82-18

Estos guarismos no son el resultado de un partido de baloncesto entre una de las potencias y un equipo de medio pelo. Es el reflejo desequilibrado y palmario de la falta de apoyo económico del Gobierno de la nación a la Ley de atención a personas en situación de dependencia en Andalucía, la ausencia de compromiso del Partido Popular con el cuarto pilar de nuestro estado del bienestar. Esta proporción también se registra en el resto de comunidades autónomas y cada año el Ejecutivo de Rajoy va a menos en su aportación. En Andalucía, de cada 100 euros invertidos, 82 corresponden a la Junta y sólo 18 al El Ministerio. El Gobierno se salta a la torera la legislación y hace caso omiso al mandato de financiar la dependencia a partes iguales entre la Administración central y las autonomías. Desde que Rajoy está en la Moncloa esta comunidad más de 625 millones de euros, una cantidad que habría permitido incluir en el sistema a unos 105.000 beneficiarios más. El PP se podría aplicar las recetas que prescribe a los demás y cumplir con todas las leyes, no sólo las que le interesan.

Aun así, con este déficit de inversión, Andalucía cerró 2017 con 196.730 personas dentro del sistema de atención a la dependencia, un 20,60% del total nacional. O dicho de otro modo, uno de cada cinco dependiente con cobertura pública es andaluz. A finales de enero, la cifra superó la barrera de los 200.000 beneficiarios. El observatorio estatal sitúa a Andalucía como tercera comunidad con mejor calificación en la aplicación de la ley. Esta autonomía es la que atiende a más personas y concede más prestaciones (254.062, un 21,5 del total).

A esta realidad hay que sumar una política que se financia en este comunidad al 100%, sin respaldo alguno del Gobierno: el Servicio Andaluz de Teleasistencia. 212.544 personas se benefician de esta prestación pública. Seis de cada diez beneficiarios viven solos y encuentran en este servicio una garantía para su bienestar. Durante 2017 se registraron una media de 15.187 llamadas diarias, un total de 194.285 horas de conversación a lo largo de todo el año y 361.956 llamadas atendidas de demanda sanitaria.

Los datos son incontestables. Pero lo importante es el compromiso nítido del Gobierno de Andalucía con una política pública que mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. Un compromiso que no se ve acompañado ni de lejos por el Gobierno de la nación. El PP carece de sensibilidad para valorar el daño que hace con su pasotismo y nulo apoyo a la dependencia.

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