Sueldos y sobresueldos

Siempre he defendido que los representantes públicos han de tener un salario digno. Fundamentalmente, para que las administraciones puedan contar con los y las mejores al servicio de la comunidad. Un salario digno, público y único. Se ha de imponer la máxima de una persona, un cargo y un sueldo. La ciudadanía reclama políticos dedicados a tiempo completo a su responsabilidad pública. Así, lo defendí como diputado hace ya casi tres años durante la reforma de la Ley Electoral de Andalucía para hacer incompatible el cargo de parlamentario autonómico con el de alcalde, presidente de Diputación y de Mancomunidad. La iniciativa contó con el apoyo mayoritario del Parlamento (PSOE e IU) y el rechazo del PP. Y nada más llegar al Gobierno de la nación Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida andaluza para paralizarla mientras que falla sobre el fondo el alto tribunal. (((Ahora con todo lo que conocemos de sobres y cajas B entendemos perfectamente por qué))).

Hago esta reflexión después de conocer que Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, es el cargo público en España que más gana, con 156.000 euros brutos anuales. De la lectura de los periódicos se concluye que ingresa por tres cargos, cuyos salarios acumula, y un sobresueldo del partido. Cobra como alcaldesa, diputada autonómica y como miembro de la Autoridad Portuaria. Y por su tuviera problemas para llegar a final de mes, su partido le da un complemento de 50.000 euros. Además de los cuantiosos emolumentos, sorprende la capacidad de la regidora valenciana para atender a tantos frentes. Nos recuerda el acertado refranero español que quien mucho abarca, poco aprieta.

La tormenta por la dimisión de Leopoldo González-Echenique como presidente de RTVE nos ha traído una derivada sorprendente. El que se queda como presidente en funciones, José Manuel Peñalosa, miembro del consejo de administración a propuesta del PP, trabaja también como asesor del grupo parlamentario popular y recibe el nada despreciable óbolo de 3.000 euros netos al mes. Este extraña colisión de los ámbitos público y privado exige una revisión del régimen de incompatibilidades. No parece razonable que uno de los encargados de velar por la misión de servicio público, la pluralidad y la independencia de RTVE cobre sobresueldos del PP.

Con esto, que es tan sólo la punta del iceberg de una historia sobrecogedora, cuesta mucho trabajo aceptar lecciones de ética y propuestas de regeneración democrática que vienen de la mano del PP.

PD.- Unas horas después de escribir este post se ha conocido que el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del Gobierno central contra la ley andaluza que declara que los cargos de alcalde, presidente de diputación provincial y presidente de las mancomunidades de municipios es incompatible con el mandato de diputado autonómico, por lo que, en el caso de que se acumulen ambas condiciones, debe optarse por una de ellas. Un notivo de satisfacción para los que propugnamos la máxima de una persona, un cargo.