Más derechos, más igualdad

agosto 29, 2016

Andalucía contará en unos meses con una nueva y avanzada legislación para mejorar la protección de las personas con discapacidad. El Gobierno que preside Susana Díaz aprobó el pasado viernes el proyecto de ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad y lo ha remitido para su debate en el Parlamento. El texto, que sustituye al vigente desde 1999, avanza en una sociedad más inclusiva y accesible, vela por la igualdad de oportunidades y asegura el carácter participativo de las actuaciones públicas dirigidas hacia ese colectivo. La nueva norma supera el enfoque asistencial y apuesta por tener en cuenta las condiciones externas de tipo social, las circunstancias personales y de salud. Así, consolida las políticas autonómicas y refuerza y amplía las medidas y obligaciones dirigidas a unas 700.000 personas con discapacidad en esta comunidad:

Igualdad: Se obliga a las administraciones públicas a adoptar medidas contra la discriminación y de acción positiva adicionales para las personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. Además, se contempla la perspectiva de género: se considera el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y niñas de este colectivo, por lo que establece medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género. Entre ellas destacan la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia

Salud: Se promueven acciones en el sistema sanitario público para garantizar el más alto posible de salud y bienestar (órganos de participación, atención sexual y reproductiva, accesibilidad…) y se determinan las condiciones del modelo de atención infantil temprana.

Educación: Se garantiza el acceso a una educación inclusiva y de calidad. Así se prevé atención temprana, dotación de medios y apoyos, distribución equilibrada del alumnado, un plan especial de accesibilidad para las universidades…

Formación y empleo: Se prevé un plan de empleabilidad que incluirá medidas en el empleo ordinario, empleo con apoyo, empleo protegido, formación y empleo autónomo. Así se establecerán medidas de acción positiva para la concesión de ayudas para la formación profesional para el empleo, con un 3% de plazas en estos cursos y un 5% de plazas en escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. También reserva del 7% en las ofertas de empleo público y en las bolsas de empleo temporal.

Servicios sociales: Las administraciones públicas velarán por el derecho de las personas con discapacidad a acceder a servicios y prestaciones económicas. Entre otras, se contemplan viviendas para la promoción de la autonomía personal.

Cultura, turismo, deporte y ocio: Se refuerza la capacidad de disfrutar de bienes y servicios accesibles en la vida cultural, en el turismo, en la actividad física y el deporte y en las actividades recreativas.

Vida independiente y accesibilidad universal: Se pretende que las personas con discapacidad puedan desarrollar una vida independiente y para ellos se recogen medidas de acción positiva como el uso preferente de alojamientos y espacios accesibles, uso reservado de plazas de estacionamiento accesibles, tarjeta de aparcamiento a personas con movilidad reducida, vivienda convertibles y reservadas o ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias del interior de las viviendas.

Comunicación: El Consejo Audiovisual de Andalucía elaborará un informe anual sobre el tratamiento de la imagen de personas con discapacidad y las condiciones de accesibilidad universal a los distintos medios y soportes de comunicación. La Consejería competente en discapacidad podrá intervenir en casos de publicidad discriminatoria.

Para llevar a cabo todo esta ambiciosa propuesta la Junta cuenta con un presupuesto anual que supera los 1.300 millones de euros y la ley incluye un régimen sancionador donde se tipifican las infracciones que van de 301 euros las leves hasta un millón las muy graves. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica. Estas sanciones afectan a todos los ámbitos, salvo al de espacios públicos urbanizados y edificaciones, que corresponde a los ayuntamientos.

Foto.- Europa Press.

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