Participación ciudadana

noviembre 2, 2016

Andalucía da un salto cualitativo para mejorar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El Gobierno que preside Susana Díaz ha aprobado hoy el proyecto de ley de Participación Ciudadana, que supone un avance en la calidad de nuestra democracia y responde a una demanda social de primer orden. Éste era uno de los compromisos de investidura de la presidenta andaluza y ahora el texto será remitido al Parlamento para su debate. Esta ley y la de Transparencia Pública, ya en vigor en esta comunidad, constituyen dos caras de la misma realidad, el derecho de la ciudadanía a conocer, opinar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos que les afectan. La norma impulsa formas directas de participación ciudadana que complementen a las instituciones representativas y apura los límites que marcan la doctrina del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El proyecto de ley, en cuya elaboración se ha contado con la opinión de unas 5.500 personas, pretende construir una democracia participativa favoreciendo un nuevo modelo de relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Se da más protagonismo a los andaluces en la toma de decisiones, con herramientas para que puedan elevar su voz y ser tenida en cuenta por las instituciones. Se extiende el ejercicio de participación a todos los andaluces y extranjeros residentes a partir de 16 años, el ámbito de aplicación es la Junta y las corporaciones locales de esta comunidad y se regula el uso de las nuevas tecnologías de información para hacer efectivo este derecho.

Uno de los asuntos más novedosos son las consultas. Éstas deberán ceñirse al ámbito de cada administración y no pueden tener carácter refrendario, como ha estipulado el Constitucional. Las consultas no son vinculantes pero las instituciones en caso de no asumir el resultado de los procesos participativos Junta, diputaciones y ayuntamientos tienen que motivar su negativa. La administración es la competente para poner en marcha la consulta, bien de oficio o a instancias de personas físicas o de entidades de participación ciudadana.

En definitiva, se desarrolla el derecho de participación ciudadana como un derecho político, subjetivo y universal hasta los límites que permite nuestro actual marco legislativo. Andalucía toma de nuevo la delantera en la profundización de nuestra democracia.

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