Patrimonio

febrero 20, 2018

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha comenzado a tramitar la modificación de la Ley del Patrimonio  Histórico de Andalucía. Una actualización de la normativa que afecta a un elemento esencial de nuestra identidad, un patrimonio que nuestro Estatuto de Autonomía califica como “único entre las culturas del mundo”. Se pretende actualizar una norma que cumple ahora diez años en vigor con el objetivo de proteger, conservar y difundir aún mejor este patrimonio. Es, junto a la programación cultural, el motivo por el que cada año 8,3 millones de turistas culturales eligen Andalucía como destino y se tiene la responsabilidad de disfrutarlo y a la vez preservarlo para las generaciones futuras.

Esta reforma se concreta en 31 novedades sobre el texto actual y surge tras la experiencia acumulada en estos diez años, el trabajo continuado en la tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión de nuestro patrimonio y la interlocución con agentes culturales y profesionales del sector. Se busca adecuar la ley a la evolución que han experimentado en estos años los planteamientos científicos relacionados con la protección y conservación del patrimonio y también a cambios legislativos de otras áreas del ordenamiento jurídico que están muy relacionados con el patrimonio histórico.

Las principales novedades persiguen una mayor simplificación y agilidad administrativa. Se suprime la necesidad de autorización por parte de la Consejería de Cultura para realizar obras de las que popularmente llamamos “menores” en el entorno de un Bien de Interés Cultural, en inmuebles situados en los Conjuntos Históricos, en Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico. Se elimina la autorización para aquellas intervenciones que no afecten a la estructura, al subsuelo o a la configuración arquitectónica de los inmuebles. Tampoco será necesario elaborar como hasta ahora proyectos de conservación para los inmuebles incluidos en los entornos de los Bienes de Interés Cultural.

Aquellos ayuntamientos que ya cuenten con los planes urbanísticos requeridos (PGOU y planes especiales) no necesitarán solicitar la delegación de competencias para autorizar obras y actuaciones que cumplan con el planeamiento urbanístico aprobado, aún afectando a inmuebles inscritos en el Catálogo General y sus entornos. De esta forma será más ágil la respuesta a la ciudadanía. Se da un mayor protagonismo a las corporaciones locales al ser la administración más cercana al ciudadano y a los propios bienes patrimoniales.

También se racionaliza el régimen sancionador. Se ha reordenado los tipos infractores siguiendo criterios de proporcionalidad. Algunas infracciones se modifican o suprimen y se crean otras nuevas. Además, se ha revisado las circunstancias agravantes y atenuantes. Por ejemplo, se precisa lo que se entiende por reincidencia y se introducen otras agravantes en función de la intención de generar daños o la naturaleza de los perjuicios causados. Y se han introducido atenuantes como la reparación del daño y la paralización de las obras o la actividad infractora de modo voluntario.

Este es uno de los objetivos principales de cualquier Ley dirigida al Patrimonio Histórico es su protección. Se contemplan entre otras medidas incorporar los bienes muebles y actividades de interés etnológico; reconocer y proteger de forma “automática” el conjunto de manifestaciones megalíticas de Andalucía; dotar de entorno protegido a las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, y prohibir con carácter general del uso de detectores de metales (producen daños irreparables al patrimonio arqueológico y expolio).

Con la nueva ley se quiere contribuir a la puesta en valor de los bienes patrimoniales, a una mayor concienciación de la ciudadanía acerca de la necesidad de su protección y conservación y garantizar la calidad en la trasmisión de su conocimiento y la comunicación de sus valores. Por eso, algunas de las medidas propuestas son fomentar la enseñanza e investigación del patrimonio histórico de Andalucía en los distintos niveles educativos y promover que la difusión e interpretación del patrimonio histórico se realice por personas con titulación y experiencia de acuerdo con la normativa sectorial vigente de guías turísticos.

Se están preparando una ley avanzada, útil, ágil y acorde con la realidad social de Andalucía y las necesidades de nuestro patrimonio histórico. Una Ley que estimula la participación ciudadana,  simplifica y agiliza la administración, ayuda a los ayuntamientos y a los particulares, modula las sanciones y se adapta a las recomendaciones de UNESCO. Un texto que mejora la protección del patrimonio, así como su fomento y difusión, sin perjudicar la actividad económica y que beneficia a los ciudadanos.

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