pasado. Los archivos y las hemerotecas son templos de la contradicción.

La sobreactuación de Fabra

La Comunidad Valenciana tiene un serio problema con la financiación autonómica. Lo mismo ocurre en Andalucía, Cataluña o Canarias. La aplicación perversa del modelo vigente está provocando grandes perjuicios a varias autonomías. El Gobierno de la nación, en lugar de tomar el toro por los cuernos para corregir agravios, ha preferido dar una patada hacia delante y no cumplir con su obligación de negociar el nuevo modelo este año. Ha optado por una prórroga para evitar el debate a escasos meses de las elecciones municipales y de las autonómicas en las comunidades que accedieron por la vía del artículo 143 de la Constitución. Una decisión que consagra una injusticia.

El presidente valenciano ha alzado la voz sobreactuando. Las formas aniquilan la legítima aspiración de Alberto Fabra de pedir una solución equitativa para su territorio (y es de entender que para todos). Su argumento no puede ser más estrafalario: “En este momento surge un panorama inquietante para la estabilidad política de la Comunidad Valenciana. El PSOE y Compromís son proyectos procatalanistas. No es descartable que al problema catalán pueda sumarse en el futuro nuestra comunidad y las Baleares. Entraríamos en una grave crisis política“.

Este arrebato de radicalismo tal vez se deba al foro en el que pronunció su conferencia: la Fundación FAES, el castillo de la ortodoxia del PP que domina y dirige Aznar. Fabra, en un tono mesiánico, de pura soflama propagandista, definió a la Comunidad Valenciana como “dique contra la expansión de independentismo” en España y a Europa. El mensaje suena hueco y forzado. El tremendismo de las palabras del presidente difuminan la justa reivindicación de esta comunidad, alejan el foco del asunto principal. La exageración no es una buena compañera de la política. Algunas veces la convierte en el club de la comedia.

Viñeta.– Peridis en El País.

Tensión en el PP por la ley del aborto

El lío está servido. La retrógrada ley del aborto que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de la nación está provocando un gran revuelo interno en el seno del Partido Popular. Es tan grande el despropósito orquestado por Alberto Ruiz Gallardón a instancias, no se olvide, de Mariano Rajoy que por una vez en la monolítica derecha española se han escuchado voces críticas. El rifirrafe entre Alberto Fabra y José Antonio Monago es el episodio más estridente pero entre bambalinas el enfrentamiento es de aúpa entre los partidarios y los detractores de un proyecto de ley que arrebata derechos y libertad a la mujer, nos hace retroceder más de 30 años y nos aleja de Europa ante la mirada atónita de la comunidad internacional que no entiende la deriva ultraconservadora de Rajoy. Hay voces que claman por la libertad de voto, por el voto en conciencia, en las filas peperas. Al final serán pocos, contados con los dedos de la mano, los que se salten la férrea disciplina que se quiere imponer desde la calle Génova. El presidente del Gobierno ha pedido a sus barones que no polemicen en público para serenar el debate, como éste si fuera a desaparecer por maniobras de mercadotecnia. La protesta social ante esta incomprensible involución está en la calle y es imparable.

Foto.ABC.

Los excesos de Alberto Fabra

El presidente de Valencia, Alberto Fabra, demuestra un profundo desconocimiento de Andalucía, tanto que se permite afirmar alegremente y sin rigor en una entrevista periodística que en esta comunidad se han cerrado centros de salud para mantener Canal Sur. Su respuesta es absolutamente falsa y sólo busca desviar la atención sobre la calamitosa gestión del PP en la Comunidad Valenciana. Haría bien en rectificar porque no sólo miente, sino que de esta forma no arregla ni uno sólo de los problemas que afectan a sus conciudadanos. Sabe de sobra el presidente Fabra que no se ha cerrado ni se cerrará ningún centro de salud en Andalucía. Y nada mejor para desmentir este desahogo que los datos:

  • Entre 2008 y 2013 se han puesto en funcionamiento 131 centros de atención primaria nuevos, que han beneficiado a 800.00 personas. Dicho de otro modo, uno de cada diez andaluces ha estrenado un centro de salud en el último lustro. La inversión ha alcanzado los 85 millones de euros.
  • Entre 2012 y 2013 han abierto sus puertas 16 centros de atención primaria.
  • En 2014, pese a la caída de 1.200 millones de gasto global impuesto por las políticas del Gobierno de Rajoy, se mantiene el compromiso presupuestario con el servicio público de salud.

