Una ministra sin criterio

enero 10, 2017

Un paso adelante, un paso hacia atrás. Por la mañana, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunciaba la subida del copago farmacéutico para los pensionistas. Por la noche, tras el revuelo causado por esta medida, se desmentía a través de su cuenta de Twitter. No es la primera vez que lo hace. También se tuvo que autoenmendar cuando anunció una posible modificación de la ley del aborto para las menores de 16 y 17 años víctimas de la violencia machista en el seno de la familia pudieran interrumpir el embarazo sin autorización de sus progenitores. La presión dentro del Partido Popular le hizo comerse sus palabras. Dos rectificaciones en dos meses. Esta ministra se está caracterizando por corregirse a sí misma.

Es inadmisible que una de las primeras medidas de la nueva ministra sea aumentar el copago de los medicamentos a las personas mayores. Sería muy fuerte penalizar de nuevo a los pensionistas, cuando muchos de ellos con su reducida nómina mantienen a sus familias. No es el tiempo de más sacrificios, sino de revertir derechos. Lo que tiene que hacer el Gobierno y el PP es derogar el decreto de copagos de 2012. No supone ni ahorro (la factura farmacéutica es ya la misma que cuando se aprobó el decreto) y se está grabando la economía de muchas familias trabajadoras. Andalucía tomó medidas para paliar los efectos del nocivo decreto. Así, más de 1,5 millones de pensionistas en esta comunidad no han tenido que adelantar el dinero del copago farmacéutico impuesto por el Gobierno. Estamos hablando de una cantidad importante: 152,2 millones.

Además, el Gobierno que preside Susana Díaz ha demostrado que existen otras alternativas para hacer sostenible y eficiente el sistema sanitario público. Andalucía ha optado por aminorar los beneficios de la industria farmacéutica, a través de la selección pública de medicamentos en oficinas de farmacia mediante subastas. Esto ha permitido a la Administración andaluza ahorrar más de 413 millones de euros desde su implantación. Una medida que, a pesar del Rajoy y el PP, tiene el aval del Tribunal Constitucional. De aplicarse las subastas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, el ahorro supondría 1.500 millones y se podría reinvertir en la sanidad pública. La derecha debería abandonar sus crueles de éxito y copiar las experiencias de éxito.

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