Tarjeta amarilla

Una sentencia europea abre una luz de esperanza para los afectados por los desahucios al dotar a los jueces de la posibilidad de suspender un desalojo si aprecia abusos en el contrato hipotecario. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la ley hipotecaria es abusiva e ilegal de acuerdo con la normativa comunitaria (Directiva 93/13/CEE), y se vulnera el derecho de los consumidores. Éstos son los argumentos de la sentencia en relación con el marco legislativo español:

  • “No se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil (…) aplicar la protección que la Directiva pretende conferir a los consumidores”.
  • Ante los procesos de desahucio que ordenan los bancos, la ley española no permite que los jueces adopten “medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria”. “Basta con que las entidades financieras acreedoras inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la Directiva”.
  • El juez no tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria, si decide declarar nula una cláusula de un contrato por considerarla abusiva, esta decisión solo dará protección al consumidor a posteriori, bajo la forma de una indemnización. “Dicha indemnización resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas. Así ocurre con mayor razón cuando, como en este caso, el bien hipotecado es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia”.

Ya veremos qué hace el Partido Popular ante este toque de atención de la jurisdicción europea. La sentencia no obliga a un cambio en la legislación española aunque sienta jurisprudencia y deberá ser tenida en cuenta por los jueces españoles ante los procesos de desahucio. Desde el punto de vista político, supone una tarjeta amarilla del tribunal comunitario, que se suma al millón y medio de firma de ciudadanos españoles pidiendo una reforma a través de una iniciativa legislativa popular, ya en trámite en el Congreso de los Diputados.

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