Espantando buitres

La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto para evitar que los fondos buitre de inversión puedan meter sus garras en las viviendas de protección oficial. Una iniciativa oportuna y reconfortante que demuestra una forma de gobernar sensible y progresista. Estamos hartos de ver cómo estos instrumentos de rapiña inmobiliaria (por ejemplo en la Comunidad de Madrid) se aprovechan de los problemas de las familias obteniendo pingües beneficios. El Gobierno que preside Susana Díaz ha adoptado decisiones normativas que refuerza el carácter social del parque público residencial y lo blinda frente a las tentaciones del capital privado especulativo. El texto que modifica el Reglamento de la Vivienda Protegida en Andalucía, vigente desde 2006, prohíbe expresamente la venta de una vivienda propiedad de cualquier administración pública a personas jurídicas (empresas). De facto ya se venía haciendo pero ahora se le confiere rango normativo. El decreto establece que solo serán beneficiarias las personas físicas, nunca las jurídicas, si bien exceptúa a las entidades sin ánimo de lucro, que podrán ser arrendatarias siempre que los usuarios finales pertenezcan a colectivos con especiales dificultades para el acceso a una vivienda. Esta medida del Ejecutivo andaluz se suma a las muchas que ha puesto en marcha en los últimos años para garantizar el mandato constitucional de derecho a la vivienda.

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