Dos caras de la misma moneda

La Consejería de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Andalucía ha organizado entre ayer y hoy unas jornadas preparatorias de la futura ley autonómica de transparencia con el lema ‘En Andalucía más transparencia, más democracia’. No han podido ser más fecundas y oportunas: la claridad debe impregnar a todo el quehacer público para recuperar la confianza ciudadana y como antídoto de la corrupción, que de acuerdo con la última encuesta del CIS se ha convertido en el segundo problema para la sociedad española (ha pasado del 17% en enero hasta el 40% en febrero a raíz del caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP) tras el desempleo.

Me ha tocado moderar la última mesa redonda: ‘Transparencia y medios de comunicación. ¿Qué espera la sociedad?’, a la que han asistido como ponentes los periodistas Román Orozco, María Esperanza Sánchez, Ignacio Escolar, Mabel Mata y Lalia González Santiago. De acuerdo con el programa, nos tocaba hablar y debatir sobre las relaciones entre los representantes públicos y los medios de comunicación, el acceso de éstos a la información y su traslado a la ciudadanía, que demanda una información veraz y transparente.

Cuando hablamos de transparencia, de participación ciudadana, de gobierno abierto, todos pensamos en una relación directa entre las distintas administraciones y la ciudadanía. Una interacción sin intermediarios gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. Estas nuevas formas comunicacionales (redes sociales, web 2.0…) han roto el monopolio de los medios como enlace entre los representantes y los representados. Cualquier ciudadano puede conversar hoy con un cargo electo que tenga una cuenta en Twitter o Facebook. No obstante, los medios siguen siendo actores fundamentales en el espacio público y continúan construyendo la realidad social.

Los medios son agentes socialmente legitimados para conectar a los poderes públicos y la ciudadanía. Y para ejercer ese rol se les asigna una serie de responsabilidades y el mandato constitucional de ofrecer una información veraz. Si las administraciones tienen una obligación de transparencia, a los medios les corresponde actuar con independencia y desde el cumplimiento de la función social que tiene encomendado el periodismo en las sociedades democráticas. Transparencia pública e independencia mediática son dos caras de la misma moneda. (Por eso, entiendo el rechazo a las ruedas de prensa sin preguntas, aunque quizá lo más efectivo sería un plante de todos los periodistas, con sus directores, y todos los medios a ese tipo de convocatoria. Esta misma semana una iniciativa de este tipo ha obligado a una ministra, Ana Mato, a dar marcha atrás ante la negativa de los periodistas de asistir a un simulacro de comparecencia. Por favor, no más ruedas de prensa a través de un plasma). Las instituciones tienen un deber de transparencia y por esa razón me ha molestado la decisión de la Santa Sede de impedir más ruedas de prensa de sus cardenales. Seamos o no católicos, es un asunto de interés la elección del jefe de Estado del Vaticano y no se puede implantar el oscurantismo en los tiempos que corren, ni en Roma ni en Pekín.

Si se pide una administración de cristal, accesible y abierta, también la sociedad exige unos medios que actúen con deontología a la hora de contar las cosas. Los medios no pueden construir la realidad a través de un cristal traslucido, cuando no opaco y ajeno a la verdad. Los medios han de ser notarios de la realidad y no agentes activos de estrategias políticas, desvirtuando los valores en los que se asienta el periodismo. En España existe un partidismo inasumible en las empresas informativas que atenta contra los más elementales principios periodísticos.

Y una última idea que he planteado en mi intervención inicial: la transparencia no puede ser una desventaja para la administración que la practique frente aquellas que permanezcan cerradas a cal y canto, que no operen con luz y taquígrafos. El hecho de que una institución se abra a la sociedad no ha de implicar una mayor presión mediática y que se olvide la más necesaria fiscalización de aquellas que se aferren a la opacidad. Porque noticia, en palabras del periodista norteamericano Jack Robbins, es precisamente “la información que alguien quiere ocultar”.

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