Dos años haciendo otra política

En Andalucía los ciudadanos dieron la vuelta a los pronósticos el 25 de marzo de 2012. Se cumplen hoy dos años de las elecciones autonómicas que por novena vez dejaron al Partido Popular en los bancos de la oposición. El Gobierno autonómico está cumpliendo el mandato recibido del pueblo andaluz, que no era otro que era frenar las políticas de la derecha y demostrar que otra política es posible. Así, esta comunidad se ha erigido en la referencia de las políticas progresistas porque el compromiso son las personas. El Ejecutivo que preside ahora Susana Díaz y Pepe Griñán en el primer tramo de la legislatura ha orientado todas sus políticas a la creación de empleo, es fácilmente reconocible por su apuesta por la conservación del Estado del Bienestar, blindado la educación, la sanidad o la protección social, y por hacer que el Presupuesto de la Junta de Andalucía sea un recurso al servicio de los andaluces y andaluzas.

La prioridad de la Junta no puede ser otra que la recuperación económica y la creación de empleo porque los datos del paro son inaceptables. Y para ello está gestando un nuevo modelo productivo:

  • Se ha dado respuesta a los dos principales problemas del tejido productivo: la falta de financiación y el exceso de burocracia. Ya están al servicio de las pymes industriales 58 millones de euros para incentivos y se trabaja en el Instituto de Crédito Andaluz, con el bagaje de los fondos reembolsables, que han generado una inversión privada de 1.531 millones y la creación o mantenimiento de casi 25.000 empleos. En próximas semanas, llegará el anteproyecto de ley de mejora de la actividad económica para reducir las trabas burocráticas.
  • Se ha puesto en marcha un plan de choque para el Empleo en julio de 2012 dotado con 200 millones y otro en 2014 con un presupuesto de 200 millones. El primero ha contribuido a crear y mantener 13.641 empleos directos e indirectos.
  • Hay un plan de empleo juvenil que cuenta un presupuesto con 167,5 millones.
  • La presidenta ha firmado convenios con grandes empresas, como el Banco de Santander, Telefónica o Endesa, con becas para inserción profesional de jóvenes titulados e inversión para proyectos estratégicos para esta tierra.
  • Se ha aprobado el Decreto Ley para la Construcción Sostenible, dotado con 200M€.
  • Se ha reactivado la minería y está convocado un concurso internacional para la explotación de la mina de Aznalcóllar.
  • Se ha abierto un nuevo proceso de diálogo social con empresarios y sindicatos.

En el ámbito de la protección social, Andalucía es una referencia ineludible en un contexto nacional y autonómico marcado por los recortes del PP allí donde gobiernan.

  • En educación se mantienen todos los derechos y prestaciones públicas: la gratuidad de los libros de textos (con un millón de alumnos beneficiados), ayudas para el comedor escolar (175.000 alumnos) o transporte escolar gratuito en todos los niveles de enseñanza no universitaria. Se garantizan becas propias (las becas 6.000 y Segunda Oportunidad) y se crea una nueva para paliar los efectos de la gestión de Wert con la exigencia de nota para recibir una beca.
  • La sanidad es pública, gratuita, universal y de calidad. Gracias al esfuerzo de los profesionales que han soportado en sus nómicas los efectos del decreto estatal de la jornada laboral de las 37,5 horas semanales. El copago se hace notar menos en Andalucía y aquí no se privatiza ningún centro público..
  • Andalucía es la comunidad que atiende a más personas en situación de dependencia en términos absolutos y relativos, pese al recorte de 314 millones de la aportación del Gobierno de la nación. Así, la Junta sufraga el 72% de la atención frente al 28 del Ejecutivo central, una proporción que dista mucho del 50-50 que marca la legislación.
  • Se ha dado respuesta al drama de los desahucios primero con un decreto-ley y después con la ley de Función Social de la Vivienda, ambas normas paralizadas por el recurso ante el Constitucional del gabinete de Rajoy.
  • Para combatir la exclusión social se han puesto sobre la mesa propuestas pioneras, emuladas por otras autonomías. Así, se ha implantado la garantía de tres comidas para escolares en riesgo de desnutrición, la contratación de personas en situación de exclusión a través de los ayuntamientos, o se ha multiplicado el presupuesto para el salario social hasta los 100 millones anuales para dar cobertura a 150.000 personas.

En estos dos años, el Gobierno andaluz ha trabajado por la recuperación de la confianza de los ciudadanos con la ley de Transparencia, que reinventará las relaciones entre los ciudadanos y su Administración. Está a punto de llegar al Consejo de Gobierno la ley de Participación. Se ha mejorado el control del gasto público con la regulación en los Presupuesto de 2014 de las transferencias de financiación y se trabaja en una reforma legal de la Cámara de Cuentas para reforzar sus competencias fiscalizadoras.

Por tanto, son dos años de gestión intensos y el ritmo de trabajo seguirá siendo alto para cumplir con los objetivos del Acuerdo por Andalucía. Una acción de gobierno que busca, en definitiva, combatir la desafección de los ciudadanos con una política útil que da respuesta a los problemas y acelerar la recuperación económica sin dejar a nadie atrás.

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