Como en Europa

La derecha ha salido en tromba contra el decreto de la Junta de Andalucía sobre la función social de la vivienda. El Gobierno de Mariano Rajoy expresa dudas sobre su constitucionalidad (veremos si recurren la norma finalmente), la prensa altavoz se dedica a airear el patrimonio inmobiliario de los miembros del ejecutivo que preside Pepe Griñán o de los diputados de IU para intentar desprestigiar la decisión, los columnistas de la fiel infantería, que diría José María Izquierdo, echan espumarajos de rabia contra los izquierdistas peligrosos… Sin duda, la derecha se ha puesto nerviosa y está respondiendo con muchos aspavientos, como si de un animal acorralado se tratara. En su afán de desinformar y no hacer nada contundente y efectivo contra el drama social de los desahucios, el ala conservadora de este país se ha puesto a fabular: circunscribe esta medida (expropiación forzosa a bancos y grandes inmobiliarias durante tres años mediante abono del 2% del justiprecio a las viviendas de aquellas personas que vayan a ser desahuciadas y sea su residencia habitual y única, en resumidas cuentas un arrendamiento forzoso por tres años) a países totalitarios y a un radicalismo propio de Hugo Chávez, ignorando deliberadamente lo que ocurre en las democracias europeas. La legislación comparada deja a estos enrabietados propagandistas a la altura del betún y demuestra que el rechazo del decreto andaluz no es una cuestión de legalidad, sino de ideología. El repaso de la legislación comparada (recopilada por eldiario.es) sitúa a Andalucía en la normalidad de lo que acontece en los países de nuestro entorno comunitario:

HOLANDA
Es quizá el país más beligerante contra este problema, donde es legal incluso la ocupación de viviendas que hayan estado vacías más de un año. La vivienda sólo se le devuelve al propietario si demuestra que no volverá a estar vacía (puede ponerla en venta o alquiler). Las ayudas para que las familias puedan hacer frente al pago de los alquileres, se acompañan de otras para que los propietarios puedan rehabilitarlas.

ALEMANIA
Los propietarios pueden ser obligados a la rehabilitación y, frente al incumplimiento, se contemplan multas, expropiación temporal y alquiler forzoso. Incluso expropiación definitiva. En municipios con más del 10% de viviendas vacías, la Administración procede a demoliciones.

SUECIA
Los consistorios ofertan viviendas en alquiler más baratas para combatir las desocupadas. En casos extremos, se pueden demoler edificios enteros de viviendas vacías.

DINAMARCA
Este país se centra en las sanciones pero, eso sí, con un margen de tiempo mínimo. Basta con que los propietarios de viviendas las mantengan desocupadas seis semanas, en virtud de una legislación en vigor desde hace más de cinco décadas. La multa se puede imponer simplemente por no informar al Consistorio de que la vivienda lleva más de seis semanas vacía.

FRANCIA
Su Ley de Solidaridad y Renovación Urbana (SRU) impone, desde hace un lustro, tasas a los propietarios de viviendas -sólo personas jurídicas- que se encuentren desocupadas durante más de dos meses en aglomeraciones con unas ciertas características. Las tasas son progresivas según el periodo de desocupación. También está previsto que las viviendas vacías durante más de 18 meses puedan ser requisadas durante un periodo máximo de seis años, extensible a 12 si es necesario realizar obras de rehabilitación.

REINO UNIDO
Contempla la incautación, tanto para personas jurídicas como físicas, si han estado vacías al menos seis meses, mediante leyes que, según cada país integrante, han sido aprobadas entre 2001 y 2004. Igualmente, los Gobiernos locales están obligados a publicar anualmente un informe sobre su parque de viviendas vacías y medidas para contrarrestarlo (en lo que se conoce como Best Value Perfomance Indicator). Desde 2007, además, hay medidas fiscales contra el fenómeno. Existe incluso una Empty Homes Agency (agencia estatal de la vivienda vacía) que lucha contra esta situación. Se contemplan subvenciones para la rehabilitación de viviendas vacías y su salida al mercado o adquisición pública para alquileres sociales.

ITALIA
Prevé la penalización fiscal que imponen los Consistorios a las viviendas vacías y por un importe del 9 por mil del valor catastral.

Foto.– El presidente de la Junta, Pepe Griñán, y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.