Hechos y no gestos

junio 22, 2015

Andalucía cuenta con la legislación más avanzada para luchar contra los desahucios en España. Un paquete normativo que no se puede desarrollar en su totalidad por los recursos interpuestos por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de función social de la vivienda y la posterior ley del mismo nombre. Pese a todo, el gabinete que preside Susana Díaz sigue dando respuesta dentro de ley a este drama social. En la primera reunión del Consejo de Gobierno de esta legislatura se ha impulsado la ley de protección de las personas consumidoras ante productos hipotecarios y la ley de retracto de la vivienda en caso de desahucios. Dos medidas que suponen combatir por derecho este gran problema frente a los gestos para la galería que buscan el aplauso fácil y que no resuelven nada. El Gobierno andaluz es consciente y sensible con el drama que día a día viven muchas familias y de las dificultades que afrontan cuando son objeto de desahucios. Con estas dos leyes, se refuerza así el compromiso de cobertura a la gente que peor lo está pasando.

Con la ley de retracto, la Junta de Andalucía podrá ejercer el ejercer el derecho de compra preferente sobre viviendas o edificios que sean objeto de ejecución hipotecaria o de compensación y pago de deuda con garantía hipotecaria. Esta figura tiene como principal objetivo la obtención de viviendas para alquiler social con el fin de dar una solución a las familias que hayan sido privadas de su casa como consecuencia de un proceso de desahucio. De esta forma, se facilita la permanencia de la familia afectada en la vivienda, se incrementa el parque público residencial de la Junta vinculado a las políticas sociales y se asegura una oferta suficiente de vivienda en manos de la administración dirigida a personas en situación de vulnerabilidad.

La ley de protección de consumidores, por su parte, refuerza la actividad de las conocidas oficinas antidesahucios con la creación del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral, lo que supone garantizar por ley la prestación de este servicio, e incorpora una serie de medidas de refuerzo para facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios por la vía del arbitraje. En definitiva, se pretende poner freno a los abusos en operaciones financieras relacionadas con las hipotecas y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza.

Obras son amores y no buenas razones.

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