Reparar el daño causado

noviembre 10, 2015

La titular del juzgado número 3 de Sevilla ha archivado la investigación sobre la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar. Es una buena noticia para Andalucía y confirma lo que el Gobierno que preside Susana Díaz había defendido, desde el primer momento, que el procedimiento se ha ajustado a derecho y se ha caracterizado por la transparencia y el rigor. Es también una buena noticia para el empleo y para los futuros trabajadores de la mina y sus familias, una alegría comarca necesitada de oportunidades, este proyecto le devuelve la esperanza. Es también buena noticia para los funcionarios y responsables de la Administración minera, que se han visto envueltos injustamente en este litigio y han visto empañados sus nombres. Por tanto, resaltar una vez más el esfuerzo y la dedicación de todos los funcionarios públicos.

Ahora hay que poner la mina en marcha de inmediato y en ello está la Consejería de Empleo. Andalucía no se puede permitir el lujo de desperdiciar su potencial y la minería puede ser un motor para el desarrollo. Aznalcóllar supone una inversión de más de 300 millones de euros que va a revitalizar nuestra comunidad y crear mucho empleo, unos 3.000. El archivo ratifica que en Andalucía hay seguridad jurídica para invertir. No hay administración en toda España que ofrezca las garantías de estabilidad, de seguridad jurídica y las oportunidades esta comunidad. Andalucía puede competir contra las mejores y es lo que se está haciendo.

La apertura de la mina es beneficiosa para todos. Si alguien la quiere seguir utilizando para hacer politiquería, que lo haga, pero que luego esa actitud irresponsable tiene consecuencias. Aquí ha habido gente que ha preferido apuntarse al ruido antes que pensar en los ciudadanos. Pues bien, se ha visto que esa estrategia les va a servir de bien poco. El tiempo pone las cosas en su sitio. Y también la Justicia. Ayer ha vuelto a quedar de manifiesto. Se ha demostrado que desde la Junta se actuó con transparencia, con claridad y con un respeto escrupuloso de la legalidad. Ahora es el momento de exigir, como mínimo, reparaciones y rectificaciones públicas. ¿Quién repara el daño causado a empleados públicos? ¿Quién repara el honor de los responsables políticos que han recibido difamaciones injustas? ¿Quién recupera los seis meses perdidos que hubieran supuesto puestos de trabajo y salario para muchas personas?

De momento, el Gobierno andaluz ha repuesto a María José Asensio como directora general de Industria, Energía y Minas. Desde siempre ha existido plena confianza en su gestión, ha demostrado con creces con capacidad y es reconocida su valía por el sector. Por tanto, como se había prometido, vuelve a ocupar su puesto una vez despejado el caso. Como ella misma ha reconocido, ha sido sometida a un linchamiento por la oposición y a una “paliza mediática”. Sería de desear que algunos hayan sacado de este episodio algunas enseñanzas para el futuro: es necesaria la prudencia y el no intentar buscar rédito político a toda costa, porque luego el daño que se hace es difícil de reparar.

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