Quizá Fabra debería venir más por Andalucía y conocer la realidad para no hablar a la ligera y no dejarse llevar por consignas adulteradas. Esta comunidad autónoma es un ejemplo mantenimiento del estado del bienestar pese a las limitaciones que nos endosa el Gobierno de la nación. Aquí ni se cierra ni se privatiza y es algo que el PP no puede soportar porque demuestra que otro camino es posible para salir de la crisis. Por eso, en el PP se miente intencionadamente para crear confusión… Pero ni en éste ni en otros muchos aspectos somos todos iguales.

Foto.- Protesta contra Fabra por el cierre de Canal 9.

Deshaciendo errores

La plantilla de Canal 9 está deshaciendo los muchos errores cometidos durante demasiados años por el sometimiento de la cadena a las consignas y a la propaganda del Partido Popular. La rebelión interna tras el anuncio de cierre por parte del presidente Fabra (ya tiene fecha: 27 de noviembre) ha puesto a la redacción de este medio ante el espejo de sus contradicciones. ¿Cómo han podido permanecer tanto tiempo en silencio permitiendo una manipulación tan burda e insoportable desde el punto de vista deontológico o, en algunos casos, participando activamente en la fiesta de la desinformación? El caso del accidente del metro, con 43 víctimas mortales, constituye el paradigma de una propuesta informativa a la carta de los intereses del PP. No es el único. Un espectador que sólo siguiera la actualidad a través de esta cadena no sabría qué es el caso Gürtel y no entendió la  repentina dimisión de Camps, contada por cierto de una manera oscura e ininteligible. Ni el caso Brugal, ni el caso Emarsa, ni las andanzas del otro Fabra (Carlos) por Castellón, ni el aeropuerto sin aviones, ni los recortes del Gobierno de Rajoy… Suma y sigue. Quizá tendrían que haber levantado la voz antes frente a las barrabasadas que les obligaban a hacer y a firmar. Más vale tarde que nunca. Más que reproches, esta revuelta postrera quizá permita extraer una lección: la ética y la dignidad valen más que un salario.

Os dejo dos opiniones que abundan en esta línea con mayor tino que yo:

El suicidio de Canal 9, en el blog Mi mesa cojea.

El oxímoron de Canal 9: Asamblearismo oficialista, de Julià Álvaro en eldiario.es.

Canal 9, muñeco roto

El Gobierno valenciano echará el cerrojazo a Canal 9 tirando de demagogia, falseando la realidad y pisoteando los procedimientos democráticos. El agujero financiero no ha surgido de la noche a la mañana. Ni siquiera es producto de los cinco años de larga crisis. El ente público estaba ya en quiebra técnica en 2008 cuando aún vivíamos en la inercia de un largo periodo de bonanza. La Sindicatura de Comptes (Cámara de Cuentas) de la comunidad cifraba la deuda en esa fecha en 1.200 millones de euros, con un gasto financiero anual de 45 millones. No puede decir el presidente Fabra que prefiere cerrar la radio y televisión públicas antes que un colegio. ¡Cuántos centros educativos podrían haber construido o mejorado con el despilfarro de dinero público para el autobombo y la propaganda del Partido Popular durante casi 20 años!

RTVV ha llegado a esta situación por la mala gestión tolerada y jaleada por el poder autonómico (Zaplana, Camps y también Fabra) y por la zafia manipulación durante años que ha ido empobreciendo la parrilla y alejando a la audiencia. Se ha aplicado el recetario del PP para liquidar lo público: primero uso y abuso de este medio público con fines particulares,  y cuando ya se ha desplomado en cuota de pantalla y prestigio social por la degradación de la oferta, privatización o cierre. La plantilla de Canal 9 ha dado una lección ética en estas 48 horas de autogestión tras la dimisión del equipo directivo como consecuencia de la decisión desproporcionada del Ejecutivo que preside Fabra. Han puesto en marcha una programación de servicio público, digna e independiente. La audiencia ha respondido y el share se ha disparado. Una evidencia que demuestra que las cadenas públicas tienen aceptación si no actúan como correa de transmisión de las consignas del Gobierno y cumplen su función social. (Algo similar le está ocurriendo a RTVE por su instrumentalización desde el Palacio de la Moncloa).

El Gobierno valenciano tomará de nuevo las riendas de la cadena por las bravas. Se ha reunido de urgencia para cambiar la ley que regula la RTVV y nombrar un director general que actúe como enterrador o liquidador de la empresa. A Ernesto Moreno le han encomendado el papel de Harry el sucio. Para no perder un minuto y saltar todos los controles democráticos, han silenciado la voz de las Cortes valencianas en este nombramiento. Todo un despropósito desde el principio hasta el fin. El PP valenciano no puede mirar al tendido. Su desastrosa gestión deja a su comunidad sin cadena pública y a 1.700 en la calle. ¿Asumirá alguien responsabilidades por este desastre?