Regeneradores de boquilla

Partido Popular y Ciudadanos suscribieron un acuerdo para el Gobierno de Andalucía en el que se comprometen a la “separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial”. El papel es sufrido y lo aguanta todo. Y los firmantes hacen la vista gorda, muy especialmente los naranjas, tan exigentes antes y tan condescendientes ahora. Algunos ejemplos de la actitud laxa contra comportamientos presuntamente irregulares de actuales cargos de la Junta:

1. Fernando Francés, secretario general de Innovación Cultural y Museos. Investigado por un juzgado de Málaga por daños a patrimonio histórico por la instalación de los mosaicos de Invader. Además, está implicado en otras dos causas judiciales y podría incurrir en incompatibilidad por simultanear actividades privadas con el cargo público.

2. Juan de la Cruz Belmonte, delegado territorial de Salud en Almería, llega al puesto está siendo investigado por el Juzgado de Vera en su etapa de concejal por presuntos delitos de administración desleal y delito societario en la empresa mixta municipal Codeur, que gestiona en agua en la localidad.

3. Ignacio Romaní, flamante nuevo director provincial de la Agencia y Vivienda y Rehabilitación en Cádiz, es siendo investigado por abonar al menos 42.000 euros públicos como concejal y presidente de Aguas de Cádiz al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa (OARSE), una entidad liderada por el profesor de la Universidad de Cádiz, Carlos Guillén, que entonces dirigía su tesis doctoral.

Este repaso a vuelapluma demuestra que todo su discurso regenerador es de boquilla.

Foto.Efe. Bendodo (PP), Marín (Cs), Moreno Bonilla (PP) y Hernández (Vox), los socios de las derechas se lo pasan pipa en el Parlamento de Andalucía.