Boicot a la subasta de medicamentos

Por tercera vez, el Gobierno de la nación intenta con una argucia jurídica frenar la subasta de medicamentos de Andalucía. Con esta medida el Gobierno de Pepe Griñán pretende ahorrar 200 millones al año a costa de las ganancias de las grandes empresas farmacéuticas y en beneficio de los ciudadanos. ¿Si tiene esos efectos positivos, qué razón lleva al Ministerio de Sanidad a recurrir de nuevo esta pionera iniciativa ante el Tribunal Constitucional? En las dos ocasiones, esta instancia judicial levantó la suspensión cautelar que acarrea de forma automática la impugnación por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En sus autos, el TC considera que “la paralización ocasiona un grave quebranto económico en la hacienda pública autonómica” y que “los intereses particulares de laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico“. Con estos antecedentes, esta tercera tentativa obstaculizadora genera una serie de interrogantes:

  • ¿Por qué se antepone los intereses de un único colectivo al interés colectivo de toda la sociedad?
  • ¿Por qué se confabula contra unos ciudadanos hasta arriba de recortes y no se exigen sacrificios a los poderosos laboratorios, con beneficios abultados incluso en este largo periodo de crisis económica?
  • ¿Existe connivencia entre el Gobierno y la industria farmacéutica?
  • ¿Se puede considerar “abuso de derecho” o incluso “desviación de poder” acudir por tercera vez a los tribunales para conseguir bloquear esta medida?
  • ¿Se hace un uso torticero de los tribunales con intenciones que van más allá de dilucidar un conflicto jurídico? (Llama la atención que esto ocurra justo el mismo día en que el Consejo de Ministros anuncia que a aquellas personas que acudan más de tres veces al año a los tribunales serán investigadas por abuso de derecho).

Todas estas preguntas tienen una respuesta tan clara que no es necesario explicitarla… Pura lógica.