Fortaleciendo los servicios públicos

julio 15, 2015

Palabra dada, palabra cumplida. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió en campaña electoral a ir devolviendo a los empleados públicos los derechos que habían ido perdiendo como consecuencia de la crisis y de las decisiones tomadas por el Gobierno de la nación y hoy ya es una realidad. La presidenta ha firmado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF un acuerdo que se concreta en los siguientes puntos:

  • En febrero de 2016, Andalucía va a devolver a los empleados públicos los 44 días de la paga extra de 2012 que eliminó el Gobierno de Mariano Rajoy.
  • A partir del 1 de enero de 2016, se llevará a cabo la recuperación del 100% de la jornada y el 100% de las retribuciones del personal funcionario  interino, personal estatutario temporal, personal laboral temporal  e indefinidos no fijos.
  • Se impulsará la Ley del Empleo Público en Andalucía para actualizar la normativa de la Función Pública y adaptarla al Estatuto Básico del Empleado.
  • El acuerdo contempla otras medidas como que los empleados públicos andaluces que se encuentren en baja por enfermedad grave no pierdan gran parte de sus retribuciones. Ésta era una medida injusta, impuesta por el Gobierno central, que era necesario restituir.

Este acuerdo pretende reforzar la calidad de los servicios públicos. Los empleados públicos son el motor y el pilar fundamental de la prestación de los servicios públicos y en estos siete años de crisis económica han visto mermados algunos de sus derechos y condiciones laborales, sin que ello haya afectado a su esfuerzo permanente de dar una respuesta adecuada a los ciudadanos. Esta situación había que revertirla en el momento que lo permitiera la situación económica. Y así se ha hecho. Sin duda, la calidad de los servicios públicos está vinculada a la calidad del empleo público y a las condiciones laborales de su personal.

La recuperación de estos derechos ha sido posible gracias a que en 2012, cuando el Gobierno de la nación impuso los recortes, la Junta de Andalucía optó por repartir los sacrificios y no ejecutar despidos masivos como en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Se pusieron en marcha medidas difíciles, como reducir al 75% los eventuales sanitarios, eliminar complementos o eliminar la paga adicional. Con estas medidas de reparto del trabajo conseguimos evitar el despido de 24.000 empleados públicos. Ahora que lo peor de la crisis ha pasado, los empleados públicos recuperan sus derechos. En otros territorios los que perdieron el empleo no lo podrán recuperar y, seguramente, será más difícil levantar los servicios públicos que resultaron dañados por los despidos o las privatizaciones.

Este acuerdo hace justicia con los empleados públicos y certifica que Andalucía ha demostrado que otra política era posible.

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