Documentación

abril 8, 2016

El Parlamento de Andalucía ha comenzado a recibir toda la documentación original sobre los cursos de formación profesional para el empleo correspondientes a los años 2002 a 2011, objeto de la comisión de investigación que se desarrolla en la Cámara. Así, en unas seis jornadas, al antiguo hospital de las Cinco Llagas llegarán para su estudio unos 27 millones de folios distribuidos en uno 41.000 archivadores AZ. Ya habían sido remitidos hasta la fecha expedientes que sumaban 660.000 folios. Nadie podrá ya poner en duda la voluntad de colaboración del Gobierno andaluz con la comisión de investigación. Nunca había faltado ese afán de contribuir al trabajo de este órgano parlamentario. Pero a tenor de alguna manifestación espuria y de la exigencia de algunos grupos de contar con todo el material  se ha optado por esta fórmula. El trabajo de fotocopiar todo este volumen de legajos suponía más de 10.000 horas y al ser documentos oficiales la ley impide que se haga en empresas externas.

Se llega a este envío masivo ante la cerrazón de la oposición para buscar soluciones intermedias. Primero se le ofreció la posibilidad de consultar los expedientes en las dependencias tanto de los servicios centrales como provinciales. Posteriormente, se les planteó que dijeran qué expedientes en concreto se solicitaban para remitir los originales a la comisión con la custodia de un funcionario y se obtuvo la callada por respuesta. Y, por último, para demostrar el compromiso con la investigación y para demostrar que no hay nada que ocultar, se ha optado por remitir el conjunto de la información. En teoría ya nadie debía poner pegas al poder contar con papeles para realizar su trabajo y se ha dado respuesta fiel a sus peticiones. Sin embargo, los que antes acusaban a la Junta de obstaculizar, ahora se quejan de tener que arrimar el hombro. Antes habían puesto todas las pegas posibles a las propuestas que se le hacían desde el Ejecutivo. Ya no tienen excusas para tanto pataleo. Este ejercicio de transparencia no lo ha hecho ningún gobierno en España.

Esta actitud contradictoria obedece a que de las primeras comparecencias de funcionarios (interventores y jefes de servicio) se desprenden que no ha habido menoscabo de fondos públicos en la gestión de los cursos en Andalucía y que se ha procedido conforme a la legalidad, más allá de incidencias de carácter administrativo. Y algunos que llegaron con las conclusiones escritas están comprobando que la realidad está corrigiendo sus falsas expectativas. Si hubiera fraude, sería en todo caso a la Administración.

Foto.ABC de Sevilla.

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